La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció este miércoles que llevará al próximo pleno municipal una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a actuar de forma inmediata en la cantera de Miramontes, situada en la parroquia de Guixoa. Tras la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente, el Concello pide que se publique un calendario con plazos concretos para la retirada de los materiales y la restauración ambiental del espacio.

Qué ocurre en Miramontes y qué pide el Concello

La moción que presentará el gobierno local busca, además, respaldar explícitamente las demandas de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de la empresa FERUSA, que ha venido reclamando responsabilidades tras años de conflicto. En la rueda de prensa, la regidora recordó la implicación del Ayuntamiento desde el inicio del problema: «El Concello promovió todos los procedimientos posibles y ha defendido la salud, los derechos y el medio ambiente de los vecinos», dijo Sanmartín, subrayando que ese esfuerzo municipal debe traducirse ahora en un plan operativo con plazos.

La alcaldesa exigió a la Xunta que explique públicamente cuándo se retirará el material acumulado y qué medidas preventivas se van a adoptar para evitar nuevos impactos. Traduciendo las palabras que pronunció en gallego, Sanmartín manifestó:

“Lo que exigimos es que la Xunta haga público un calendario, que ponga plazos y que diga cuándo se va a retirar ese material y cuándo se va a proceder a la restauración ambiental de la zona, y también que informe de todos los riesgos y de las fórmulas que puedan evitar nuevos impactos negativos en esta área”.

La alcaldesa fue tajante al afirmar que, tras la sentencia, resulta inaceptable que no exista una solución ambiental definitiva. Advertió que, mientras los residuos permanezcan en la cantera, la preocupación y los riesgos para la vecindad se mantienen, una preocupación real en parroquias rurales como Guixoa donde el vínculo con el entorno es directo y las molestias, palpables.

Antecedentes y responsabilidades

La controversia en torno a Miramontes no es nueva: a lo largo de los últimos años el vertido y la gestión de residuos en canteras y vertederos han sido motivo de enfrentamiento entre administraciones, empresas y comunidades afectadas en varios puntos de Galicia. En este caso, la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente marca un punto de inflexión jurídico, pero no automáticamente una solución técnica ni económica para la remediación.

En el derecho ambiental español, la obligación de limpieza recae, en primera instancia, sobre el responsable del daño. No obstante, cuando el responsable es insolvente o se resiste a asumir los trabajos, la administración —en este caso la Xunta— puede verse obligada a intervenir para proteger la salud pública y el patrimonio natural. La intervención autonómica suele conllevar trámites técnicos: caracterización del material, evaluación de riesgos para suelos y aguas subterráneas, autorización de transporte y tratamiento y ejecución de la restauración paisajística y ecológica.

Vecinos y colectivos han denunciado molestias, olores y la percepción de riesgo; por eso la petición municipal incluye no solo la retirada de residuos, sino también información pública sobre los riesgos y medidas preventivas. La transparencia será clave para recuperar la confianza, ya que las actuaciones técnicas pueden durar meses e implicar control ambiental prolongado.

Repercusiones políticas y pasos siguientes

La moción que llegará al pleno sitúa a la Xunta en el foco político. Para el gobierno local, la cuestión es tanto técnica como de gestión de expectativas: solicitar un calendario público con hitos concretos (inicio de la retirada, fase de transporte a plantas autorizadas, trabajos de descontaminación y calendario de restauración) permitirá a los vecinos comprobar avances y ejercer control ciudadano.

Desde la Xunta, la respuesta deberá conjugar responsabilidades legales y disponibilidad presupuestaria. Si la administración autonómica opta por ejecutar la retirada, tendrá que identificar partida presupuestaria o activar mecanismos de recuperación del coste frente a los condenados. Si, por el contrario, exige a la empresa que cumpla voluntariamente, el tiempo de ejecución puede alargarse y el conflicto, enquistarse. En ambos escenarios, las próximas semanas serán cruciales: el pleno municipal servirá para trasladar a la Xunta un mandato político claro y un respaldo explícito a las plataformas afectadas.

Más allá de la resolución puntual del caso, el episodio remite a un debate más amplio en Galicia sobre la gestión de residuos industriales y la vigilancia sobre actividades extractivas y de tratamiento. Proyectos de restauración ambiental exitosos en la comunidad han demostrado que la intervención pública puede revertir paisajes degradados, pero requieren planificación técnica rigurosa y dotación económica. El desafío será que Miramontes no quede como otro expediente abierto sin fecha de clausura.

Para los vecinos de Guixoa y las parroquias vecinas, la demanda de Sanmartín va dirigida a convertir una sentencia judicial en hechos palpables: retirada de materiales, restauración del terreno y garantías de control. El peso político del Concello, la presión de la Plataforma y la publicidad del caso pueden forzar a la Xunta a dar pasos concretos, pero la clave estará en que ese anuncio incluya plazos verificables y un plan técnico que permita emitir informes periódicos a la ciudadanía.

La fotografía del vertedero de Miramontes seguirá siendo, mientras tanto, un recordatorio de la deuda ambiental pendiente. A falta de una respuesta inmediata, el siguiente capítulo se escribirá en el pleno municipal y en la reacción que la administración autonómica decida ofrecer: una hoja de ruta con fechas, o una nueva prolongación de un conflicto que se ha convertido en emblemático para quienes reclaman que la justicia ambiental no quede solo en sentencias, sino que se traduzca en acción.