La sección quinta de la Audiencia Provincial de galiciauniversal.org/lores-cosecha-elogios-en-washington-tras-explicar-el-modelo-urbano-de-pontevedra-al-banco-mundial/" title="Pontevedra">Pontevedra, con sede en Vigo, ha decidido suspender hasta el 23 de abril las últimas declaraciones del juicio contra los cinco acusados por el alijo de cocaína encontrado en el buque Simione. Las vistas, que se celebraron entre el lunes y el jueves de esta semana, quedaron pendientes ante la ausencia de varios testigos claves que las partes intentarán localizar durante el próximo mes. La causa se sigue por un cargamento que, según la Fiscalía, se pretendía introducir en Galicia y por el que se imponen penas de cárcel a los principales implicados. El aplazamiento se acordó de mutuo acuerdo entre las partes pese a que estaba prevista una sesión para este viernes.

Durante las cuatro jornadas celebradas hasta ahora han declarado decenas de testigos y uno de los acusados; el resto optó por reservar su derecho a declarar en último término. Fuentes judiciales señalan que la continuidad del proceso depende ahora de la localización y comparecencia de esas personas, por lo que la vista se retomará a finales de abril con las intervenciones pendientes. La suspensión supone un nuevo giro en una causa que desde su inicio ha implicado diligencias en varios países y la cooperación de unidades especializadas.

La Fiscalía pide penas de entre 11 años y medio y 13 años de prisión para el armador del pesquero y para tres tripulantes, a los que atribuye un delito contra la salud pública agravado por la cantidad de droga, el uso de una embarcación y la actuación de una red delictiva internacional. El escrito de acusación identifica al armador como Pablo G.F. y sostiene que organizó el transporte y la salida del barco con bandera angoleña desde Luanda. Entre los tripulantes se mencionan, además, a José Antonio C.R. y al ciudadano angoleño conocido por las siglas P.M.M., junto a otro marinero identificado como José Javier F.V.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Según la reconstrucción de los hechos recogida por la Fiscalía, el pesquero recaló en Dakar el 1 de diciembre, donde se coordinó el repostaje y la incorporación de tripulación antes de dirigirse a un punto al suroeste de Cabo Verde para cargar la cocaína. Durante la travesía, el armador mantuvo comunicación constante con otros implicados para fijar rumbo y resolver incidencias del viaje, según las diligencias. La acusación sostiene que los tres tripulantes eran conocedores del destino ilícito de la travesía; dos de ellos admitieron ante el tribunal que tenían conocimiento del objetivo real del viaje.

La operación culminó el 18 de diciembre de 2022 con el abordaje del buque por parte de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. En el registro los agentes localizaron 115 fardos con 2.949 paquetes que sumaban un total de 2.866,52 kilos de cocaína, con una pureza del 77,3%. La Fiscalía calcula que el valor de la mercancía en el mercado negro rondaría los 107 millones de euros, cifra que subraya la magnitud del dispositivo y la trascendencia penal de los hechos.

El armador fue detenido en tierra firme y en el registro de su vivienda en Vigo los investigadores incautaron dispositivos electrónicos, discos duros, documentación relacionada con el pesquero y varios teléfonos móviles con sus tarjetas SIM. Esos elementos, según las fuentes judiciales, han servido para reconstruir comunicaciones y logística de la operación, y forman parte de la prueba que presentará el Ministerio Fiscal durante el juicio. La instrucción incluye asimismo correspondencia y movimientos bancarios que están siendo analizados por peritos.

Además de los cuatro principales encausados, la Fiscalía formula cargos contra una quinta persona, identificada por las siglas A.R.E., a la que imputa su participación en el tráfico de drogas por su supuesta implicación en labores de acopio y apoyo logístico. Las diligencias de la Guardia Civil habrían permitido detectar la vinculación de esa persona con las actividades preparatorias del envío, motivo por el que ha sido incorporada como investigada en el proceso.

La defensa de los acusados ha mostrado voluntad de colaborar con el trámite procesal, aunque varios de ellos han preferido declarar al final para conocer el alcance probatorio. Fuentes procesales subrayan que el derecho a no declarar es una garantía constitucional y que la estrategia de las defensas puede condicionar la duración de la vista. La suspensión hasta el 23 de abril busca precisamente garantizar la comparecencia de testigos esenciales y evitar futuras nulidades procesales.

El juicio continuará en la Audiencia de Pontevedra con las declaraciones pendientes y la valoración de las pruebas técnicas y periciales recabadas durante la investigación. La causa mantiene la atención en los tribunales gallegos por la cuantía de la droga intervenida y por las conexiones internacionales que revelan las diligencias. Las partes han anunciado que, si no existen nuevos impedimentos, la audiencia retomará su ritmo a finales de abril para completar la fase de prueba oral.