Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, ha vuelto a poner el dedo en la llaga al advertir sobre el coste humano de las huelgas médicas. En una comunidad donde la dispersión demográfica y el envejecimiento presionan ya al sistema, las movilizaciones prolongadas y las cancelaciones de consultas y cirugías reavivan la tensión entre la legítima reivindicación profesional y el derecho de la ciudadanía a recibir atención en tiempo y forma. La escena de pacientes que esperan —y a veces empeoran— es una imagen que no deja indiferente ni en A Coruña ni en comarcas rurales como A Mariña.

La atención en primera línea: qué están dejando las protestas

Las consecuencias son palpables en la actividad diaria de hospitales y centros de salud. Pacientes con patologías crónicas que han visto pospuestas revisiones, pruebas diagnósticas que acumulan retraso y intervenciones programadas que caen del calendario son realidades que se repiten. Equipos de gestión hospitalaria reconocen que, cuando la protesta es prolongada, los mecanismos de sustitución y los llamados servicios mínimos no siempre cubren las especialidades más demandadas ni las guardias más técnicas.

La pérdida de continuidad asistencial tiene impacto más allá del malestar: supone riesgo para la evolución clínica de algunos casos. Familias de personas mayores relatan cómo se doblan las consultas en las urgencias cuando las consultas programadas no se celebran; en municipios con una sola consulta de atención primaria, la saturación gana la calle. No es, en palabras de pacientes y asociaciones, una cuestión de ideología: se trata de que quien enferma necesita una respuesta sanitaria, no un conflicto ajeno que dilate su proceso de recuperación.

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Desde la Asociación Defensor del Paciente subrayan que respetan el derecho a la protesta, pero alertan del efecto acumulativo. Ya figura en su memoria anual el aumento de reclamaciones relacionadas con demoras y con dificultades para acceder a pruebas complementarias. En las reclamaciones se repite una misma queja: no van al médico para verle la cara, van porque están enfermos. Esa frase, sencilla, resume la sensación de muchos usuarios: la sanidad no puede ser rehén de un conflicto que no siempre parece dirigido al fondo del problema.

Estatuto Marco, contratos y la demanda de reconocimiento médico

En el centro del conflicto está el borrador del Estatuto Marco, la norma que pretende regular las condiciones básicas del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. El desencuentro no es únicamente salarial; abarca dedicación exclusiva, jornada, retribuciones por guardias y la regulación de la movilidad entre lo público y lo privado. Una parte significativa del colectivo médico reclama reconocimiento de su especificidad profesional: responsabilidad clínica, guardias de alta complejidad y la exigencia de formación continua que, sostienen, no encaja bien en un marco homogéneo.

En Galicia la cuestión adquiere matices propios. La coexistencia entre el Sergas y la provisión privada de servicios sanitarios ha generado situaciones en las que profesionales combinan la actividad en varios centros, algo que alimenta suspicacias entre usuarios cuando se plantea la reducción de guardias sin una dedicación exclusiva clara. Para los médicos, la retribución por el tiempo de guardia y la regulación de la jornada son demandas que, en su opinión, permitirían una práctica más segura y sostenible. Para los pacientes y asociaciones, la prioridad es que las protestas no pongan en riesgo operaciones o pruebas esenciales.

Los sindicatos médicos sostienen que la precariedad contractual, los turnos interminables y la sobrecarga asistencial son el caldo de cultivo del conflicto. La memoria de recortes y falta de reposición de plantillas tras la crisis económica y la presión añadida por la pandemia explican en parte la radicalización de posturas. Sin acuerdo en la negociación, los paros se suceden y la sensación de impasse crece.

Impacto local y escenarios posibles

Galicia afronta el desafío con una geografía y una demografía que complican las soluciones de urgencia. En áreas con escasa densidad de población, la ausencia de un especialista durante días puede obligar a traslados largos o a retrasos que agravan patologías. Directivos sanitarios gallegos hablan de la necesidad de programas de incentivos para la atención rural, de planes de refuerzo estacional y de protocolos que prioricen los casos más vulnerables en situaciones de conflicto laboral.

La Xunta y el Sergas han señalado en distintas ocasiones que la negociación es la vía para mitigar el impacto, pero las críticas a la falta de previsión y a la opacidad de algunas derivaciones a la privada persisten. La dimisión política no es la solución; lo es, probablemente, una estrategia de planificación que combine aumento de plantillas, medidas de retención de talento y una política clara sobre dedicación exclusiva que reduzca la multiplicidad de empleos en distintos centros.

Entre las propuestas que circulan figuran refuerzos en Atención Primaria —centro nervioso del sistema—, auditorías sobre derivaciones a clínicas privadas y un calendario de negociación que priorice acuerdos puntuales sobre servicios esenciales. Son fórmulas que, si se aplican con rigor, podrían restaurar parte de la confianza perdida. Si no, la percepción ciudadana de que la sanidad pública es inestable se enquistará.

El dilema planteado por Flores no es un reproche simplista: es un aviso. Vocación y derechos no son mutuamente excluyentes, pero la tensión entre ambos exige responsabilidad compartida. Administraciones, profesionales y organizaciones de pacientes se juegan ahora la capacidad de llegar a acuerdos que preserven la defensa laboral sin sacrificar la atención. La próxima ronda de negociaciones será, en ese sentido, un termómetro que medirá si la sanidad pública gallega puede conjugar reconocimiento profesional y protección del usuario o si, por el contrario, la fractura se hará más profunda y costosa para todos.