Fam. de 4 muertos en Cerredo exigen pruebas: grisú/vent/fin

Fam. de 4 muertos en Cerredo exigen pruebas: grisú/vent/fin

La acusación particular que representa a las familias de cuatro de los cinco trabajadores muertos en la explosión de la mina de Cerredo del 31 de marzo de 2025 ha pedido al Juzgado de Cangas del Narcea que amplíe la investigación con una batería de nuevas diligencias para esclarecer las causas del siniestro. En un escrito presentado ante el órgano judicial, la abogada Beatriz Llamas solicita pruebas sobre las mediciones de grisú, el sistema de ventilación y la situación económica de la empresa explotadora para determinar posibles incumplimientos y responsabilidades. La petición incluye la incorporación de documentación técnica, registros electrónicos y declaraciones de supervivientes con el objetivo de completar el cuadro probatorio. Las familias sostienen que estas actuaciones son necesarias para conocer hasta qué punto se respetaron las normas de seguridad minera y si hubo negligencias determinantes.

Entre las diligencias reclamadas figuran la entrega del libro oficial de mediciones de grisú y los registros diarios del explosímetro, así como la identificación de las personas que realizaron esas mediciones y sus acreditaciones formativas en control de atmósferas explosivas. La acusación exige asimismo los certificados de calibración de los aparatos y los registros electrónicos originales con metadatos, así como una copia de seguridad anterior al accidente y el historial de auditoría del sistema informático para garantizar la integridad de la información técnica. Según el escrito, la veracidad y la conservación de esos datos son clave para reconstruir las condiciones en la galería la mañana del siniestro.

Otro eje principal de la solicitud es el estudio del sistema de ventilación: la defensa de las familias reclama el proyecto técnico vigente en la fecha del accidente, las modificaciones realizadas, el cálculo del caudal exigido por la normativa y el caudal real existente el día del siniestro. También pide los registros de mantenimiento e incidencias asociados a los equipos de ventilación y que la pericial técnica ya obrante en la causa se amplíe para que los expertos se pronuncien expresamente sobre si la ventilación era suficiente y si cumplía los requisitos reglamentarios. La intención es determinar si la acumulación de metano en la zona donde trabajaban los mineros era previsible desde el punto de vista técnico.

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El escrito pone además el foco en un presunto episodio anterior de ventilación deficiente ocurrido semanas antes de la explosión, del que habrían dado cuenta varios trabajadores que sufrieron mareos al salir de la mina y requirieron asistencia. Por ello la acusación solicita la declaración de esos supervivientes y la remisión de los historiales clínicos de dos de los fallecidos para comprobar si presentaron signos compatibles con exposición a gases. También reclama documentación relativa a la instalación de dos turbinas tras aquel episodio, con el fin de esclarecer si su montaje fue una respuesta puntual a una incidencia concreta de acumulación de gas o una medida de corrección de carencias estructurales.

En el apartado organizativo, la petición incluye el organigrama real de la explotación, las delegaciones de funciones, los protocolos de parada ante detección de gas y las órdenes internas emitidas en marzo de 2025, así como las comunicaciones corporativas y el parte diario de producción del día del accidente. La acusación reclama igualmente conocer los objetivos productivos fijados para ese mes y cualquier instrucción que pudiera haber primado la producción sobre la seguridad. Para los familiares, esos documentos pueden ofrecer pistas sobre la cultura preventiva de la empresa y la eventual presión sobre la operativa en galerías.

La investigación incorpora además una vertiente patrimonial: la acusación propone que se exija al empresario Jesús Rodríguez Moran y al resto de investigados que depositen una fianza de 2 millones de euros o que proceda su embargo, con el fin de garantizar posibles responsabilidades civiles derivadas del suceso. La medida responde a la necesidad de asegurar bienes que puedan responder de indemnizaciones y a la sospecha de que la situación económica de la explotación debe ser analizada para detectar irregularidades en la gestión. El escrito solicita, por tanto, información contable y financiera de la empresa explotadora.

La ampliación de diligencias persigue, según la representación de las familias, depurar si se produjo un incumplimiento grave de la normativa de seguridad minera y, en su caso, señalar a los responsables penales y civiles. La petición pretende nutrir la causa con pruebas técnicas y documentales que permitan a los peritos y al juzgado determinar la cadena de causas que llevó a la trágica explosión. Los familiares insisten en que una investigación exhaustiva es imprescindible para que no queden dudas sobre lo ocurrido y para evitar que se repitan accidentes similares.

El procedimiento continúa abierto en el Juzgado de Cangas del Narcea, que ahora deberá valorar la admisión de las nuevas diligencias solicitadas por la acusación particular. La tramitación de estas pruebas puede prolongar las actuaciones, pero para las familias es un paso imprescindible hacia la clarificación de los hechos y la exigencia de responsabilidades tras la muerte de cinco trabajadores en la explotación de Cerredo.

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