Silvia, madre de Roque, relata el largo camino que iniciaron en febrero del año pasado para confirmar un diagnóstico dentro del espectro autista en Vigo, entre esperas en la sanidad pública y citas tardías en la privada. La familia buscó al mismo tiempo valoración privada para actuar cuanto antes y el respaldo oficial para acceder a terapias y ayudas administrativas. Ambos itinerarios, explica, se han alargado meses y han supuesto costes económicos y emocionales considerables. Su experiencia pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchas familias gallegas cuando sospechan de un trastorno del neurodesarrollo.

Según cuenta Silvia, en el sistema público el menor fue inicialmente clasificado como TDAH, un diagnóstico que no terminó de encajar con la evolución del niño. Al acudir a la privada, una psiquiatra infantil revisó el caso y planteó desde el primer momento que podría tratarse de lo que antiguamente se denominaba síndrome de Asperger, hoy integrado en el espectro autista sin discapacidad intelectual ni un retraso lingüístico marcado. Esa discordancia entre diagnósticos incrementó la sensación de urgencia en la familia para aclarar el cuadro clínico. La búsqueda de certeza llevó a los padres a activar dos vías simultáneas.

En la ruta privada, la primera consulta con el especialista tuvo lugar en Pontevedra tras una espera de seis meses, según el testimonio familiar. Aún después de esa cita diagnóstica, la derivación para iniciar terapias en un centro concreto se demoró alrededor de otros seis meses, lo que obligó a la familia a gestionar recursos y ajustar horarios laborales. La combinación de plazos largos y la necesidad de pagar sesiones privadas para no perder tiempo ha incrementado la carga financiera del hogar. Silvia subraya que, aunque la atención privada permitió obtener orientaciones terapéuticas, no sustituye la certificación oficial que abre derechos.

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En el sistema público, la respuesta tampoco fue inmediata: la familia solicitó que la pediatría les derivara a la unidad de TEA del hospital Nicolás Peña y la cita llegó a los cinco meses. Mientras tanto, algunos trámites administrativos permanecen pendientes, entre ellos la valoración de dependencia, trámite que condiciona la posibilidad de recibir ayudas económicas y servicios complementarios. La ausencia de una resolución rápida retrasa el acceso a intervenciones rehabilitadoras y a apoyos escolares adaptados. Para Silvia, esa espera supone la paradoja de saber qué necesita su hijo y, aun así, no contar con el reconocimiento institucional que facilite el acceso sistemático a tratamientos.

La familia percibe, en sus palabras, «un cierto colapso» en las distintas estructuras sanitarias y educativas que atienden estos casos, una sensación compartida por otras familias que buscan diagnóstico en Galicia. Los profesionales consultados por la familia les recomendaron compatibilizar pruebas y terapias privadas con las valoraciones públicas, pero ese camino exige tiempo, desplazamientos y desembolsos. Además del impacto económico, existe un desgaste emocional por la incertidumbre y los continuos trámites administrativos. Todo ello complica la organización cotidiana y la planificación escolar del menor.

El retraso en los diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo tiene consecuencias prácticas: sin un diagnóstico reconocido es más difícil articular apoyos en el entorno educativo, acceder a plazas y subvenciones específicas o obtener la valoración de grado de dependencia. Por eso muchas familias optan por comenzar terapias privadas mientras esperan la acreditación pública, una solución que no siempre es sostenible en el tiempo. La demanda creciente de evaluaciones especializadas y la insuficiencia de recursos profesionales y units de diagnóstico en algunos territorios agravan los tiempos de espera.

En el ámbito escolar, la falta de un informe oficial puede limitar adaptaciones curriculares y apoyos auxiliares que faciliten la inclusión del alumno, lo que a su vez repercute en su progreso y en la carga que asumen las familias. Los padres necesitan informes clínicos validados para negociar con centros educativos y administraciones, trámite que suele demorarse hasta que se completa la ruta pública. La burocracia, combinada con la escasez de profesionales, genera un círculo en el que la intervención temprana —clave en estos trastornos— se ve lastrada.

Silvia y su familia continúan a la espera de respuestas definitivas y de la resolución de trámites como la valoración de dependencia. Reclaman más agilidad en los procesos y una coordinación más fluida entre los servicios públicos y privados para evitar duplicidades y reducir tiempos de espera. Mientras tanto, su caso ilustra las dificultades cotidianas que afrontan muchas familias gallegas para convertir una sospecha clínica en un diagnóstico y en el acceso efectivo a terapias y apoyos. La búsqueda de esa respuesta sigue siendo, para ellos, un laberinto con plazos que marcan el día a día.