La vecina de Moaña María Nieves Pena pudo volver a entrar en su casa del barrio de O Real el pasado 14 de marzo de 2026, después de que la pareja que la ocupaba de manera irregular abandonara la vivienda tras permanecer en ella durante mes y medio. El desalojo se produjo de forma voluntaria y, según relata la propietaria, los ocupantes aceptaron marcharse a cambio de alimentos y de 50 euros. La mujer recuperó las llaves y comprobó el estado de la vivienda, que define como gravemente deteriorada.

Durante las semanas en las que la casa estuvo ocupada, María había quedado sin acceso a su domicilio y, según cuenta, vivió con la incertidumbre de no poder exigir su restitución por vía rápida. La salida de los ocupantes —que, según la propietaria, no precisó intervención policial para consumarse— llegó tras un acuerdo extrajudicial que incluyó un pequeño pago y provisiones. Los vecinos del entorno seguían con atención la situación y, en varios casos, mediaron o facilitaron el contacto para que la propietaria recuperase sus pertenencias.

Al entrar en la vivienda, la propietaria halló daños materiales y suciedad acumulada. Explica que hay restos orgánicos, cristalería rota y enseres desperdigados por varias estancias, lo que obliga a extremar las precauciones sanitarias a la hora de limpiar. María asegura que el ambiente es insalubre y que necesitará apoyo para desinfectar y restaurar la vivienda antes de poder volver a residir en ella con seguridad.

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La ocupación, que se prolongó durante aproximadamente seis semanas, dejó también pérdidas personales: ropa, documentación y enseres domésticos que, según la afectada, no se encontraban en condiciones de recuperar. La propietaria relata que, al negociar la salida de los ocupantes, priorizó recuperar el control del inmueble y evitar confrontaciones, pese a sentirse obligada a entregar una pequeña suma para lograr que abandonaran el lugar. Ese escenario remite a la dificultad que enfrentan muchos propietarios para recuperar sus viviendas sin largos procesos judiciales.

En Galicia y en otras comunidades, los casos de ocupación han alimentado debates sobre la seguridad jurídica de los propietarios y la necesidad de procedimientos más ágiles. Propietarios consultados en situaciones similares denuncian que la vía administrativa y la penal a menudo resultan lentas, por lo que algunos optan por soluciones negociadas, como la que relató María en Moaña. Abogados especializados señalan que cada caso tiene matices legales distintos, según el tipo de ocupación y la concurrencia de delitos como el allanamiento.

Para María, el impacto es tanto material como emocional: además del desorden y los desperfectos, la experiencia le ha provocado intranquilidad y desconfianza hacia quienes habitan su barrio. Afirma que ahora necesita apoyo para la limpieza, la retirada de escombros y la evaluación de los daños, así como asesoramiento para valorar posibles acciones legales. Familiares y vecinos han comenzado a colaborar en las primeras labores de desescombro y a recopilar imágenes del estado del inmueble como prueba del deterioro.

La mujer explica que denunciará formalmente los hechos y que guardará toda la documentación relativa a la ocupación y a la pequeña transacción que se produjo para lograr la salida de los ocupantes. También solicitará la intervención de los servicios municipales en lo que concierne a salubridad y gestión de residuos, y confía en que la experiencia sirva de advertencia para otros propietarios de la zona. Por ahora, su prioridad es garantizar la seguridad del hogar y recuperar aquello que todavía pueda salvarse.

Mientras tanto, en el barrio de O Real permanece el malestar por el suceso y la inquietud ante posibles repetición de ocupaciones. María, tras la dramática comprobación del estado de su vivienda, se prepara para las tareas de restauración y para afrontar, si fuera necesario, los plazos de la vía judicial. Su caso suma una nueva voz al debate público sobre la protección de la propiedad y las respuestas sociales y administrativas frente a la ocupación de viviendas.