La guerra en Oriente Próximo y el aumento de la volatilidad del crudo han disparado los precios y la demanda de combustibles en Galicia desde finales de febrero, con compras masivas de gasóleo para calefacción y estaciones donde el litro ya supera los dos euros. El fenómeno se intensificó a partir del 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva militar que encendió las alarmas en mercados energéticos. La subida afecta a particulares, al transporte y al sector primario, que reclama medidas urgentes. Las consecuencias se traducen en un incremento notable de costes y en picos puntuales en surtidores gallegos.

Según los datos de referencia manejados por distribuidores y estaciones, el precio medio del gasóleo A partió de cifras más moderadas a finales de febrero y en dos semanas se registró un avance cercano al 30%, situándose alrededor de 1,85 euros por litro a finales de la última semana. Ese ascenso medio convive con diferencias locales importantes entre provincias y poblaciones, donde la oscilación de márgenes y el ajuste de precios han sido muy sensibles a la evolución del mercado internacional. La incertidumbre sobre la duración del conflicto mantiene la presión alcista sobre las cotizaciones.

Existen estaciones en Galicia, sobre todo en la provincia de A Coruña, donde el gasóleo supera con holgura los dos euros por litro, y se han detectado picos máximos de hasta 2,15 euros en puntos concretos como el polígono de Barreiros, en Lugo. Estos registros llaman la atención tanto por su repercusión en el bolsillo de los conductores como por el efecto psicológico que genera en los consumidores locales. El diferencial regional se percibe además en zonas rurales donde el acceso a suministros suele ser más limitado y los precios tienden a ser más altos.

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En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió que la CNMC está monitorizando la evolución de los precios en las cerca de 12.000 gasolineras españolas para detectar posibles desviaciones. Mientras tanto, organizaciones de consumidores, como Facua, acusan a algunas estaciones de aprovechar la volatilidad del crudo para ampliar márgenes y piden una actuación gubernamental que frene lo que califican de comportamiento especulativo. Las llamadas a la intervención se producen en paralelo a advertencias sobre la complejidad de intervenir en un mercado tan ligado a la cotización internacional del petróleo.

En el plano del suministro para calefacción, distribuidores gallegos describen los primeros días de marzo como jornadas de demanda extraordinaria, con pedidos multiplicados respecto al ritmo habitual. El director financiero de Grupo Valdés, Ramón Rodríguez, detalló que la avalancha inicial de solicitudes obligó a intensificar la logística y que, tras aquella primera fase de gran actividad, la situación ha tendido a estabilizarse aunque la carga de trabajo sigue siendo elevada. En Gasóleos Rial, su responsable, José Antonio Garrido, confirmó también un incremento muy marcado de peticiones en las dos últimas semanas, si bien subrayó que por ahora no existe riesgo de desabastecimiento.

En el mercado del gasóleo para calefacción, los distribuidores sitúan su precio previo a la escalada en torno a los noventa céntimos por litro y señalan que la subida ha llevado algunos tipos hasta casi el euro y medio, lo que supone incrementos superiores al 50% en pocos días. Los consumidores domésticos, ante el temor a nuevas alzas, llenaron depósitos y tanques, lo que ayudó a mitigar la demanda acumulada en semanas posteriores. Empresas como Grupo Valdés operan en comarcas que van desde Ribeira hasta Lalín y abastecen tanto a particulares como a transporte y agricultura, lo que les permite apreciar mejor el efecto generalizado del encarecimiento.

El sector primario gallego, especialmente pesca y agricultura, ha solicitado medidas extraordinarias para paliar el impacto de la subida. Cofradías y armadores de Vigo han alertado sobre el encarecimiento del combustible para las embarcaciones, mientras organizaciones agrarias como Uniones Agrarias o Sindicato Labrador reclamaron compensaciones y ayudas para evitar que el aumento de costes erosione la rentabilidad de explotaciones y asalariados. El alza también repercute en el transporte por carretera, encareciendo logística y alimentando presiones inflacionistas en productos básicos.

Los distribuidores consultados insisten en que, por el momento, el suministro no corre peligro en Galicia, aunque nadie puede asegurar cuándo comenzará a moderarse la escalada de precios. La CNMC y el Gobierno mantienen la vigilancia del mercado, y las demandas de consumidores y sectores productivos presionan por medidas que atenúen márgenes y costes. En cualquier caso, la región afronta en las próximas semanas una situación de incertidumbre que condicionará tanto a hogares como a empresas dependientes del combustible.