La Policía Local de Pontevedra denunció durante 2025 a 270 conductores por el uso indebido de plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida, dentro de una campaña de vigilancia reforzada impulsada por el Concello para combatir el fraude y garantizar la accesibilidad. En el mismo periodo los agentes intervinieron 51 tarjetas de aparcamiento por irregularidades, principalmente por uso fraudulento o por haber caducado. La actuación respondió a las quejas vecinales y a la detección de un aumento de infracciones que dificultan el acceso de quienes realmente necesitan estas plazas. El refuerzo policial se mantendrá según anunciaron las autoridades municipales.

La mayor parte de las denuncias, 246 en total, se tramitaron por estacionar sin la tarjeta correspondiente o por emplear un distintivo que no era válido, según el balance facilitado por la Policía Local. Además se registraron 13 sanciones por detenerse en zonas prohibidas sin autorización, 10 por obstaculizar rampas peatonales rebajadas y una denuncia por bloquear esos accesos durante una parada. Los agentes actuaron tanto en el centro urbano como en los barrios, donde la falta de rotación y la ocupación indebida de plazas PMR generan problemas de movilidad.

Del total de 51 tarjetas retiradas, 35 fueron intervenidas por indicios de uso fraudulento, 11 por estar caducadas, tres presentaban tanto caducidad como señales de fraude y dos resultaron ser fotocopias, según el informe policial. Dieciséis de esos distintivos pertenecían al Concello de Pontevedra, seis procedían de Poio y las 29 restantes correspondían a tarjetas emitidas por otros 24 municipios. La diversidad de procedencia de algunos documentos ha llevado a los agentes a intensificar los controles en vehículos con placas foráneas.

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La concejala de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, subrayó la importancia de respetar estos espacios y advirtió de que las actuaciones contrarias no solo incumplen la normativa sino que penalizan a personas con dificultades de movilidad. Vilaverde detalló que el objetivo del dispositivo es recuperar plazas para quienes realmente las necesitan y disuadir conductas irregulares mediante sanciones y la retirada de distintivos. La responsable municipal también apuntó que se mantendrán patrullas dedicadas a este tipo de control durante todo el año.

La campaña no se limitó a las plazas PMR: en materia de transporte la Policía Local detectó 43 infracciones, cifra casi tres veces superior a la registrada en 2024, lo que refleja un repunte de incumplimientos en varios sectores. Del total, 22 expedientes afectaron al transporte de mercancías, ocho al transporte escolar, siete a taxis, cinco al transporte de mercancías perecederas y uno al transporte sanitario. Entre los casos más llamativos figuró la denuncia a un particular que prestaba servicios de taxi con su vehículo particular y la inmovilización de un autobús escolar por circular con la ITV caducada.

Los agentes explicaron que las sanciones persiguen tanto el fraude deliberado como negligencias en la documentación y condiciones técnicas de los vehículos que suponen un riesgo para usuarios y peatones. La inmovilización de vehículos y la retención de distintivos sirven, según la Policía, para cortar redes de utilización indebida y para evitar que plazas accesibles queden ocupadas por quienes no tienen derecho. Las actuaciones se complementan con labores informativas dirigidas a comerciantes y comunidades de vecinos.

Organizaciones vecinales y asociaciones de personas con discapacidad han valorado positivamente la mayor presencia policial, aunque algunos representantes reclamaron medidas adicionales para mejorar la señalización y el control permanente en puntos conflictivos. Desde estas entidades se demanda, además, una revisión de las sanciones y un procedimiento ágil para devolver tarjetas legítimas a sus titulares una vez comprobada su validez. El Concello, por su parte, afirma que continuará coordinando inspecciones con las fuerzas de seguridad para afinar los dispositivos.

Fuentes municipales avanzaron que los datos de 2025 servirán de referencia para diseñar nuevas campañas y establecer prioridades territoriales en 2026, con especial atención a zonas de alta demanda de aparcamiento y a centros sanitarios. La Policía Local prevé también intensificar los controles en horario comercial y en franjas de entrada y salida de centros educativos, donde se han detectado paradas que impiden el paso de peatones con movilidad reducida. La intención es combinar sanción, retirada de distintivos y prevención para reducir la ocupación indebida de plazas reservadas.