La Guardia Civil detuvo en Barcelona a tres personas en el marco de una operación contra una organización presuntamente dedicada a la estafa amorosa, que habría sustraído grandes sumas a una mujer aprovechando una relación sentimental. La investigación, que se hizo pública el sábado 14 de marzo de 2026, arrancó tras la denuncia de la víctima, que durante años fue persuadida para aportar dinero a supuestos pelotazos inmobiliarios que nunca existieron. Los agentes consideran que los arrestados emplearon una trama societaria para dar apariencia de legalidad a las operaciones y así justificar las solicitudes de fondos.

Según el comunicado del instituto armado, la víctima fue presionada de forma continuada para participar en inversiones de alta rentabilidad que le prometieron elementos cercanos a una ganancia segura y rápida. Confió en la persona con la que mantenía una relación sentimental y, movida por ese vínculo, fue entregando cantidades de forma periódica hasta agotar sus reservas. Solo cuando la mujer comprobó la falta de transparencia en las cuentas y la ausencia de un proyecto real decidió acudir a la Guardia Civil y presentar la denuncia que dio pie a la operación.

Las pesquisas han permitido constatar que los detenidos llegaron a obtener de la víctima alrededor de 500.000 euros, según fuentes del caso, aunque el volumen total de movimientos detectado por los investigadores asciende a 760.000 euros. Los agentes han rastreado más de 500 operaciones bancarias y han identificado 33 cuentas vinculadas a las sociedades y a las personas implicadas. Ese entramado económico, con líneas de crédito y aparentemente diversas inversiones, no se correspondía con la actividad declarada por la empresa utilizada como pantalla, señalan los investigadores.

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En el marco de la investigación se practicaron registros en la sede de una de las sociedades implicadas y en seis inmuebles relacionados con los imputados, actuaciones llevadas a cabo por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña. La instrucción está a cargo del juzgado número 30 de Barcelona, que coordina las diligencias para determinar el alcance de la presunta organización criminal y la posible existencia de más damnificados. Los registros han servido para incautar documentación y elementos que los investigadores consideran claves para acreditar el montaje fraudulento.

Fuentes próximas al caso detallan que los arrestados desempeñaban papeles definidos dentro de la red: uno sería el hombre que explotaba la relación sentimental para presionar a la víctima, otro actuaba como testaferro gestionando las cuentas y la apariencia mercantil, y un tercero figuraba como socio en las firmas y documentos que reforzaban la supuesta verosimilitud del negocio. Ese reparto de funciones, sostienen las mismas fuentes, es habitual en este tipo de delitos complejos, en los que se entremezclan relaciones personales y estructuras societarias para ocultar el verdadero destino de los fondos.

La Guardia Civil explica que se utilizó la constitución de varias sociedades mercantiles para justificar la existencia de operaciones comerciales y generar confianza entre la víctima y terceros, una estrategia que encubriría la desviación de fondos hacia cuentas controladas por los investigados. Los investigadores subrayan que la finalidad no era la viabilidad de un proyecto inmobiliario, sino la extracción progresiva del patrimonio de la mujer a través de promesas de beneficios infladas y documentaciones aparentes. El análisis contable de los movimientos ha sido clave para detectar la desproporción entre ingresos, gastos y la inexistencia de inversiones reales.

La operación continúa abierta y los agentes no descartan la aparición de más víctimas que habrían aportado dinero atraídas por promesas similares. Las diligencias judiciales buscan ahora determinar si la conducta de los detenidos se integra en una estructura criminal más amplia y si se cometieron delitos adicionales relacionados con el blanqueo de capitales. La Guardia Civil trabaja además en el rastreo de los fondos para proceder a reclamaciones y medidas cautelares sobre bienes que puedan servir para resarcir a las personas estafadas.

El caso se inserta en una tendencia creciente de estafas que combinan relaciones afectivas y ofertas de inversión, un modus operandi que las autoridades advierten que suele causar un daño económico y emocional notable en las víctimas. Los expertos en delitos económicos consultados por fuentes policiales insisten en la necesidad de verificar la documentación y la realidad de los proyectos antes de transferir cantidades significativas, especialmente cuando las solicitudes provienen de personas con las que se mantiene un vínculo de confianza. La investigación seguirá en manos del juzgado de instrucción y de la Guardia Civil hasta que se esclarezcan todas las responsabilidades penales.