El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado una acción decidida para reclamar a Audasa, concesionaria de la AP-9, el abono de una deuda por el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente a 2023, que asciende a 138.345 euros. Según explicó el alcalde, Abel Caballero, la empresa aplicó una bonificación en el recibo que ya no estaba vigente y dejó de ingresar la parte correspondiente entre agosto y diciembre de 2023. El gobierno local ha anunciado que exigirá la totalidad del importe pendiente y que no renunciará a recuperar ese saldo.

La reclamación municipal se centra en una bonificación del IBI que, durante décadas, permitió a la concesionaria reducir la cuota hasta en un 95%. Ese privilegio, según el Ayuntamiento, dejó de aplicarse en agosto de 2023 y, a pesar de ello, la compañía emitió recibos con la reducción. El consistorio considera que esa rebaja fue improcedente y por ello ha decidido impulsar los mecanismos administrativos y, si procede, judiciales para lograr el pago íntegro.

El regidor vigués ha remarcado que Audasa abonó sin problemas la totalidad del recibo en los años 2024 y 2025, lo que, en su opinión, acredita la solvencia y capacidad de la empresa para cubrir la deuda acumulada en 2023. El Ayuntamiento insiste en que exigirá el reintegro del importe adeudado de forma inmediata y que no dejará de perseguir la cifra pendiente hasta que se efectúe el abono completo. Fuentes municipales señalan que el proceso de reclamación comenzará por la vía administrativa.

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La pugna se produce en un contexto de creciente debate sobre la gestión de la autopista, que durante años disfrutó de condiciones fiscales y contractuales particulares. El Ayuntamiento recuerda que, pese a los beneficios que la concesionaria declara anualmente, el tratamiento tributario que aplicó en 2023 no se ajusta a la situación posterior a la extinción de la bonificación. Ese cambio de criterio fue el detonante para que el gobierno local iniciara las diligencias pertinentes.

Además del conflicto en materia impositiva, la concesión de la AP-9 ha sido objeto de polémica política en Galicia por la prórroga aprobada en el año 2000, que la Comisión Europea concluyó posteriormente que era irregular. A pesar de esa valoración comunitaria y del malestar social, el contrato sigue en vigor y el Ejecutivo central no ha adoptado, de momento, medidas para rescindir o modificar la concesión, según las fuentes consultadas.

El Ayuntamiento de Vigo considera que la recuperación de esta cantidad no solo persigue una corrección puntual de ingresos municipales, sino también el principio de equidad tributaria: que las empresas concesionarias que explotan infraestructuras públicas contribuyan en igualdad de condiciones al sostenimiento de los servicios municipales. Los responsables locales sostienen que permitir privilegios caducados supondría una merma en la recaudación y un agravio comparativo frente a otros contribuyentes.

Desde Audasa no se había conocido una posición oficial pública a la hora de cierre de esta información. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que dispone de la documentación que avala su reclamación y que si la empresa no responde a la solicitud de pago, elevará el expediente a instancias competentes para asegurar la ejecución.

En los próximos días el Consistorio avanzada que notificará formalmente la deuda y detallará los pasos administrativos que seguirá. El equipo municipal prevé que, si no se produce un abonamiento voluntario, la vía contenciosa administrativa será la siguiente fase. El anuncio del gobierno local cierra por ahora una etapa de discrepancias sobre la interpretación del régimen fiscal aplicable y abre un proceso en el que se decidirá si la concesionaria debe devolver la suma reclamada.