Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, anunció este miércoles que llevará al próximo pleno una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para reclamar a la Xunta de Galicia la retirada urgente de los residuos acumulados en la cantera de Miramontes y la restauración ambiental de la zona. La iniciativa responde a la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente; la regidora advierte de que mientras los materiales permanezcan allí, persistirán los riesgos y la preocupación entre los vecinos de la parroquia de Guixoa.

La moción y las demandas del Concello

En la rueda de prensa, Sanmartín dejó claro que el objetivo del texto que se someterá a debate en el pleno municipal es doble: por un lado, exigir a la administración autonómica que active los procedimientos necesarios para retirar el vertido; por otro, que publique un calendario con plazos concretos para la extracción del material y para la posterior restauración ambiental. La alcaldesa solicitó además que se informe a la población sobre los riesgos detectados y las medidas de prevención que se aplicarán para evitar nuevos impactos.

“Lo que exigimos es que la Xunta haga público un calendario, que ponga plazos y que diga cuándo se va a retirar ese material, y cuándo se va a proceder a la restauración ambiental de la zona; y también que informe de todos los riesgos y de todas las fórmulas que puedan evitar nuevos impactos negativos en esta zona”.

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El Concello, explicó la regidora, se ha implicado «activamente desde el inicio del conflicto», promoviendo los procedimientos administrativos y defendiendo la salud y los derechos de la vecindad. Ahora busca con la moción articular el respaldo institucional a las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa, entidades que han venido denunciando el problema y que celebraron la sentencia judicial.

Antecedentes judiciales y el origen del conflicto

La polémica alrededor de Miramontes no es nueva. La explotación de la cantera y el depósito de residuos en parcelas de la parroquia de Guixoa han generado tensiones durante años entre vecinos, administraciones y empresas implicadas. La Audiencia Provincial de A Coruña dictó una sentencia firme que atribuye a Tecnosolos Galaicos la comisión de un delito contra el medio ambiente por la actividad desarrollada en esas instalaciones, un fallo que, según el Concello, debería implicar ya la ejecución de medidas de reparación.

Históricamente, los conflictos de este tipo en Galicia han puesto de manifiesto la dificultad para conjugar actividad económica, control administrativo y protección ambiental. La competencia para la inspección y corrección de vertidos recae, en gran medida, en la Xunta, y en casos complejos la vía judicial suele tardar años hasta fijar responsabilidades. Es precisamente esa demora —y la sensación de impunidad que genera en los afectados— lo que la alcaldesa pretende contrarrestar con la presión política local.

La plataforma de afectados y organizaciones cercanas denuncian no solo el impacto visual y paisajístico, sino posibles afecciones para la salud pública y el entorno rural. Aunque los detalles técnicos sobre la naturaleza exacta de los residuos no han sido difundidos en la rueda de prensa, la petición del Concello incluye la exigencia de que la Xunta haga públicos los riesgos concretos y las actuaciones preventivas previstas.

Riesgos, responsabilidades y próximos pasos

La moción llegará al pleno con la intención de forzar a la Xunta a dar una respuesta concreta. De entrada, la presión política pretende convertir una sentencia judicial en un calendario de ejecución: quién retira, cuándo, y con qué financiación. En Galicia, la ejecución de medidas de restauración puede implicar desde la obligación para la empresa condenada a asumir costes hasta la adopción de medidas subsidiarias por parte de la administración si el responsable no cumple; la alcaldesa quiere evitar que la responsabilidad quede en un limbo.

Los vecinos de Guixoa, que llevan tiempo movilizados, seguirán pendientes de los pasos que dé la administración autonómica. Si la Xunta no hace público un plan de trabajo y plazos concretos, la sensación de abandono puede traducirse en más movilizaciones y en un desgaste político para quienes gestionan las competencias medioambientales en el Gobierno gallego. En paralelo, el Concello mantiene su disposición a proseguir con las vías administrativas y judiciales que estime oportunas para proteger la salud pública y el patrimonio natural.

Fuentes municipales señalan que la actuación técnica para la retirada y la restauración exigirá una evaluación previa, proyecto de descontaminación y vigilancia posterior; todo ello con costes y plazos que deben calibrarse, pero que no pueden convertirse en excusa para la inacción. Además de la ejecución material, la alcaldesa reclama transparencia: información accesible para la población y canales claros para que los afectados puedan conocer el avance de las labores.

La moción en el pleno será, a corto plazo, el termómetro político de la cuestión. Si recibe el apoyo mayoritario del Ayuntamiento, la Xunta quedará en el foco: tendrá que explicar si asumirá la dirección de las tareas, si exigirá a la empresa condenada que actúe de inmediato o si optará por medidas subsidiarias. En cualquier caso, la exigencia municipal habla de un hartazgo social que ya no admite respuestas dilatorias.

La parroquia de Guixoa y la propia ciudad de Santiago observan con atención cómo se resuelve un episodio que combina responsabilidad empresarial, control público y la angustia de una comunidad afectada. La próxima sesión plenaria marcará el calendario político; lo que suceda después —retirada efectiva, proyecto de restauración, comunicación a la ciudadanía— dirá si la sentencia firme se traduce en una solución ambiental definitiva o en un nuevo capítulo de promesas incumplidas.