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Forestalia investiga a ex de Trans. señala socio de Cerdán

Forestalia investiga a ex de Trans. señala socio de Cerdán
Forestalia investiga a ex de Trans. señala socio de Cerdán

Eugenio Jesús Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, declaró ante la Guardia Civil el pasado martes, 10 de marzo de 2026, en el marco de la operación Perserte, que registró hasta doce inmuebles vinculados a la supuesta trama de Forestalia. Según el informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) al que han tenido acceso medios nacionales, Domínguez explicó cómo fue incorporándose a una red empresarial dedicada a proyectos renovables y facilitó nombres de presuntos intermediarios. El exalto cargo acudió además al registro de su domicilio en Madrid acompañado por los agentes, y su declaración coincide en gran parte con la de su mujer.

Domínguez fue el único de los seis detenidos que prestó declaración ese día ante la Guardia Civil, aunque la operación se saldó con seis arrestos y múltiples inspecciones en diferentes provincias. En su testimonio, que la UCOMA consignó en un informe, el exfuncionario y su esposa, Montserrat Heredero, detallaron los pasos por los que terminaron vinculados a determinadas sociedades y proyectos vinculados al sector eólico y fotovoltaico. La investigación, que sigue en curso, se centra en las relaciones entre consultoras, empresarios y la empresa Forestalia, cuyo presidente aparece como eje del caso.

El informe atribuye a Domínguez contactos profesionales previos con la consultora Altacia a través de su consejero delegado, Ignacio Emilio López-Galiacho Perona, firma especializada en gestión medioambiental. Testigos que han colaborado con la investigación relataron que Domínguez acudía con frecuencia a realizar trabajos para esa consultora, y que esas relaciones favorecieron su entrada en operaciones privadas relacionadas con energías renovables. Según la Guardia Civil, López-Galiacho fue quien le planteó la posibilidad de participar en inversiones en parques eólicos y otros proyectos energéticos.

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En su relato ante los agentes, Domínguez afirmó que, tras ese primer contacto, López-Galiacho le puso en comunicación con el empresario navarro Antxon Alonso, vinculado a la sociedad Servinabar y señalado por la investigación como socio de Santos Cerdán en el conocido caso Koldo. La conversación con Alonso, siempre según el expediente de la UCOMA, se centró en «posibles proyectos» de energía renovable y en la evaluación de oportunidades de inversión. Fuentes del sumario sostienen que esos encuentros fueron el punto de arranque para introducir a Domínguez en una red más amplia de intermediarios y promotores.

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Socio de Cerdán señalado en investigación

Tras las conversaciones con Alonso, Domínguez conoció a Roberto Pérez Águeda, descrito en los informes como un especialista en empresas dedicadas a la explotación de energía eólica, y a su hermano Eduardo, ambos investigados en el caso Forestalia. La Guardia Civil maneja indicios que sitúan a los hermanos Pérez Águeda como presuntos testaferros del empresario que preside Forestalia, Fernando Samper, y trabaja en dilucidar si utilizaron estructuras societarias para ocultar la titularidad de activos vinculados a los proyectos. Estas presuntas prácticas figuran como uno de los ejes de la investigación abierta por la UCOMA.

Forestalia, compañía que ha centrado la atención de la operación Perserte, aparece en los documentos policiales como núcleo de una trama que combinaría inversiones en renovables con una red de intermediarios y consultoras. La Guardia Civil ha practicado registros en oficinas y domicilios para recabar documentación contable y contractual que permita relacionar a los investigados con posibles operaciones irregulares. El alcance de las inspecciones, que abarcaron hasta doce localizaciones, demuestra la complejidad y el número de actores implicados en las pesquisas.

Especialistas en derecho administrativo y transparencia consultados por este diario recuerdan que la hipotética implicación de un exalto cargo del Miteco plantea cuestiones sobre conflictos de interés y la necesidad de acreditar la separación entre la función pública y la actividad privada. En el caso de Domínguez, la investigación trata de determinar si su labor como funcionario facilitó accesos o ventajas a determinadas empresas del sector energético, algo que las diligencias deberán corroborar mediante pruebas documentales y testimonios.

La causa sigue abierta y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente continúa recabando indicios y tomando declaraciones. Fuentes judiciales confirman que la investigación permanece en fase de instrucción y que no se han adoptado por ahora medidas cautelares adicionales más allá de las detenciones y registros practicados en la operación Perserte. Los resultados de las pesquisas determinarán si las personas señaladas deben responder ante la justicia por delitos económicos o de otra naturaleza relacionados con la gestión y promoción de proyectos renovables.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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