El juez federal James Boasberg ordenó este viernes la suspensión de las citaciones que el Departamento de Justicia había emitido contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al estimar que la investigación responde a motivaciones políticas. La decisión, adoptada en un auto de 27 páginas hecho público el 13 de marzo de 2026 desde Washington, respalda la tesis de que las demandas judiciales perseguían influir en la política monetaria o forzar la dimisión del responsable del banco central. El magistrado concluye que la Fiscalía no ha aportado pruebas suficientes de conducta delictiva que justifiquen las medidas dictadas contra Powell.

En su resolución, Boasberg subraya que existe evidencia de que las citaciones se presentaron con el objetivo de presionar al presidente de la Fed para que apoyara una reducción de los tipos de interés, algo que la Casa Blanca había reclamado de forma insistente. El juez también aprecia que los argumentos de la Fiscalía resultan, en su opinión, endebles y carentes del fundamento probatorio necesario para sostener una investigación penal de esta envergadura. Por ese motivo, el tribunal entiende que las citaciones constituyen un uso indebido del proceso penal con fines ajenos a la persecución de un delito.

La instrucción que motivó las citaciones se abrió a instancias de la Administración del presidente Donald Trump, según recogen los documentos judiciales y las defensas implicadas, y llegó en un contexto de fuerte tensión entre la Casa Blanca y la Fed por la política de tipos. Trump, desde hace tiempo, viene reclamando un ajuste a la baja de las tasas y ha mostrado su descontento público con la negativa de Powell a ceder ante esas demandas. La investigación fue interpretada por muchos observadores como un intento de presión política sobre el banco central, cuya independencia es un pilar tradicional de la política económica estadounidense.

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La decisión de Boasberg supone un revés significativo para la Fiscalía de Washington, dirigida por la fiscal Jeanine Pirro, a la que el juez critica de forma explícita por la falta de pruebas presentadas. En el auto, el magistrado censura que la acusación no haya aportado indicios creíbles de irregularidad por parte de Powell y califica las citaciones como un pretexto para alcanzar un objetivo distinto al de esclarecer hechos delictivos. Esa crítica explícita a la actuación del Ministerio Público añade un matiz político y jurídico de gran calado al caso.

No todos los republicanos han respaldado la decisión de la Administración de investigar a la cúpula de la Fed. El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, advirtió públicamente que podría bloquear la confirmación de Kevin Warsh, elegido en enero por Trump como próximo presidente de la Fed, si no se ponía fin definitivo a la controversia. La amenaza de vetar la nominación refleja la preocupación en algunos sectores del propio partido por preservar la autonomía del banco central y evitar que las pesquisas judiciales condicionen decisiones de política monetaria.

Para Powell, que desde su llegada al cargo ha defendido la independencia de la Fed y resistido presiones para aplicar recortes de tipos que, según su criterio, no estaban justificados por la evolución económica, la resolución del juez representa un alivio. Aunque la orden no cierra necesariamente la investigación, sí paraliza de momento las medidas coercitivas que podían haberse usado para recabar documentación o forzar comparecencias. Fuentes próximas a la Fed destacan que la institución mantiene su hoja de ruta en materia de tipos y que la prioridad sigue siendo la estabilidad de precios y el empleo.

Los juristas consultados por este diario coinciden en que la suspensión de las citaciones tendrá efectos políticos inmediatos y podría limitar la capacidad del Gobierno para instrumentalizar pesquisas penales con fines de presión política. Asimismo, la sentencia plantea un debate sobre los límites del poder ejecutivo para emplear instrumentos legales en disputas con organismos independientes. El caso, en cualquier caso, no está cerrado y es probable que la Fiscalía analice si reorienta su actuación o si recurre la decisión del juez.

En el plano institucional, la resolución pone de relieve la fragilidad de los equilibrios entre la presidencia, el Departamento de Justicia y la Reserva Federal en un momento sensible para la economía estadounidense. Más allá de los tecnicismos procesales, el dictamen refuerza la idea de que la independencia de los bancos centrales debe ser protegida frente a maniobras políticas que persigan resultados económicos concretos. Queda por ver cómo reaccionará la Casa Blanca y si la polémica marcará la agenda política y económica de las próximas semanas.