Ministerio de Transportes ha dado un paso que muchos consideraban inevitable y tardío: la aprobación del primer tramo de la autovía A-76, que debe unir Ponferrada con Ourense pasando por Monforte. El proyecto aprobado en mayo de 2026 contempla la ejecución de un tramo en la provincia de León —entre Villamartín de la Abadía y puntos aún por detallar— con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros, aunque no hay fecha oficial de inicio de obras. Para las comarcas afectadas, que llevan reclamando la obra desde principios de siglo, la noticia es a la vez alivio y motivo de prudencia: se trata del primer gesto real tras años de anuncios sin materialización.

Un anuncio largamente esperado y pocos certezas

La historia de la A-76 es la de una promesa que se ha ido enquistando. Los primeros estudios informativos se redactaron entre 2005 y 2010; entonces, responsables políticos de Madrid y representantes locales hablaban de una autovía «clave» y «fundamental para el desarrollo del interior gallego». Sin embargo, aquellas intenciones nunca se tradujeron en movimiento de tierra. La crisis económica de 2010 y los recortes posteriores dejaron los expedientes en un cajón y la autovía desapareció de los presupuestos.

La reactivación llegó a trompicones. Con la recuperación económica se actualizaron documentos y se revisaron trazados entre 2015 y 2020, y en los años siguientes se retomaron trámites administrativos sin resultados palpables. Fue en 2025 cuando la presión social se hizo más visible: asociaciones empresariales, transportistas y plataformas ciudadanas elevaron el tono y los medios comenzaron a recoger con persistencia el clamor de las comarcas. Aun así, la decisión de mayo de 2026 solo afecta a un tramo leonés; el resto del corredor continúa en estudio o pendiente de actualización técnica y ambiental.

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En el terreno, la espera ha dejado huella. La actual N-120, que serpentea por la Ribeira Sacra y salva viaductos como el de A Labrada, soporta un tráfico pesado creciente. Conductores y empresarios recuerdan tramos con firme deteriorado y puntos negros que registran accidentes recurrentes. «Llevamos años viendo cómo las promesas no pasan de los papeles», resume en voz baja un transportista de O Barco de Valdeorras.

«Sin una fecha de inicio concreta, esto es una luz en la lejanía. Hace falta compromiso político y calendario real», dijo un empresario del sector de la pizarra.

Antecedentes: de los planos a la burocracia

Cabe recordar que la A-76 fue incluida en los planes estatales como una vía destinada a vertebrar el interior noroeste, conectar dos provincias periféricas y dar salida eficiente al interior gallego hacia la meseta. En 2008 ya se veían planos sobre la mesa; alcaldes como Severino Rodríguez, por entonces regidor de Monforte, y representantes empresariales revisaban trazados con la esperanza de que la infraestructura atraería inversión y frenaría la despoblación.

La concatenación de crisis económicas, cambios de Gobierno y la propia complejidad técnica de un trazado que atraviesa un territorio de orografía complicada explican en parte la demora. A ello se suman procedimientos ambientales, expropiaciones y la competencia entre prioridades en los sucesivos ministerios. La percepción de agravio es especialmente fuerte en Galicia: mientras se recuerdan otras grandes obras acometidas con mayor celeridad, la A-76 se convirtió en un símbolo de las inversiones que nunca llegaron.

En paralelo, la reivindicación social no ha sido homogénea: si para el sector de la pizarra o la industria auxiliar la autovía supone logística y competitividad, para ayuntamientos y plataformas rurales representa la esperanza de romper el aislamiento de comarcas como la Ribeira Sacra. El Partido Nacionalista de Galicia llegó a reclamar el desdoblamiento urgente de la N-120 y la reparación en profundidad de su firme; demandas que vuelven a escucharse en plenos y ruedas de prensa.

Repercusiones económicas y próximos pasos

La aprobación del tramo leonés y la consignación de 133,5 millones de euros son medidas concretas, pero insuficientes para materializar la autovía completa. Técnicos recuerdan que la fase de proyecto y adjudicación puede alargar el calendario varios meses, y que el plazo para la ejecución dependerá de los concursos públicos y de la disponibilidad presupuestaria en ejercicios futuros. No hay, de momento, compromiso de fechas para el inicio de obra ni para la culminación del corredor.

Para el tejido productivo gallego, la autovía sería mucho más que asfalto. La salida rápida hacia León y la meseta facilitaría el transporte de la pizarra, reduciría costes para bodegas de la Ribeira Sacra y abriría rutas turísticas más cómodas. Sin embargo, economistas locales advierten de que la infraestructura por sí sola no garantiza desarrollo; hace falta una política industrial y de servicios que aproveche la mejora de conectividad.

Mientras tanto, el calendario político será determinante. Las obras grandes suelen necesitar consensos multisectoriales y partidas plurianuales; sin ellos, los primeros movimientos pueden quedar en meros parches. En las comarcas afectadas persiste la desconfianza: dos décadas de espera no se compensan con un anuncio. Lo que piden vecinos y empresarios es, además del inicio de las obras, medidas intermedias para mejorar la seguridad de las carreteras actuales y programas que eviten que el tiempo diluya otra vez la iniciativa.

En definitiva, la A-76 entra en una nueva fase: ya no es solo una promesa sobre el papel, pero tampoco se ha convertido todavía en obra. El primer tramo aprobado en León es un avance tangible, aunque limitado, y la clave ahora está en transformar esa aprobación en ejecución rápida y en mantener la atención sobre el trazado gallego que, para muchos, sigue siendo la asignatura pendiente de la vertebración del noroeste.