En la mañana del 20 de marzo de 2026, la alcaldesa de Santiago anunció que llevará al próximo pleno municipal una moción conjunta del BNG y Compostela Aberta para reclamar a la Xunta de Galicia la retirada urgente de los residuos depositados en la cantera de Miramontes y la restauración ambiental de la zona. La petición, defendida con dureza por la regidora, pretende además respaldar las demandas de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de Ferusa tras la sentencia firme que condena a una empresa por un delito contra el medio ambiente.

La moción y las exigencias de la alcaldesa

Goretti Sanmartín dejó claro que el Ayuntamiento ha actuado desde el inicio del conflicto y que ahora la responsabilidad recae sobre la administración autonómica para ejecutar las medidas que la justicia ha impuesto. Según explicó en rueda de prensa, la moción pedirá a la Xunta que haga público un calendario con plazos concretos sobre cuándo se procederá a la retirada del material y cuándo se llevará a cabo la restauración ambiental del entorno en la parroquia de Guixoa.

En sus palabras, la alcaldesa subrayó la necesidad de transparencia: que la Xunta informe de los riesgos existentes y de las medidas de prevención que adoptará para evitar nuevos impactos. “Queremos que la corporación municipal manifieste su apoyo a la reivindicación de la plataforma de afectadas pola canteira de Miramontes e de Ferusa, despois desa sentenza que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra o medio pola actividade desenvolvida nesas instalacións na parroquia de Guixoa”, dijo Sanmartín en gallego, apelando al tono comunitario que ha caracterizado las protestas vecinales.

“Tras esta sentencia, o que resulta inaceptable é que non se lle dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza”.

La alcaldesa reclamó además que la Xunta publique no solo fechas, sino también protocolos de actuación: planes de extracción, gestión de residuos, trazabilidad del material y medidas de control sanitario para la población cercana. A falta de confirmación oficial por parte del Gobierno autonómico, la carta del Concello es clara: no habrá excusas administrativas ni demoras que prolonguen la incertidumbre para las familias afectadas.

Un conflicto con historia

La polémica en torno a la cantera de Miramontes no es nueva. Desde hace años los vecinos de Guixoa y las aldeas próximas vienen denunciando vertidos irregulares, olores, polvo y el temor a la contaminación de suelos y acuíferos. No es la primera sentencia judicial en la materia, pero sí una de las más relevantes por haberse convertido ya en firme tras la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña, que responsabiliza a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente.

En Galicia, las polémicas por gestión de residuos y restauración de canteras han marcado la agenda local en varias comarcas, y Miramontes ha funcionado como símbolo de un problema que mezcla incumplimientos empresariales, lagunas en la supervisión y la frustración de la ciudadanía. La Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes, que agrupa a vecinos y vecinas de la zona, ha mantenido movilizaciones, denunciado ante administraciones y presionado para que la sentencia se traduzca en actuaciones reales y auditables.

También figura en el tablero la empresa Ferusa, cuyos intereses y reclamaciones han estado vinculados a las discusiones sobre la gestión del espacio. Mientras tanto, la parroquia de Guixoa —emplazada en el término municipal de Santiago pero con características claramente rurales— ha sentido en primera persona las consecuencias ambientales y sociales: pérdida de tranquilidad, inquietud por la salud y el desgaste de la convivencia local.

Repercusiones y próximos pasos

La moción que se llevará al pleno tiene una función tanto jurídica como simbólica. Por un lado busca forzar a la Xunta a ejecutar de forma inmediata lo que la justicia ha ordenado; por otro, pretende poner el foco público sobre un problema que el Ayuntamiento considera resuelto en los términos judiciales, pero pendiente de ejecución material. Si la corporación aprueba la iniciativa, el Gobierno autonómico enfrentará una presión renovada desde la capital provincial y desde la opinión pública local.

Administrativamente, la ejecución de una sentencia de este tipo puede abrir procesos de ejecución forzosa si la parte condenada no cumple. También es posible que la Xunta, a la vista del consenso municipal, impulse actuaciones propias o subcontrate la retirada del material, recuperando costes mediante medidas administrativas o sancionadoras. No obstante, esas fórmulas requieren tiempo y recursos, y serán examinadas con lupa por la plataforma y por grupos políticos de la ciudad.

En clave política, la iniciativa conjunta del BNG y Compostela Aberta muestra una coordinación del gobierno local y una voluntad de mantener el tema en la agenda pública. No es la primera vez que Santiago reclama mayor implicación autonómica en materia ambiental; sí puede ser, sin embargo, una prueba de fuego para calibrar la respuesta de la Xunta ante un conflicto con sentencia firme y amplio respaldo social.

Para la vecindad, lo urgente es la seguridad y la salud. Los residentes piden garantías medibles: análisis de agua, seguimiento de calidad del aire, protocolos de actuación durante los trabajos de retirada y un cronograma que evite que la ejecución se dilate indefinidamente. Según fuentes cercanas a la plataforma, la paciencia se ha agotado y esperarán resultados concretos antes de desconvocar movilizaciones.

La historia de Miramontes volverá a ocupar un hueco en el pleno municipal y en las conversaciones de la comarca. Si la Xunta publica el calendario que exige el Concello y se pone en marcha la restauración, será una victoria administrativa y social. Si no lo hace, la alcaldesa y la ciudadanía parecen dispuestas a elevar el tono de sus reclamaciones hasta lograr la reparación ambiental que, a su juicio, la sentencia ya demanda.

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