La Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra acordó esta semana pedir a la Consellería de Mar una veda de dos meses para la pesca del pulpo —del 1 de mayo al 1 de julio— y la imposición de topes para las capturas accidentales que provocan otras artes. La propuesta se adoptó por mayoría en una asamblea celebrada en la comarca del Morrazo y busca homogeneizar la gestión del recurso tras consultas previas entre los pósitos. El objetivo, según los pescadores, es reforzar la conservación del cefalópodo y evitar desequilibrios entre las flotas que emplean nasas y las que faenan con redes u otros aparejos.

En líneas generales, la postura de la federación se alinea con el borrador que maneja la Consellería de Mar, que ya ha avanzado al sector que este año no contempla un paro biológico remunerado como el aplicado en 2025. Esa medida excepcional del año pasado combinó un mes de paro en abril con dos meses de veda en mayo y junio y respondió a la situación crítica de la pesquería en aquel momento. La diferencia clave es que el paro biológico incluye compensaciones económicas, mientras que la veda no prevé retribución para la paralización de la actividad.

Los pescadores explicaron en la asamblea que la propuesta de limitar las capturas accidentales responde a una anomalía que consideran injusta para la flota de nasas. Las embarcaciones que faenan con nasas tienen fijados topes de captura: 35 kilos por tripulante a bordo y otros 35 kilos por barco en julio y agosto, que aumentan hasta 55 kilos a partir de septiembre. Sin embargo, esos límites no se aplican a quienes utilizan artes como enmalle, miños o trasmallos, que, aunque buscan otras especies, también pueden atrapar pulpo de forma incidental.

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El planteamiento defendido por la federación pretende, por tanto, que haya un régimen de límites compartido que reduzca la presión sobre el recurso durante la campaña alta. En su argumentación, los armadores sostienen que sin topes homogéneos se produce un trasvase de esfuerzo hacia artes que siguen en actividad durante la veda parcial o con restricciones más laxas. Además, alertan de que la falta de control sobre las capturas accidentales puede distorsionar los datos científicos sobre el estado del stock.

Fuentes de la Consellería de Mar señalaron que la decisión final corresponderá a la Administración tras escuchar a las federaciones provinciales en la próxima reunión prevista en Santiago. Allí se contrastarán los planteamientos de Pontevedra con los de otras provincias y se valorarán los informes técnicos sobre el recurso. «El cambio con respecto al pasado año está sustentado en los informes técnicos relativos al estado del recurso», indicaron desde la consellería, en referencia a la diferencia entre aplicar un paro biológico o limitarse a una veda.

La asamblea provincial, que se prolongó buena parte de la tarde del viernes, aprobó las medidas por mayoría pero no por unanimidad, lo que refleja divergencias dentro del sector sobre la mejor manera de gestionar la pesquería. Algunos patrones reclaman medidas más estrictas que incluyan controles reforzados en puerto y en ruta de descarga, mientras que otros advierten del impacto económico que puede tener sobre las pequeñas embarcaciones. En cualquier caso, el consenso mayoritario apoya la propuesta de dos meses de veda y la regulación de las capturas accidentales.

La discusión sobre el régimen de topes también incluye propuestas sobre fiscalización y trazabilidad para garantizar que las capturas declaradas correspondan a artes y periodos permitidos. Los pósitos quieren que las reglas sean iguales para todos y que los mecanismos de seguimiento actúen con rapidez ante posibles incumplimientos. Entre las fórmulas que se barajan figuran sistemas de control electrónico en las descargas y mayor coordinación entre cofradías y autoridades marítimas.

El escenario llega tras un año en el que la pesca del pulpo estuvo bajo especial seguimiento por la caída de captures y la elevada presión extractiva en determinadas zonas. La decisión que adopte la Consellería de Mar será determinante para la próxima campaña y marcará el marco de convivencia entre flotas profesionales con técnicas distintas. Para los sectores implicados, equilibrar sostenibilidad y rentabilidad es ahora la prioridad frente a medidas puntuales que consideran insuficientes.

El siguiente paso es la reunión en Santiago con las demás federaciones provinciales y la consellería, un encuentro en el que se espera cerrar un plan de explotación que defina fechas, topes y controles. Tras ese foro, la Administración deberá formalizar la resolución que regule la campaña 2026, con un horizonte técnico que, según la consellería, justifica la modificación respecto a 2025. Mientras tanto, las cofradías mantendrán la presión para que la norma recoja límites a la pesca accidental y garantice la viabilidad del recurso a medio plazo.