El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, confirmó el 12 de marzo de 2026 que cinco médicos contratados en Atención Primaria carecen de la especialidad MIR y fueron incorporados únicamente para tareas administrativas con el fin de aliviar la carga de trabajo de centros saturados. Puente Prieto insistió en que estos profesionales «no pueden ver pacientes» y anunció que vigilará el cumplimiento estricto de esa limitación. La contratación responde, según la Gerencia, a la dificultad para encontrar médicos de familia y a la necesidad urgente de desahogar consultas. La medida ha desatado críticas de los sindicatos, que la califican de insuficiente y provisional.

La Gerencia detalló que el cometido de esos facultativos se circunscribe a gestiones concretas: tramitar ausencias por patologías crónicas autorizadas por inspección, renovar tratamientos y emitir informes médicos administrativos. Puente Prieto subrayó que cualquier actuación asistencial quedará fuera de sus funciones y que se ha establecido un control para garantizar que no atiendan consultas clínicas. La explicación se produjo en un contexto tenso, con movilizaciones laborales en marcha que complican aún más la organización de la atención primaria.

Por ahora, los cinco médicos sin especialidad están destinados en distintas localidades del área: A Cañiza, Ponteareas, As Neves, Fornelos y en el edificio administrativo del Sergas en Rosalía de Castro. La Gerencia puntualizó que la ubicación no es fija y que el personal puede ser reubicado según las necesidades asistenciales de cada momento. Este criterio de movilidad busca afrontar picos de demanda, pero los sindicatos denuncian que el traslado de plantilla no compensa la falta estructural de médicos de familia.

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La tensión llega además en plena coincidencia de huelgas: la protesta indefinida convocada por los médicos del servicio O’Mega se solapó con la huelga general de la CIG para todas las categorías, lo que dejó un seguimiento del 8,6% en el turno de mañana y del 7,92% en el de tarde, según datos facilitados por la Gerencia. Como resultado, ya se contabilizan 17.914 consultas anuladas en el área hasta la fecha, una cifra que las organizaciones sindicales emplean para subrayar el impacto de las deficiencias estructurales en la atención primaria. La paralización sitúa a gestores y sindicatos en una negociación tensa sobre las responsabilidades y soluciones a corto plazo.

Paralelamente, la comisión de centro del Área aprobó la reorganización asistencial motivada por la apertura del nuevo centro de salud Olimpia Valencia, una decisión que ha despertado reparos sindicales. Las organizaciones critican que el plan funcional del centro, aprobado por la Gerencia en enero, se hiciera de forma unilateral y no contemple la creación de plazas nuevas en categorías clave como Medicina de Familia y Enfermería. Para los sindicatos, la puesta en marcha del Olimpia Valencia debería ir acompañada de un refuerzo de plantilla que garantice la atención y evite trasvases de carga entre centros ya tensionados.

En este paquete de cambios figura también el cierre del centro de salud Nicolás Peña, programado para la Semana Santa, una medida que ha generado rechazo entre trabajadores y usuarios. La concentración de pediatría en la calle Lalín es otra de las decisiones que provoca discrepancias, puesto que puede complicar la accesibilidad de las familias y concentrar demanda en instalaciones concretas. Los sindicatos han mostrado su preocupación por el impacto que estos cierres y reagrupaciones tendrán sobre la continuidad asistencial en barrios con ya escasa cobertura.

Tras intensas negociaciones sobre las condiciones del traslado de personal, las organizaciones firmaron finalmente un acuerdo después de que el Sergas retirara del plan un apartado que permitía el traslado forzoso desde centros como Pintor Colmeiro, Cuba, Coia, Rosalía de Castro o Beiramar. La comisión ha defendido que la modificación persigue garantizar que cualquier movimiento de plantilla se haga en las mejores condiciones posibles para los trabajadores, con salvaguardas sobre voluntariedad y criterios objetivos para las reubicaciones. Los sindicatos valoraron la retirada de la cláusula como una cesión, aunque mantienen objeciones sobre la falta de nuevos puestos estables.

El episodio se enmarca en un déficit más amplio de profesionales de familia en el área de Vigo, donde los centros siguen acumulando vacantes y la reposición mediante oposiciones y contratos temporales no suple la demanda. La Gerencia sostiene que las contrataciones sin MIR son una solución puntual para trámites administrativos y niega que supongan un sustituto de la atención sanitaria especializada. Por su parte, los colectivos profesionales advierten de que sin una apuesta decidida por la creación de plazas de Medicina de Familia y por condiciones laborales que atraigan a los profesionales, las medidas coyunturales no bastarán para mejorar la atención primaria.