Marisol Burón, madre de Marta Calvo, reclama hoy que se cumpla la promesa parlamentaria de hace cuatro años para tipificar la ocultación de cadáver y sancionar la reincidencia en asesinatos. La petición vuelve a cobrar fuerza tras el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), que ha reabierto el debate sobre cómo castigar a quienes hacen desaparecer los restos de sus víctimas. El reproche de Burón se dirige tanto a la inacción legislativa como a la frustración de las familias que siguen sin respuestas.

En marzo de 2022 el Congreso registró un respaldo mayoritario para estudiar la inclusión de estos supuestos en el Código Penal, con posiciones encontradas sobre si deben enquistarse en la prisión permanente revisable o crearse figuras penales autónomas. Desde entonces, lamenta Burón, las iniciativas no han cristalizado y muchas familias siguen esperando que la ley avance.

«Han pasado cuatro años y nadie ha movido nada para hacer realidad lo que se aprobó aquel día e incluir ese nuevo artículo en el Código Penal»

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La conmoción por desapariciones y asesinatos en los que los restos no aparecen complica no solo la investigación sino la posibilidad de reparación para los allegados. En el caso de Marta Calvo, asesinada por Jorge Ignacio Palma, la ausencia de localización de los restos ha sido una fuente constante de dolor y de litigio judicial.

Hace dos años el Tribunal Supremo confirmó la imposición de la prisión permanente revisable al autor condenado por la muerte de Calvo, un fallo que reavivó el debate sobre la ampliación de los supuestos de esa pena. Sin embargo, la petición de que la ocultación del cadáver quede expresamente tipificada sigue bloqueada en los despachos y comisiones.

Reapertura del debate tras un nuevo caso

El asesinato de Francisca Cadenas y la forma en que su cuerpo fue ocultado han servido de revulsivo para partidos de la derecha, que han desempolvado un proyecto para ampliar la prisión permanente revisable incluyendo la ocultación de cadáver y la reincidencia. Los promotores argumentan que esas medidas son necesarias para responder a crímenes especialmente graves y garantizar justicia.

La izquierda, en cambio, mantiene reticencias sobre extender la máxima pena como solución, y algunos grupos apuestan por crear un delito autónomo que sancione la ocultación del cadáver sin convertirlo automáticamente en agravante de una pena permanente. Entre las familias afectadas hay acuerdo en la necesidad de una reforma, pero no en la vía para hacerlo.

Para Burón, la falta de claridad legislativa y la demora son una forma adicional de revictimización. Denuncia que cuando los autores se niegan a facilitar información sobre el paradero de los restos, las víctimas secundarias —padres e hijas— quedan atrapadas en una espera interminable.

«Es una doble y triple victimización»

Contexto judicial y político

En España, la prisión permanente revisable es la pena más alta contemplada y su aplicación ha sido objeto de polémica desde su introducción. El reto actual para el legislador consiste en compaginar la respuesta penal con garantías jurídicas y con la posibilidad real de dar respuesta a las demandas de las víctimas.

Los expertos consultados en debates previos han subrayado la complejidad probatoria en casos de ocultación de cadáver y la necesidad de herramientas que permitan perseguir eficazmente esa conducta sin vulnerar principios procesales. También han recordado que la tipificación expresa facilitaría la investigación criminal y potenciaría medidas de protección para las familias.

Marisol Burón, que ha hecho de la reivindicación de memoria y justicia la causa pública tras la muerte de su hija, advierte que no cejará en su empeño hasta ver la ley en vigor. Su voz se suma a la de otras familias que llevan años reclamando respuestas y cambios normativos para evitar que la desaparición de restos prive a los seres queridos de una despedida digna.

La iniciativa parlamentaria que ahora impulsa la derecha tendrá que superar el debate político y obtener el respaldo suficiente para convertir el acuerdo de 2022 en un cambio efectivo del Código Penal. Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen esperando que la norma, cuando llegue, contribuya a cerrar heridas que la investigación y los tribunales no han logrado sanar por completo.