José Antonio Kast, presidente de Chile, anunció el inicio de las obras de una zanja en la frontera norte que limita con Perú y Bolivia, cuya ejecución comenzó en marzo de 2026. La obra forma parte de un plan gubernamental para reducir la llegada de migrantes en situación irregular y reforzar el control contra el narcotráfico y el crimen organizado. El proyecto incluye vigilancia permanente y puestos de observación apoyados por un despliegue militar. El Ejecutivo sostiene que la medida responde al incremento de entradas no autorizadas en años recientes.
El Gobierno ha detallado que la excavación, enmarcada en el llamado plan Escudo Fronterizo, se extenderá a lo largo de 30.000 kilómetros y contará con presencia continua de fuerzas de seguridad. Según la presidencia, la zanja irá acompañada de infraestructura para monitorizar los pasos y de cambios normativos para endurecer sanciones a quienes faciliten el traslado de personas irregulares. El anuncio se produjo durante una visita oficial del mandatario a los tramos fronterizos donde ya han empezado a desplegar maquinaria y efectivos.
El Ejecutivo argumenta que el objetivo es “frenar” un flujo migratorio que, según cálculos oficiales citados por el Gobierno, superó las 180.000 personas en los últimos años. Además de las barreras físicas, la iniciativa contempla acuerdos con países de origen para abordar las causas del desplazamiento y fomentar que las personas permanezcan en sus territorios de origen. Las medidas legales previstas incluyen tipificar como delito la entrada irregular y sancionar a quienes transporten migrantes.
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Conoce más →Detalles del plan y despliegue militar
En el terreno, la obra se desarrolla con apoyo logístico del Ejército y con puestos de control fijos en puntos considerados críticos por las autoridades. El Gobierno ha solicitado al Estado Mayor un informe sobre los medios disponibles para complementar las barreras físicas con equipos de detección y patrullaje. Fuentes oficiales explican que el sistema integral combinará infraestructura, acciones diplomáticas y cambios en la normativa para aumentar la capacidad de respuesta.
«Comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile»
Los responsables del Ejecutivo subrayan que la zanja no será la única herramienta; prevén una red de vigilancia electrónica y mejores capacidades de control en pasos terrestres y rutas secundarias. Las autoridades aseguran que la medida pretende cortar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y por el crimen organizado, sin ofrecer, por ahora, detalles técnicos sobre la profundidad o el ancho de la excavación.
Reacciones y contexto político
El anuncio llega pocas semanas después de la toma de posesión de Kast, quien ganó la presidencia tras ofrecer un programa centrado en seguridad y orden público. En la segunda vuelta electoral obtuvo el 58,6% de los votos, un respaldo que el nuevo Gobierno interpreta como mandato para aplicar medidas contundentes frente a la inseguridad y la migración irregular. Su primera agenda exterior incluyó un viaje a Argentina y un acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos.
«La idea es que esos países tomen medidas para que esas personas permanezcan en su patria»
La figura de Kast polariza la escena política chilena. Durante sus campañas previas ya había mostrado posturas duras en materia de orden público y migración, y su perfil ideológico ha suscitado debates dentro y fuera del país. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido sobre los riesgos humanitarios de soluciones únicamente represivas ante flujos migratorios complejos.
Expertos en migración consultados por esta redacción señalan que las barreras físicas pueden reducir pasos informales, pero advierten que sin canales seguros y gestión regional coordinada no se resuelven las causas profundas del desplazamiento. Subrayan la importancia de controles efectivos junto a políticas de cooperación con países de origen y tránsito para evitar que las redes criminales modifiquen sus rutas.
Por su parte, sectores favorables a la medida la valoran como una respuesta firme a lo que consideran una crisis de seguridad y orden público. El Ejecutivo ha iniciado ya los trámites normativos para endurecer las sanciones y tipificar nuevos delitos relacionados con la migración irregular, medidas que deberán tramitarse en el Parlamento en las próximas semanas.
La zanja y las disposiciones complementarias prometen ser uno de los ejes de gestión del nuevo Gobierno durante los próximos meses, en un escenario marcado por la tensión entre enfoques de control fronterizo y llamadas a políticas que combinen seguridad con protección y cooperación internacional.
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