El Concello de Sada, presidido por Benito Portela, ha pedido al Gobierno central que recurra y defienda judicialmente cualquier pago que reclamen los herederos de Francisco Franco tras la sentencia que declara el pazo de Meirás patrimonio del Estado. La petición se produjo tras la difusión, la pasada semana, del fallo que atribuye la titularidad pública del inmueble y abre la vía a reclamaciones económicas por parte de los Franco. El gobierno local considera imprescindible agotar todas las vías para evitar o reducir al máximo la indemnización.

El fallo judicial que devolvió el pazo al patrimonio público fue recibido con satisfacción en numerosos ámbitos institucionales, pero también ha generado dudas por la posibilidad de que los herederos obtengan compensaciones por la pérdida de la posesión. Ese matiz es el que ha motivado la movilización política y jurídica tanto en Sada como en la Administración autonómica y en el Ejecutivo central.

La crítica local apunta a decisiones pasadas y a la prevención lanzada por algunos ediles en 2018, que advirtieron del riesgo de considerar a la familia Franco poseedora de buena fe del pazo. Desde el Concello sostienen que aquellos avisos demostraron estar en lo cierto y reclaman ahora una estrategia firme del Estado para minimizar el coste económico de la devolución del bien.

«Que se luche hasta el último céntimo»

Reacciones políticas y judiciales

En Madrid, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Ejecutivo presentará recursos y buscará «dar la batalla» en los tribunales para evitar pagos. Su intención es que la reclamación indemnizatoria sea examinada con todos los argumentos jurídicos disponibles antes de admitir cualquier desembolso público.

«Iba a dar la batalla»

El PSOE de Galicia, a través de su secretario general José Ramón Gómez Besteiro, celebró la restitución del pazo al Estado pero pidió cautela sobre la indemnización, sosteniendo que debe debatirse porque la adquisición original se acreditó como fraudulenta. Desde esa formación ofrecen su apoyo al recurso que plantee el Gobierno si entiende que existen bases jurídicas para impugnar el pago.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su disposición a colaborar con el Ejecutivo central en caso de recurso. Rueda señaló que la cooperación entre ambas administraciones fue clave para lograr la titularidad pública y confía en que el trabajo conjunto de los servicios jurídicos pueda frenar o neutralizar reclamaciones económicas.

«Si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable»

Contexto histórico y próximos pasos

El pazo de Meirás ha sido objeto de controversia durante décadas por su origen y la forma en que pasó a manos de la familia Franco. La sentencia que lo declara de titularidad pública recoge, según las partes que impulsaron la causa, indicios de irregularidades en la transmisión y uso del inmueble, base para cuestionar cualquier pretendida posesión de buena fe.

Ahora corresponde a los equipos jurídicos del Estado y de la Xunta estudiar los fundamentos del fallo y preparar posibles recursos contra determinaciones que impliquen desembolsos. La Abogacía del Estado ya actuó sobre documentación aportada por la Xunta en fases anteriores del procedimiento y esa colaboración se valora como decisiva para la siguiente fase.

En Sada, la reclamación municipal tiene también un componente simbólico: recuperar la gestión y el uso público de un bien identificado con la memoria histórica y con el patrimonio local. Para el Concello, asegurar que el Estado no asuma indemnizaciones injustificadas es parte de esa recuperación.

El calendario procesal y los plazos para presentar recursos marcarán las próximas semanas. Mientras tanto, la discusión política y jurídica se centra en definir si la vía administrativa y contencioso-administrativa podrá impedir un pago a los herederos o, en su caso, en acotar su alcance económico.

Los próximos movimientos dependerán de la estrategia que adopten el Gobierno central y la Xunta, así como de las decisiones que adopten los tribunales superiores si se elevan los recursos. En Sada, la postura pública del Concello es clara: pedirán a quienes tienen la competencia que no den por zanjado el asunto hasta agotar todas las opciones.