Vigo: traslado y escasez ahogan nueva sede judicial

Vigo: traslado y escasez ahogan nueva sede judicial

A falta de dos semanas para que concluya el plazo de tres meses fijado para la implantación gradual del nuevo Tribunal de Instancia de Vigo, la reorganización de la oficina judicial se encuentra paralizada por la escasez de funcionarios y por la lenta reubicación de los equipos en la Ciudad de la Justicia. La Junta de Personal reclama a la Xunta más plazas, sobre todo para el servicio común de ejecución, y advierte del riesgo de colapso en algunos departamentos. El traslado físico de empleados para agrupar los grupos de trabajo no se ha completado, lo que dificulta el inicio pleno de la nueva estructura que debe sustituir a los antiguos juzgados unipersonales.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia trató la semana pasada el acuerdo del presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, que autorizó la propuesta de ubicación de los funcionarios integrados en los equipos de tramitación y de ejecución. Pese a esa validación formal, solo una parte del personal ha cambiado de puesto y el grueso de los traslados aún está pendiente. Las previsiones internas contemplan ubicar a los empleados de ejecución en las oficinas traseras de la gran torre, entre las plantas 7 y 14, y a los de tramitación en la zona delantera, junto a la salida de los ascensores de uso público.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que la redistribución debe concluir antes de que acabe marzo para que los equipos puedan funcionar de manera coordinada. Insisten en que la ubicación física es clave para que los distintos grupos de trabajo compartan información y lideren sus tareas con eficacia. Sin una organización espacial adecuada, advierten, se multiplican los problemas de comunicación interna y se retrasan procedimientos que afectan a justiciables y a la propia dinámica de los magistrados.

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La implantación del nuevo modelo judicial busca superar la estructura previa de juzgados estancos y unipersonales, agrupando funciones en servicios comunes que prestan apoyo a más de 40 magistrados en Vigo. Este cambio exige no solo cambios administrativos sino también recursos humanos y adaptaciones de espacio en la Ciudad de la Justicia, un edificio que debe responder a las necesidades de coordinación y especialización propias del nuevo sistema. En la práctica, la transición está mostrando las tensiones entre planificación y disponibilidad real de personal.

Desde la Junta de Personal subrayan la necesidad urgente de cubrir vacantes y dotar de más funcionarios al servicio común de ejecución, la sección que más presión está acumulando. La entidad ha remitido peticiones a la Xunta por considerar que, sin refuerzos, la carga de trabajo será insostenible y se comprometerá la atención a los procesos ejecutivos. Los representantes de los trabajadores alertan además de que la falta de recursos puede derivar en demoras procesales y en una peor gestión de las demandas que llegan al tribunal.

En el edificio, la adaptación de oficinas y la logística del traslado han resultado más complejas de lo previsto. No todas las mesas están disponibles para reorganizar a los equipos y la planificación de cuántas plantas ocuparán los distintos servicios no se ha hecho pública en detalle. Algunos empleados ya han cambiado de puesto, pero muchos siguen desempeñando tareas en ubicaciones provisionales, lo que supone interrupciones y duplicidades que dificultan el ritmo de trabajo.

Los magistrados y responsables del nuevo Tribunal de Instancia defienden que la reforma es necesaria para modernizar la administración de justicia en Vigo y para atender con mayor especialización las diferentes materias. Sin embargo, admiten que el calendario de implantación es ajustado y que será determinante la colaboración entre la Xunta, el propio TSXG y la dirección de la Ciudad de la Justicia para resolver los cuellos de botella. En ese sentido, la concreción de plazos y la asignación de recursos aparecen como condiciones básicas para evitar el estancamiento.

Entre los riesgos más citados por quienes están involucrados en el proceso figuran la ralentización de los procedimientos y una carga desigual de trabajo entre funcionarios, lo que podría traducirse en incremento de plazos y reclamaciones. La nueva estructura pretende, al contrario, acelerar y especializar trámites; por ello, la demora en la reubicación y la carencia de personal suponen un serio retroceso respecto a los objetivos iniciales. La Junta de Personal insiste en que si no hay refuerzos antes de que termine el plazo acordado las dificultades se agudizarán.

Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si se cumplen las autorizaciones aprobadas en la Sala de Gobierno y si la Xunta responde a las demandas de personal. Mientras tanto, la oficina judicial de Vigo opera en situación de transición, con equipos repartidos de manera provisional y con la incertidumbre sobre la capacidad real del nuevo modelo para ofrecer una justicia más ágil y coordinada en la ciudad.

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