La alcaldesa de Santiago ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para urgir a la Xunta de Galicia a ejecutar la retirada de los materiales acumulados en la cantera de Miramontes y a reparar ambientalmente la zona. La iniciativa llega tras la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente y tras años de reclamaciones vecinales en la parroquia de Guixoa.

La moción y las demandas del Concello

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Goretti Sanmartín detalló que la moción pretende no solo pedir la ejecución de la sentencia sino también que el pleno municipal exprese su apoyo explícito a la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y a Ferusa. El objetivo, dijo la regidora, es forzar a la administración autonómica a «activar de manera urgente» tanto la retirada de los residuos como las labores de restauración del yacimiento afectado.

El Concello, según la alcaldesa, ya se ha implicado «activamente desde el inicio del conflicto», promoviendo procedimientos administrativos y judiciales y reivindicando la protección de la salud y el medio ambiente de los vecinos. A falta de una respuesta concreta por parte de la Xunta, el gobierno municipal opta por convertir la demanda en un acuerdo político que recoja plazos y medidas preventivas.

“Queremos que la corporación municipal manifeste su apoyo a la reivindicación de la plataforma de afectadas pola canteira de Miramontes e de Ferusa, despois desa sentenza que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra o medio,” señaló la alcaldesa en su intervención.

La insistencia en un calendario no es retórica: la moción pedirá que la Xunta haga públicos plazos concretos —cuándo se retirará el material acumulado y cuándo se ejecutará la restauración ambiental— y que comunique de forma transparente los riesgos y las medidas previstas para evitar nuevos impactos en la zona. Mientras los residuos permanezcan, advirtió Sanmartín, la preocupación y los riesgos para la vecindad persistirán.

Un conflicto con historia en la parroquia de Guixoa

Miramontes no es un conflicto reciente en la memoria de los santiagueses. Cabe recordar que la polémica alrededor de la cantera se arrastra desde hace años: denuncias vecinales, expedientes administrativos y episodios de movilización social han marcado la agenda local. La condena judicial contra Tecnosolos Galaicos supone, en este sentido, un hito legal que, sin embargo, deja abierta la cuestión práctica: quién y cómo ejecutará la limpieza y la restauración.

En muchos casos similares en Galicia, la resolución de la vía penal no se traduce de inmediato en actuaciones sobre el terreno. Administraciones y empresas implicadas deben coordinar planes técnicos, financiación y contrataciones; y en ese tránsito es habitual que los plazos se dilaten. Por eso la petición del Concello de que la Xunta publique un cronograma con fechas concretas busca impedir que la sentencia quede en un mero título jurídico sin aplicación efectiva.

La parroquia de Guixoa, situada en las cercanías del casco urbano compostelano, reúne núcleos rurales y viviendas cercanas que han denunciado olores, polvo y temor a la contaminación de suelos y acuíferos. Organizaciones vecinales y ecologistas han venido reclamando estudios independientes y medidas de vigilancia que garanticen la salud pública durante el desmantelamiento y la restauración del espacio.

Repercusiones políticas y pasos previstos

Políticamente, la moción coloca a la Xunta en el centro de la responsabilidad. La administración autonómica es la competente, en última instancia, para ordenar la ejecución de la restauración ambiental en su territorio y para velar por el cumplimiento de la legislación de residuos y protección del suelo. La presión municipal y vecinal busca convertir esa responsabilidad en actuaciones visibles y con calendario.

En el corto plazo, el próximo pleno municipal será la arena donde se materialice la petición. Si la moción obtiene un respaldo amplio —tal y como pretende Sanmartín— servirá para elevar la presión pública y dotar a la Plataforma de Afectados de un mandato político municipal. A partir de ahí, las vías posibles pasan por la exigencia de la Xunta para que promueva contratos de retirada, la imposición de garantías económicas a las empresas responsables o, en última instancia, la ejecución subsidiaria por parte de la administración, si así lo permite la normativa vigente.

Los técnicos que ya han trabajado en expedientes similares recomiendan, además de un calendario, la elaboración de un plan de seguridad y salud para el desmontaje, un seguimiento riguroso de calidad de aguas y suelos y la habilitación de canales de información permanentemente abiertos a la ciudadanía. Sin estos elementos, advierten, el riesgo de que la intervención no sea integral o de que aparezcan impactos colaterales es real.

Sanmartín no dejó de subrayar la dimensión humana del conflicto: se trata de proteger a familias que llevan años conviviendo con una incertidumbre sanitaria y ambiental. “Tras esta sentencia, lo que resulta inaceptable es que no se dé una solución ambiental definitiva… Mientras se mantengan ahí materiales depositados continuará la preocupación y los riesgos para la vecindanza”, afirmó la alcaldesa, en un mensaje que resume la tensión entre la esfera judicial y la necesidad de respuestas prácticas.

La expectativa ahora es doble: que la moción prospere en el pleno y que la Xunta responda con un calendario creíble. Si eso no ocurre, las fuentes municipales advierten que se intensificarán las movilizaciones y la vía administrativa para forzar actuaciones. A la espera de pasos concretos, los vecinos de Guixoa y las organizaciones que los apoyan mantienen la vigilancia y exigen, además de justicia penal, justicia ambiental efectiva.

El conflicto de Miramontes es un ejemplo de cómo la resolución de responsabilidades legales no siempre coincide con la reparación inmediata del daño. En Galicia, con su litoral, ríos y suelos sensibles, esa discordancia tiene consecuencias palpables: por eso el reclamo del Concello compostelano apunta a transformar una sentencia en trabajo sobre el terreno y en garantías para el futuro. A falta de confirmación oficial por parte de la Xunta, la cita en el pleno marcará los próximos movimientos públicos y medirá hasta dónde está dispuesta la administración autonómica a asumir ese calendario de actuaciones.