La titular del juzgado que instruye la investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Cristina Pastor, ha requerido a Adif para que informe «inmediatamente» —en el plazo de diez días— si realizó labores de mantenimiento el 3 de marzo en la zona considerada clave por la investigación, en qué consistieron esos trabajos y si hubo acopio o retirada de material, así como el destino y las actuaciones practicadas sobre ese material.

La providencia, fechada el 12 de marzo, subraya la necesidad de conocer con detalle cualquier intervención en el denominado «lugar del siniestro» para preservar pruebas y garantizar el desarrollo de la instrucción. La juez pide además que se precise la ubicación exacta de los materiales retirados y la cadena de custodia seguida, datos que resultan fundamentales para los peritos que analizan las causas del accidente.

Se trata del segundo aviso judicial a Adif por trabajos en la zona sin la autorización del juzgado. A finales de febrero la Guardia Civil comunicó a la instructora que la empresa había retirado fragmentos de carril «sin advertirlo ni solicitarlo» y que incluso se habían practicado pruebas sobre esos elementos, según informaciones remitidas al tribunal.

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Adif informó al Tribunal de Instancia de Montoro el 2 de marzo de la previsión de realizar tareas la noche del 3 al 4 de marzo, lo que motivó que la jueza respondiera el 4 de marzo prohibiendo cualquier intervención en el lugar sin un preaviso de quince días. Esa resolución dejó abierta la duda sobre si la compañía ya habría actuado antes de recibir la orden judicial expresa.

En su comunicación al juzgado, Adif explicó que tenía previsto reemplazar una sección de carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 en sentido Madrid, y aseguró que el carril retirado quedaría custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de las autoridades competentes. La nueva providencia solicita ahora que se confirme si esos trabajos se ejecutaron y, en su caso, qué tratamiento se dio a los materiales.

La jueza también matiza el ámbito del control judicial sobre la infraestructura. Adif había planteado que el «tramo de Adamuz» comprendía los puntos kilométricos 317,585 y 318,785 de la línea 010 en ambas vías, pero el juzgado amplía considerablemente ese perímetro y lo sitúa entre los puntos 321,098 y 315,974, con lo que se extiende la zona sometida a la prohibición de intervención sin autorización.

La resolución aclara que la prohibición judicial alcanza «toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre las instalaciones o cualquier elemento material de la vía que compone la red ferroviaria», si bien quedan excluidas las labores de control, vigilancia y supervisión que resulten estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de la circulación y que no supongan una alteración material de la infraestructura. El objetivo es evitar cualquier manipulación que pueda comprometer la investigación pericial.

El accidente de Adamuz sigue bajo investigación judicial y la magistrada busca con estas medidas preservar la integridad de las pruebas mientras se determinan las causas y responsabilidades. La diligencia otorga a Adif un plazo de diez días para aportar la información solicitada; en caso de falta de respuesta o de indicios de intervenciones no notificadas, el juzgado puede adoptar medidas adicionales para asegurar la conservación de la evidencia y la correcta práctica de las pruebas forenses.