El Ejecutivo ha optado por una estrategia de mayor contención en la comunicación institucional tras acumular durante esta legislatura media docena de apercibimientos de la Junta Electoral Central. El pasado martes, en la recta final de la campaña de Castilla y León, el Consejo de Ministros aprobó un contrato de obras para la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid valorado en 42 millones de euros, que no fue objeto de publicidad en la comparecencia posterior de La Moncloa. La decisión editorial de omitir ese anuncio responde, según fuentes gubernamentales, a un afán de evitar nuevos reproches por vulnerar la neutralidad exigida en periodos electorales. La contención se ha instalado como norma práctica en las ruedas de prensa y actos públicos vinculados al Ejecutivo.

En los últimos meses, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha moderado sus intervenciones públicas tras abrirse a su nombre un expediente por declaraciones críticas con formaciones del principal bloque opositor, lo que obligó a Moncloa a extremar el cuidado en los mensajes. Su antecesora en el cargo, Pilar Alegría, ya admitió públicamente que había que reducir la proyección política desde la sala de prensa después de encadenar sanciones firmes. Esa autocensura se traduce en comparecencias menos proclives a confrontar modelos territoriales y en la omisión expresiva de determinadas decisiones administrativas en periodos electorales.

La Junta Electoral Central ha ejercido durante la legislatura una vigilancia más intensa sobre la actividad informativa del Gobierno, con resoluciones que han acabado en multas o apercibimientos a distintos miembros del Ejecutivo. Entre los afectados figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sancionado en 2023 y 2024 y con un expediente abierto en 2025, lo que contribuye a la sensación de que Moncloa ha tenido que corregir su praxis comunicativa. El resultado de esas resoluciones ha sido, según fuentes oficiales, la introducción de protocolos internos para evitar anuncios o valoraciones que puedan considerarse propaganda institucional en periodos de precampaña o campaña.

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El fenómeno no se circunscribe a la persona de la portavoz. La creciente presencia de ministros con responsabilidades orgánicas en sus respectivos territorios —y potencialmente llamados a encabezar candidaturas autonómicas— ha tensionado la frontera entre la actividad de Gobierno y la actividad de partido. No es infrecuente que responsables ministeriales utilicen las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros para confrontar modelos administrativos con comunidades gobernadas por el principal rival, lo que ha sido objeto de seguimiento por parte de la JEC. Ese uso de la tribuna institucional, señalan analistas consultados, explica en parte el endurecimiento del árbitro electoral.

Ministros como Óscar López, secretario general en algunos ámbitos territoriales, y otros titulares con presencia autonómica han incorporado a su agenda actos y mensajes que rozan lo electoral, según la interpretación del organismo que velará por la neutralidad. En Moncloa defienden que existe una diferencia clara entre informar sobre decisiones de Gobierno y hacer campaña, y que la línea se ha ajustado para evitar nuevos expedientes. No obstante, la convivencia entre función pública y proyección partidaria persiste como fuente de fricción en un calendario con múltiples citas autonómicas.

El Gobierno insiste en que la reducción de los expedientes sancionadores recientemente abiertos por la JEC es fruto de una actuación más prudente y de nuevas instrucciones internas que limitan determinadas manifestaciones en comparecencias oficiales. Desde la oposición se acusa a Moncloa de practicar un control previo de la información con criterios electorales, mientras que el Ejecutivo lo interpreta como una medida responsable para cumplir con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En cualquier caso, la tensión entre transparencia informativa y cumplimiento de la normativa electoral se mantiene como debate abierto.

Fuentes internas del Gobierno explican que la decisión de no publicitar ciertos acuerdos o contratos en campañas autonómicas obedece a una práctica que busca separar la gestión administrativa del espacio propagandístico, evitando así conflictos con la JEC. La casuística es variada: anuncios de obra pública, valoraciones sobre políticas autonómicas o comparaciones de modelos de gestión han sido objeto de contestación por el órgano electoral. La experiencia de sanciones previas ha dejado en Moncloa una preferencia por la discreción informativa en momentos sensibles del calendario.

El balance que deja la legislatura en este punto plantea preguntas sobre la frontera entre gestión y comunicación política en plena fragmentación territorial del calendario electoral. Aunque Moncloa ha reducido el ritmo de mensajes susceptibles de ser impugnados, la presencia continuada de ministros con proyección autonómica y la multiplicación de convocatorias electorales mantienen la posibilidad de nuevos episodios de conflicto. Al menos por ahora, la estrategia del Gobierno pasa por frenar la visibilidad pública de decisiones potencialmente polémicas en momentos electorales para evitar nuevas sanciones de la Junta Electoral Central.