El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó este viernes la disposición del Ejecutivo a incluir rebajas fiscales en la factura eléctrica dentro de un paquete de medidas para mitigar el impacto de la guerra en Irán, pero negó que esas reducciones se extiendan al sector alimentario. En una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, Cuerpo explicó que las medidas buscan contener los efectos sobre los hogares y los sectores productivos sin reproducir fórmulas aplicadas en crisis anteriores. El anuncio llega en un contexto de tensión geopolítica que está elevando la volatilidad de los precios de la energía y que obliga al Gobierno a definir respuestas rápidas.

El titular económico insistió en que, a diferencia de la respuesta a la invasión de Ucrania, el Ejecutivo no prevé una rebaja generalizada de precios en la alimentación y tampoco repetirá la reducción directa sobre carburantes que se aplicó en 2022. Cuerpo descartó la vuelta de la medida de descuento en carburantes de 20 céntimos por litro, aunque subrayó que habrá instrumentos para paliar el encarecimiento del combustible. Según el ministro, las acciones se focalizarán en reducir la carga fiscal de determinados servicios energéticos y en ayudas concretas a sectores afectados.

El Gobierno, explicó Cuerpo, dará prioridad a fórmulas que alivien el impacto de la subida de los carburantes en los bolsillos de las familias y en la competitividad de actividades esenciales como la agricultura, la pesca y el transporte. Estas industrias, clave en comunidades como Galicia, serían objeto de medidas específicas para amortiguar los costes de explotación y la cadena de suministros. El objetivo declarado es evitar traslados de coste indiscriminados a precios finales y proteger a los colectivos más vulnerables.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Sobre el calendario, el ministro dijo no poder confirmar si las medidas se aprobarán ya en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque aseguró que el Ejecutivo avanza «lo más rápido que puede». Los equipos económicos afinan el paquete y mantienen contactos con las organizaciones sectoriales, los agentes sociales y los grupos parlamentarios para buscar el mayor consenso posible. Cuerpo subrayó la voluntad de que el paquete tenga apoyos amplios para dotarlo de estabilidad y efectividad.

El ministro también vinculó la decisión a las limitaciones impuestas por la normativa comunitaria, señalando que la situación actual no se equipara a la emergencia vivida por la guerra en Ucrania o la pandemia. En ese sentido, recordó que la Comisión Europea no contempla la misma flexibilidad para saltarse las reglas fiscales que sí se utilizó en momentos anteriores de crisis, por lo que las opciones del Gobierno están condicionadas por el marco europeo. Esa contención normativa obliga a diseñar medidas más selectivas y orientadas a objetivos concretos.

Respecto al contenido del futuro real decreto, Cuerpo adelantó que constará de cuatro bloques: medidas estructurales para acelerar la electrificación y el despliegue de renovables y, además, tres tipos de ayudas puntuales. Estas ayudas incluirán reducciones fiscales sobre servicios energéticos, apoyos destinados a mitigar el coste de los carburantes y protecciones para colectivos vulnerables, entre las que figura la prohibición de cortes de suministro. La combinación pretende atajar tanto factores de corto plazo como vulnerabilidades estructurales de la economía energética.

El ministro dejó abierta la posibilidad de activar nuevos instrumentos si la evolución económica empeora por el impacto del conflicto, aunque afirmó que, hasta ahora, no se ha observado un deterioro significativo. Esa prudencia se traduce en una estrategia de vigilancia y respuesta progresiva: medidas inmediatas para los más afectados y líneas de actuación que puedan intensificarse si los indicadores macro y los precios lo requieren. El Ejecutivo, según Cuerpo, permanecerá atento a la evolución de los mercados y a los datos de inflación y actividad.

La propuesta del Gobierno llega en un momento en que comunidades con fuerte peso agroindustrial y pesquero, como Galicia, reclaman mecanismos que compensen los sobrecostes energéticos y de logística. Los agentes económicos esperan conocer el alcance exacto de las bonificaciones fiscales y las ayudas sectoriales para calibrar su impacto real en los costes de producción y en los precios al consumidor. Fuentes consultadas resaltan la importancia de que las medidas sean rápidas, focalizadas y compatibles con las reglas europeas para garantizar su eficacia.

En los próximos días, el Ejecutivo continuará negociando con los interlocutores afectados y perfilando un texto que busca conciliar la urgencia de las respuestas con las restricciones presupuestarias y fiscales. El Gobierno se ha comprometido a mantener informados a los ciudadanos y a las comunidades autónomas sobre la evolución de las medidas, cuya concreción determinará en buena medida el alivio que puedan experimentar hogares y empresas frente al alza de los costes energéticos derivada de la guerra en Irán.