El Consejo de Ministros aprobó este viernes un real decreto‑ley que moviliza un paquete extraordinario de ayudas por valor de 877 millones de euros para mitigar el impacto de la crisis energética y la repercusión de la guerra en Oriente Medio sobre los sectores agrario y pesquero. Entre las medidas más relevantes figuran una subvención para la compra de fertilizantes, una rebaja de 20 céntimos por litro en el gasóleo de uso agrícola y la exención temporal de la tasa sobre la pesca fresca hasta el 30 de junio.

Qué incluyen las ayudas y cómo se tramitarán

El programa recoge una batería de medidas de alcance inmediato y duración limitada. La partida mayor corresponde a las ayudas directas para fertilizantes, con un presupuesto de 500 millones de euros, y se amplía el acceso respecto a episodios anteriores: no solo percibirán la ayuda los titulares que reciben pagos de la Política Agraria Común (PAC), sino todas las explotaciones inscritas en los registros oficiales. Es una decisión que pretende dar cobertura a las pequeñas y medianas explotaciones que en Galicia son mayoría, desde las viñas de la Rías Baixas hasta las granjas de Lugo.

En paralelo, la subvención de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola se aplicará hasta el 30 de junio y, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los agricultores y ganaderos no tendrán que efectuar trámites excepcionales: la ayuda se considerará solicitada con la petición de devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos —la misma declaración administrativa por la que ya están exentos del impuesto— lo que agiliza el cobro para explotaciones con márgenes estrechos.

Para facilitar liquidez se amplía la línea de financiación ICO‑MAPA‑SAECA en 300 millones. Del total, 225 millones se destinan a subvencionar el principal de los préstamos y 75 millones a avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA). Estas fórmulas, usadas con profusión tras la guerra de Ucrania, persiguen que las cooperativas y pymes del sector puedan renegociar vencimientos o afrontar inversiones sin estrangular su tesorería.

La pesca, compensaciones y exenciones

El paquete incluye además medidas específicas para la flota. Se habilita una ayuda compensatoria con un presupuesto inicial de 25 millones de euros para paliar el sobrecoste del combustible y otros incrementos como envases y logística. El cálculo para cada embarcación tendrá en cuenta consumo diario, coste semanal del combustible, días de actividad, artes de pesca empleadas y si faena en caladeros nacionales o internacionales. Se pretende así diferenciar entre grandes arrastreros que trabajan en alta mar y la flota artesanal que caracteriza a buena parte de las lonjas gallegas.

A mayores, la tasa sobre la pesca fresca quedará exenta durante tres meses —hasta el 30 de junio—, una medida de alivio para empresas y cofradías con ventas directas en las rías. En Galicia, con puertos tan relevantes como el de Vigo, el alivio en la carga fiscal a corto plazo se considera una herramienta útil para suavizar la llegada de los precios al consumidor y la presión sobre las lonjas.

Antecedentes, causas y críticas

No es la primera vez que el Ejecutivo recurre a soluciones de este tipo. Tras la invasión de Ucrania en 2022 se aprobaron líneas similares para amortiguar el golpe al precio de los insumos; ahora, la nueva escalada de costes vinculada a la guerra en Oriente Medio obliga a repetir y a modular las herramientas. Los fertilizantes, en particular, han sido una de las materias primas que más se han encarecido y su precio determina la viabilidad de cultivos extensivos y hortícolas en la cornisa cantábrica.

En el terreno político, la división del paquete de medidas en dos decretos (una maniobra que el Ejecutivo atribuye a exigencias de tramitación y a las negociaciones internas) ha despertado críticas de los grupos agrícolas y de algunas formaciones políticas que consideran insuficiente la duración de las medidas. A falta de la implementación práctica, productores y cofradías advierten de que un alivio de tres meses puede ser útil para ganar tiempo, pero no basta para resolver problemas estructurales como la dependencia de fertilizantes importados o la volatilidad de los combustibles.

Desde las organizaciones profesionales gallegas recuerdan que muchas explotaciones aislan ya márgenes mínimos. Un ejemplo habitual en las conversaciones del sector es el del viñedo de albariño en la Ría de Arousa: un incremento sostenido del coste por hectárea puede traducirse en reducciones de plantilla o abandono de superficies marginales. En la pesca, la rotación de tripulaciones y los cierres de espacios aéreos también han provocado sobrecostes logísticos que no siempre se corrigen con medidas fiscales puntuales.

Repercusiones en Galicia y próximos pasos

En la práctica, la efectividad de las medidas dependerá de la celeridad con la que se pongan en marcha las transferencias y del control administrativo para que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan. En las próximas semanas los organismos regionales tendrán que coordinarse con el Ministerio para validar registros, procesar solicitudes y aplicar avales. En Galicia, la consellería competente y las cooperativas agrícolas serán interlocutores claves para que el dinero llegue a las explotaciones pequeñas, muchas de ellas en comarcas rurales con problemas de relevo generacional.

Mirando hacia adelante, el debate se traslada a la necesidad de políticas que reduzcan la vulnerabilidad del sector a las crisis internacionales: promover fertilizantes de origen más cercano, impulsar la eficiencia energética en las granjas y renovar la flota pesquera con criterios de sostenibilidad energética son consignas que vuelven con fuerza. Mientras tanto, la medida aprobada ofrece un respiro que, según fuentes del sector, será bien recibido pero vigilado con escepticismo por su alcance temporal.

La tramitación del real decreto‑ley llega en un momento de tensión política y económica, con los actores del campo y la mar pidiendo además medidas complementarias de carácter estructural. La lección parece clara para Galicia: las ayudas de choque atenúan urgencias, pero para que el sector recupere estabilidad hará falta combinar alivios inmediatos con un plan de transición que proteja el tejido productivo de futuras convulsiones internacionales.