Ourense se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, con la instalación de un punto de información en el edificio provisional de la Praza de Abastos. La iniciativa, organizada por la Xunta a través del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, busca acercar a la ciudadanía las herramientas disponibles para defender sus derechos y aclarar dudas sobre garantías, reclamaciones y fraudes. La campaña se desarrolla esta semana en las principales ciudades gallegas con el objetivo de facilitar el acceso a la información y los recursos administrativos. El punto de Ourense ofrece atención directa a consumidores y orienta sobre los pasos a seguir en caso de conflicto con empresas y comercios.

La acción forma parte de un despliegue que incluye puntos informativos en las siete urbes principales de Galicia y la difusión de vías de contacto como el teléfono gratuito 900 23 11 23. Además de la atención telefónica, la red autonómica dispone de oficinas de consumo en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol, y mantiene convenios con distintas organizaciones de consumidores para apoyar a la población. El objetivo es facilitar que las reclamaciones y consultas se gestionen con rapidez y con el respaldo técnico necesario. Fuentes del Instituto recalcan la importancia de que el consumidor conozca dónde acudir antes de que el conflicto escale.

Entre las actividades programadas esta semana se incluye la presentación de las conclusiones de un proceso de escucha activa promovido por la Xunta, orientado a elaborar la futura Estrategia gallega de protección de las personas consumidoras 2026-2030. Ese proceso pretende integrar las demandas y preocupaciones expresadas por usuarios, asociaciones y administraciones para diseñar medidas más ajustadas a los problemas reales. La estrategia, según los promotores, buscará reforzar la prevención de fraudes, mejorar los procedimientos de reclamación y facilitar el acceso a soluciones extrajudiciales. La exposición pública de las conclusiones pretende enriquecer el borrador con aportaciones de la sociedad civil.

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En cuanto a los derechos básicos que deben conocer los compradores, el punto informativo recuerda que, según la normativa citada por la Xunta, cualquier producto nuevo cuenta con un año de garantía durante el cual el consumidor puede exigir reparación, sustitución o devolución del dinero si el artículo presenta defectos. En las compras realizadas por internet o fuera del establecimiento físico rige además el derecho de desistimiento, que permite devolver el producto en un plazo de 14 días sin alegar causa. Todos los establecimientos, por su parte, están obligados a facilitar una hoja de reclamaciones cuando la solicite un cliente. Conocer estos derechos facilita resolver incidencias sin necesidad de acudir a procedimientos judiciales complejos.

Ante un conflicto con una empresa o comercio, los expertos recomiendan una vía escalonada: en primer lugar, solicitar la hoja de reclamaciones en el propio establecimiento o tramitar la queja por la vía online cuando la compra se haya realizado a distancia. Es fundamental conservar facturas, contratos y cualquier justificante que sirva como prueba documental. Posteriormente, la reclamación puede presentarse ante una oficina de consumo o una asociación de consumidores, que actúan como mediadores y asesores. Si no se alcanza un acuerdo, existe la posibilidad de recurrir al arbitraje de consumo, un procedimiento gratuito y ágil diseñado para resolver disputas sin necesidad de litigar en los tribunales.

Las autoridades de consumo advierten también sobre los fraudes más comunes que afectan a la ciudadanía: ofertas engañosas en internet o tiendas virtuales fraudulentas, llamadas comerciales agresivas —especialmente en contratos de energía y telecomunicaciones—, servicios de suscripción con cargos ocultos y reparaciones a domicilio con presupuestos inflados o sin estimación previa. Estos riesgos se han detectado con creciente frecuencia en los últimos años, impulsados por la expansión del comercio electrónico y la digitalización de los servicios. Ante ello, los especialistas aconsejan leer detenidamente las condiciones de contratación, desconfiar de propuestas que parezcan demasiado ventajosas y exigir siempre factura y presupuesto por escrito antes de aceptar un servicio.

Desde el Instituto Galego do Consumo e da Competencia señalan que muchos conflictos se resuelven de forma satisfactoria cuando el consumidor actúa con la documentación adecuada y hace uso de los canales establecidos. El arbitraje de consumo, destacan, suele ofrecer una respuesta más rápida y menos costosa que los procesos judiciales, y las oficinas de consumo prestan apoyo para orientar sobre la viabilidad de una reclamación. Asimismo, las campañas de información persiguen reducir la desinformación en sectores especialmente problemáticos, como los suministros energéticos y las telecomunicaciones. La cooperación con asociaciones de consumidores permite ampliar la cobertura y hacer más accesible la atención a colectivos vulnerables.

En el ámbito digital, los técnicos recomiendan comprobar la veracidad de las páginas web antes de comprar, preferir sistemas de pago seguros y revisar las políticas de devolución y privacidad. Verificar que la URL corresponde a la empresa oficial, buscar sellos de confianza y leer opiniones de otros usuarios son prácticas que ayudan a detectar tiendas falsas. También es aconsejable revisar el detalle de las suscripciones y las condiciones de renovación automática para evitar cargos inesperados. Las oficinas y organizaciones de consumidores ofrecen guías y asesoramiento específico para estas situaciones.

El punto informativo de la Praza de Abastos en Ourense pretende, además de resolver dudas puntuales, fomentar la cultura de la reclamación responsable y el uso de los mecanismos disponibles. Quienes acudan pueden informarse sobre cómo presentar una queja, qué documentación aportar y qué plazos se aplican en cada caso, así como recibir orientación sobre servicios de mediación y arbitraje. La iniciativa busca empoderar al consumidor para que actúe con criterio y aproveche las herramientas públicas de defensa de sus derechos. La Xunta insiste en que la prevención y la información son las mejores armas frente a los fraudes y abusos comerciales.

La conmemoración del 15 de marzo en Galicia se enmarca en una estrategia más amplia que pretende incorporar las aportaciones ciudadanas al diseño de políticas de consumo para 2026-2030 y reforzar las redes de atención. Los responsables autonómicos animan a la población a usar los canales disponibles, conservar la documentación de sus compras y recurrir a la mediación cuando sea necesario. Con medidas de formación, control y colaboración entre administraciones y asociaciones se espera reducir la incidencia de los fraudes y mejorar la protección efectiva de las personas consumidoras en la comunidad.