Marcela Pagano, diputada electa inicialmente por La Libertad Avanza, presentó el 14 de marzo de 2026 en los tribunales de Buenos Aires una denuncia contra el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta defraudación de fondos públicos y otros delitos vinculados al uso indebido de recursos estatales. La querella llega tras la difusión de dos viajes —uno oficial a Nueva York y otro privado a Punta del Este— en los que, según la denuncia, hubo favores y beneficios que no han sido aclarados. Pagano sostiene que la reacción del entorno presidencial, incluida la defensa pública del acusado, apunta a un respaldo que facilita estas prácticas. La Fiscalía anticorrupción ha anunciado que abrirá una investigación sobre los hechos denunciados.

La denuncia presentada en los juzgados porteños acusa a Adorni de malversación y de incumplimiento de los deberes de funcionario público por, entre otras circunstancias, haber llevado a bordo del avión presidencial a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Nueva York junto al propio presidente Javier Milei. Pagano argumenta que esa actuación vulneró normas básicas sobre el uso de recursos públicos y el trato privilegiado a allegados, y reclama que se esclarezca quién costeó los desplazamientos y en qué condiciones se produjeron. La Fiscalía anticorrupción ha señalado que analizará la documentación y las pruebas aportadas para determinar si procede una investigación penal.

La diputada, que abandonó el espacio de La Libertad Avanza por desencanto, afirma que ya había advertido internamente sobre conductas irregulares en el entorno del gobierno y que recibió silencio por respuesta. En sus palabras, lo que observa no es un caso aislado, sino un patrón de beneficiarse del cargo para obtener ventajas personales o empresariales. Pagano reprocha además la incoherencia política entre las promesas fundacionales del proyecto, orientadas a acabar con privilegios de la llamada “casta”, y la conducta que ella ha visto una vez en el poder.

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El caso de Nueva York ha motivado el primer foco de atención pública y judicial, pero en los últimos días se sumó la polémica por un viaje a Punta del Este en un avión privado, acompañado por un empresario. Aunque por ahora no existe una denuncia formal sobre ese desplazamiento, Pagano considera que el punto clave no es el destino sino quién pagó el trayecto y si hubo contraprestaciones vinculadas a negocios o favores. Para la diputada, la función pública exige evitar cualquier apariencia de privilegio en un contexto social de fuerte tensión económica para amplios sectores de la población.

Desde el entorno presidencial, miembros del gabinete y del propio partido han salido a defender a Adorni, rechazando las imputaciones como infundadas o prematuras y subrayando la presunción de inocencia. Esa reacción ha intensificado las críticas de Pagano, que interpreta la defensa pública como una muestra de corporativismo político y de protección automática entre quienes ocupan cargos de poder. La diputada ha pedido que la Justicia actúe con celeridad para evitar que el caso quede enquistado, como ha sucedido en episodios de corrupción anteriores en Argentina que demoraron años en resolverse.

La Fiscalía anticorrupción, según fuentes judiciales, evaluará documentación del viaje oficial y la posible existencia de contrataciones o pagos externos relacionados con los desplazamientos privados. En paralelo, la denuncia presentada por Pagano reclama que se investigue un eventual incremento patrimonial de Adorni que, a juicio de la denunciante, resulta difícil de explicar con los ingresos públicos conocidos. Los plazos y la profundidad de la pesquisa dependerán ahora de la apertura formal de la instrucción y de la capacidad del órgano fiscal para reunir pruebas.

En términos políticos, la acusación añade tensión a un Ejecutivo ya marcado por divisiones internas y críticas desde sectores opositores y desde la propia base que apoyó a La Libertad Avanza en las urnas. El episodio plantea preguntas sobre la gobernabilidad y sobre el coste reputacional que puede tener para la presidencia si la investigación avanza y aporta indicios comprometedores. Para Pagano, el asunto no solo afecta al acusado sino a la credibilidad de un proyecto que prometió transparencia y ruptura con privilegios.

La diputada ha remarcado que, en una república, no debe temerse una investigación si no existe nada que ocultar, y ha reclamado que se facilite el acceso a la información pública relacionada con los viajes y gastos. Mientras tanto, desde la Casa Rosada se defienden protocolos y se subraya la necesidad de respetar la presunción de inocencia. El desenlace judicial y político de la denuncia dependerá de la rapidez con que se tramiten las actuaciones y de las pruebas que puedan aportar ambas partes ante los tribunales.