La regidora de Santiago ha anunciado este miércoles la presentación en el próximo pleno municipal de una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a ejecutar de forma inmediata la retirada de los residuos acumulados en la cantera de Miramontes y a llevar a cabo la restauración ambiental de la zona. La iniciativa llega después de que la justicia emitiera una sentencia firme que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente en las instalaciones ubicadas en la parroquia de Guixoa, en las afueras de la ciudad.

La moción y la reclamación pública

En la rueda de prensa, Goretti Sanmartín subrayó que el Ayuntamiento se ha implicado desde el principio del conflicto y que ahora corresponde a la administración autonómica asumir sus responsabilidades. La alcaldesa pidió expresamente que la Xunta haga público un calendario con plazos concretos para la retirada del material y para la restauración paisajística y ecológica del yacimiento.

Sanmartín anunció que la moción pretende además respaldar a la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y a Ferusa, organizaciones que han venido reivindicando una solución definitiva. La moción, dijeron fuentes municipales, incluirá el requerimiento de información sobre los riesgos detectados, las medidas preventivas adoptadas hasta ahora y el plan técnico que garantice la protección de la vecindad.

“Tras esta sentenza, o que resulta inaceptable é que non se lle dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza.”

La alcaldesa insistió en que la permanencia de residuos en la cantera mantiene abiertas las incertidumbres sobre posibles afecciones a la salud pública y al entorno. “No pedimos gestos: pedimos plazos y concreción”, remarcó. A falta de confirmación oficial por parte del gobierno autonómico, el Consistorio reclama que la Xunta asuma el coste de las actuaciones si así lo determina la responsabilidad administrativa o judicial.

Antecedentes: un conflicto que llega tras años de denuncias

La polémica en torno a la cantera de Miramontes viene de lejos. Vecinos de la parroquia de Guixoa y colectivos ecologistas han denunciado durante años la acumulación de materiales no autorizados y la falta de control efectivo sobre la actividad en el interior de la explotación. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, que considera probado un delito contra el medio ambiente cometido por Tecnosolos Galaicos, marca un punto de inflexión jurídico pero no resuelve por sí sola las obligaciones prácticas de reparación.

Los casos de rellenos ilegales y vertidos incontrolados en canteras son un problema recurrente en Galicia, con episodios concluidos en sentencias judiciales que luego chocan con la complejidad técnica y administrativa de las restauraciones. En Miramontes, la combinación de la orografía del terreno, la proximidad a áreas residenciales y la existencia de acuíferos superficiales convierte cada retraso en un motivo de alarma para la población local.

El Ayuntamiento de Santiago, según explicó Sanmartín, ha agotado los recursos administrativos a su alcance y ha promovido procedimientos para proteger la salud y los derechos de los vecinos. Aun así, la acción directa sobre la cantera depende principalmente de la Xunta, titular de competencias medioambientales y de gestión de residuos en la comunidad autónoma.

Repercusiones políticas y próximos pasos

La moción que se llevará al pleno apunta a poner presión política sobre la Xunta, cuya respuesta será observada con atención por partidos y organizaciones vecinales. Para el gobierno local es una forma de traducir la sentencia judicial en obligaciones concretas: del fallo se deduce responsabilidad penal, pero la ejecución material —retirada de residuos, descontaminación y restauración— exige planes técnicos, adjudicaciones y financiación.

Fuentes municipales señalan que, además de la petición de un calendario, el texto exigirá la creación de mecanismos de control y transparencia, con visitas técnicas periódicas y comunicación pública sobre cada fase de la intervención. En paralelo, la Plataforma de Afectados ha anunciado que seguirá los pasos administrativos y estudiará la posibilidad de reclamaciones civiles si la solución se demora.

Desde el punto de vista político, el caso puede tensar las relaciones entre el Concello y la Xunta, especialmente si la actuación se percibe como slow o insuficiente. La situación trasciende lo local: se trata de la gestión de residuos y del cumplimiento de sentencias ambientales en Galicia, un asunto que ya ha provocado debate en otras comarcas y que llega en un momento sensible para las políticas de sostenibilidad regional.

Los técnicos que deberán elaborar el proyecto de restauración tendrán por delante una tarea compleja: evaluar el tipo de materiales depositados, realizar estudios de movilidad de contaminantes, proponer medidas de descontaminación y, finalmente, ejecutar la reparación del paisaje. Todo ello con plazos medibles y con la participación de las administraciones implicadas y de la propia veciñanza.

La jornada de este miércoles ha servido para recalcar una idea que repiten los afectados: una condena judicial no puede quedarse en una frase. Hace falta transformar el fallo en acción tangible. Mientras tanto, la inquietud de quienes viven cerca de Miramontes no desaparece; la petición de la alcaldesa es clara y expresa la sensación de urgencia que comparten vecinos, organizaciones y responsables locales.

En las próximas semanas se conocerá el contenido concreto de la moción, su aprobación en el pleno y la reacción de la Xunta. El reto es técnico y político a la vez: conseguir que la sentencia se traduzca en una solución ambiental definitiva y verificable, que ponga fin a un conflicto que acumula años de denuncias y que ha dejado una marca en el paisaje y en la confianza de la veciñanza.