La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunció este miércoles que llevará al próximo pleno municipal una moción conjunta de BNG y Compostela Aberta para instar a la Xunta de Galicia a asumir responsabilidades y activar de forma urgente la retirada de los residuos acumulados en la cantera de Miramontes, en la parroquia de Guixoa. La petición llega tras la sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condenó a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente, y pretende forzar a la administración autonómica a publicar plazos concretos para la restauración ambiental de la zona.

La moción municipal y la demanda de un calendario

En la rueda de prensa de presentación de la moción, Sanmartín subrayó que el Ayuntamiento se ha implicado «activamente desde el inicio del conflicto», promoviendo «todos los procedimientos posibles» para proteger la salud y los derechos de la vecindad. A falta de una iniciativa clara por parte de la Xunta, la alcaldesa busca que el pleno municipal respalde las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa, la entidad que ha venido acompañando a los vecinos en la tramitación y en la denuncia pública.

El núcleo de la petición es simple en su formulación pero complejo en su ejecución: que la Xunta haga público un calendario con plazos para la retirada del material depositado y para la restitución ambiental del espacio, además de informar «de todos os riscos» y explicar las fórmulas previstas para evitar nuevos impactos. «O que esiximos é que a Xunta faga público un calendario, que ponga prazos e que diga cando se vai retirar ese material, e cando se vai proceder á restauración ambiental da zona», afirmó la regidora, en declaraciones en gallego que resumen la impaciencia que sienten las familias de Guixoa.

La alcaldesa también recordó que la sentencia contra Tecnosolos es firme, lo que, en su opinión, hace inaceptable que aún no exista una solución ambiental definitiva. «Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza», añadió, una advertencia que recoge la frustración acumulada tras años de denuncias, análisis y concentraciones vecinales en torno a la antigua cantera transformada en vertedero.

Qué implica la condena y quién debe actuar

La condena de la Audiencia Provincial abre la vía penal para la responsabilidad de la empresa condenada, pero no sustituye el papel que tiene atribuido la administración pública en materia de gestión de residuos y restauración de espacios degradados. En Galicia, la Xunta es la autoridad competente para autorizar, controlar y, en última instancia, coordinar la intervención en casos de impacto ambiental de esta naturaleza. Por eso Sanmartín centra su presión en la administración autonómica: el Ayuntamiento no dispone de las competencias ni, en la mayoría de los casos, de los recursos financieros para llevar a cabo la retirada y descontaminación a gran escala.

También existe, en paralelo, la vía civil para reclamar costes de reparación y la obligación de garantizar la seguridad de la población afectada. Fuentes del movimiento vecinal insisten en que la presencia de residuos, además de la cuestión legal, supone riesgos reales: olores, polvo, posible lixiviación hacia acuíferos y afección a terrenos agrícolas cercanos. No es la primera vez que comunidades rurales de la provincia alertan sobre este tipo de problemas; la memoria ambiental de la comarca incluye episodios de cierre de pozos, análisis de suelos y reclamaciones por depreciación de la vivienda.

Historia local y expectativas vecinales

La cantera de Miramontes lleva años en el foco del debate público en Santiago. A ojos de los vecinos de Guixoa, la sentencia judicial representa una victoria simbólica, pero también la necesidad de pasar de la palabra a la acción. La Plataforma de Afectados lleva tiempo reclamando una intervención que no se limite a actuaciones puntuales de contención, sino que incluya la retirada integral de los residuos, el control de posibles contaminantes y un plan de restauración que devuelva el espacio a usos compatibles con la salud pública y el medio ambiente.

En el plano político local, la moción conjunta entre BNG y Compostela Aberta refleja además una estrategia para canalizar la presión ciudadana en la agenda del pleno. Sanmartín, como alcaldesa, puede emplear el respaldo institucional como palanca para forzar a la Xunta a explicar qué medidas piensa adoptar y en qué plazo. Si la Xunta responde con un calendario claro, la presión se podrá traducir en seguimiento técnico y social; si no lo hace, el conflicto puede escalar con nuevas movilizaciones y reclamaciones jurídicas.

Es relevante tener en cuenta que estas disputas no solo afectan a Guixoa. La gestión de residuos y la restauración de espacios degradados es un tema recurrente en Galicia, donde antiguas canteras, vertederos ilegales y explanadas industriales plantean retos de largo recorrido. La resolución de Miramontes puede convertirse en precedente político y técnico para otros casos pendientes en la comunidad.

En términos prácticos, la clave estará en dos preguntas: quién pagará la retirada y la restauración —la empresa condenada, la administración o una combinación de ambas— y cuál será el calendario realista de trabajos. La alcaldesa ha pedido transparencia total sobre costes, plazos y medidas de prevención, una exigencia que la ciudadanía respalda tras años de incertidumbre.

El Ayuntamiento de Santiago ya ha mostrado su disposición a continuar apoyando las reivindicaciones de la Plataforma y a impulsar las actuaciones que estén en su mano. Pero la responsabilidad de ejecutar a gran escala recae sobre la Xunta. El próximo pleno servirá para que la corporación municipal fije una posición común y para medir la reacción de los grupos políticos: si la moción logra unanimidad será una señal potente; si queda fragmentada, el mensaje se debilitará.

Mientras tanto, los vecinos de Guixoa mantienen la vigilancia. La sentencia firme supone un hito, pero no soluciona por sí misma la presencia física de los residuos. La espera por un calendario y por actuaciones concretas alimenta una sensación de agravio que puede convertirse en motor de nuevos actos de protesta si la Xunta demora su respuesta. A fin de cuentas, la reclamación es simple y legible: una solución ambiental definitiva y plazos claros para poder pasar página.

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