El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció este viernes después de un Consejo de Ministros extraordinario para presentar un paquete de medidas que moviliza 5.000 millones de euros y recoge 80 medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la escalada del conflicto en Oriente Medio. La reunión arrancó con más de dos horas de retraso por el plante de los ministros de Sumar, que exigían incluir medidas de vivienda en el decreto; finalmente el Ejecutivo optó por aprobar dos reales decretos-ley, uno específico sobre vivienda y otro de carácter general con un fuerte componente energético y fiscal.

Qué contiene el paquete y a quién va dirigido

El real decreto general, explicó el presidente, se articula en dos ejes, uno coyuntural para dar respuesta inmediata y otro con medidas para impulsar la transición energética y la soberanía energética. Entre las medidas de choque figura una reducción de impuestos sobre la electricidad en torno al 60%, la rebaja del IVA eléctrico del 21% al 10%, la congelación del precio máximo del butano y el propano y una rebaja en los combustibles que puede llegar hasta 30 céntimos por litro. Ese recorte en carburantes supone, según las cuentas del Gobierno, un ahorro aproximado de unos veinte euros por depósito para un turismo medio.

Se amplían hasta diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social y se mantiene la prohibición de cortar suministros esenciales a hogares en situación de vulnerabilidad. Para la industria, que arrastra costes energéticos elevados, se ha previsto una bonificación del 80% en los peajes eléctricos y una mayor flexibilidad en los contratos de suministro para adaptarlos sin costes adicionales. La CNMC verá reforzadas sus capacidades de supervisión y sanción, y se ha anunciado un ambicioso paquete de deducciones en el IRPF para inversiones en placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, con el objetivo de que la descarbonización reduzca la dependencia exterior.

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El Ejecutivo cifra en cerca de 20 millones de hogares los beneficiarios potenciales de las medidas y en en torno a 3 millones las empresas que recibirán algún tipo de apoyo. Se trata de un intento de combinar alivio inmediato —menores facturas y ayudas directas— con estímulos fiscales para acelerar inversiones privadas en eficiencia energética. No obstante, la letra pequeña y su calendario de aplicación marcarán en buena medida el efecto real sobre las cuentas domésticas y sobre la actividad económica.

La crisis interna de la coalición y la presión de Sumar

La tensa imagen de la mañana, con ministros ausentes y largas negociaciones, dejó clara la fragilidad de la coalición cuando emergen prioridades divergentes. Sumar condicionó su participación en el Consejo a la inclusión de medidas de vivienda, un asunto que ha sido espinoso en la legislatura y que la formación considera clave para su electorado —jóvenes y clases medias con problemas de acceso a la vivienda—. El Ejecutivo decidió dividir el paquete en dos reales decretos-ley como fórmula para responder a ambas demandas, pero la propia dirección de Sumar ha anunciado que no respaldará el decreto de vivienda y que analizará “en profundidad” el decreto general.

No es la primera vez que diferencias internas tensan al Ejecutivo de coalición. En episodios anteriores, ajustes en políticas económicas y sociales motivaron confrontaciones públicas y remiendos negociados en el último minuto. Fuentes cercanas a la negociación describen un acuerdo instrumental: el Gobierno evita bloquear la respuesta urgente a la crisis energética mientras cede en abrir un segundo cauce para la vivienda, aunque sin cerrar la disputa política.

En clave gallega, las medidas energéticas han sido recibidas con mezcla de alivio y recelo. La industria de la ría —astilleros de Vigo y Ferrol, conserveras y factorías en A Coruña— necesita señales de contención de costes, pero los empresarios reclaman además claridad sobre la duración y la condicionalidad de las bonificaciones. La Xunta, desde la oposición, ha pedido agilidad en la ejecución y que el Gobierno concrete cómo se compatibilizarán las deducciones estatales con la gestión fiscal autonómica en materia de incentivos.

Evacuaciones, despliegues militares y riesgos geopolíticos

La batería de medidas económicas llega en un momento de alta tensión internacional. El Ministerio de Defensa confirmó la evacuación con éxito de 200 militares españoles desplegados en Irak, trasladados a Turquía y otros países de la zona tras una operación compleja. La ministra Margarita Robles informó en un videocomunicado de que los efectivos ya están fuera del territorio iraquí y que algunos fueron reubicados en la base aérea de Incirlik antes de su marcha hacia España. Los evacuados formaban parte de la coalición contra el Dáesh y de la misión de la OTAN en Irak.

«Podemos decir que en este momento los 200 militares están ya fuera del territorio iraquí, están ya en otros países de la zona, pero están perfectamente a salvo todos», afirmó la ministra Robles.

Las evacuaciones, no exentas de dificultades —vuelos abortados por cruces de misiles y movimientos de fuerzas—, responden a la rápida escalada tras operaciones que han incluido asesinatos selectivos y ataques a infraestructuras. El anuncio del Ejército israelí sobre la muerte del general Ismael Ahmadi, al frente de la inteligencia iraní, y la posibilidad de fases más duras del conflicto alimentan el riesgo de represalias y de nuevos episodios de inestabilidad que afectarían a precio del petróleo, rutas marinas y seguridad de bases y personal desplegado.

La doble respuesta del Gobierno —palanca económica interna y medidas para proteger a las Fuerzas Armadas y a los soldados desplegados— pretende amortiguar un choque que tiene dimensiones globales. A corto plazo, el reto será la implementación rápida de los descuentos y deducciones anunciadas y la garantía de que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. A medio plazo, la contención de la factura pública y la reconversión hacia una mayor soberanía energética plantean preguntas sobre el diseño de políticas industriales y fiscales.

El debate parlamentario y la negociación con la UE y las comunidades autónomas marcarán los próximos pasos. A falta de confirmación oficial sobre plazos de ejecución concretos, la sensación que queda es la de un Gobierno que intenta cubrir muchos frentes a la vez: proteger el consumo doméstico, sostener la actividad empresarial y reaccionar ante una crisis exterior que redefine prioridades. Para Galicia, como para el resto del país, los próximos meses serán una prueba de la capacidad del Estado para convertir medidas coyunturales en respuestas sostenibles sin hipotecar la recuperación económica. Cabe recordar que la eficacia real dependerá tanto de la rapidez administrativa como del acuerdo político para sostener las medidas en el tiempo.