El sector primario de Galicia recibe con cautela el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo central el pasado viernes, que incluye un descuento de 20 céntimos por litro en carburantes y ayudas para fertilizantes. Representantes de agriculturas, ganadería, pesca y transporte valoran «toda ayuda», pero advierten que la medida no cubre el fuerte incremento de costes que se concentra en los próximos meses en el campo gallego.

Reacciones en el campo y en la mar

Desde Santiago a la costa lucense, las opiniones coinciden en la prudencia. Óscar Pose, responsable lácteo de Unións Agrarias, apunta que cualquier inyección de liquidez alivia, pero que la situación a pie de explotación es más grave de lo que permiten atajar 20 céntimos por litro. «Toda ayuda en la situación actual es positiva, pero no cabe duda de que son insuficientes para la situación de ahora, la cual se prevé que se complique», dijo a este periódico, poniendo el acento en que la primavera concentra entre el 60%-70% de los gastos anuales de una granja.

No es un argumento abstracto: estamos en época de recogida de forraje, abonados y siembra de maíz, labores que exigen combustible, fertilizantes y mano de obra intensiva. A ello se suma la preocupación de los lácteos por posibles intentos de reducir precios en origen, una práctica que Pose reclama combatir aplicando la ley de la cadena alimentaria con mayor firmeza. En paralelo, las cofradías y pósitos de Lugo, representadas por Basilio Otero, piden «tener por escrito» los detalles de las ayudas porque, según él, existe «confusión» sobre su alcance y duración.

Los transportistas gallegos también se muestran expectantes. Para la asociación Vieiros, su secretario general, Alberto Vila, reconoce que el descuento de 20 céntimos era una de las reivindicaciones, pero advierte que aún queda por ver «negro sobre blanco en el BOE» cómo se implementará y durante cuánto tiempo. La reclamación de transparencia en los plazos y en los mecanismos de activación vuelve a colocarse en primer plano después de episodios de protestas y tractoradas que se vivieron en Galicia en los últimos meses, cuando los precios del gasóleo agrícola dispararon la tensión en las explotaciones.

Por qué el sector considera las medidas insuficientes

Más allá del impacto simbólico, los representantes del campo calculan que las ayudas anunciadas no compensan del todo la subida reciente del combustible ni el encarecimiento de insumos como los fertilizantes. El Gobierno ha diseñado un paquete de 5.000 millones con 80 medidas, que, según el presidente Pedro Sánchez, beneficiará a los 20 millones de hogares y a unas 3 millones de empresas en España. No obstante, el problema para muchos productores gallegos es práctico: la ayuda debe llegar ahora, en mayo y junio, cuando se concentra la inversión y cuando los márgenes son más estrechos.

Los técnicos recuerdan que la bajada del IVA en los carburantes del 21% al mínimo permitido por la Unión Europea, el 10%, y la potencial rebaja de hasta 30 céntimos calculada por el Ejecutivo, son medidas que repercutirán en el consumidor, pero no siempre alivian rápidamente la tesorería de una explotación. Sánchez calculó que solo la rebaja del IVA supondría hasta 20 euros por vehículo, una cifra que ayuda, pero que no soluciona la presión sobre los costes de producción cuando la factura del gasóleo agrícola se ha duplicado o triplicado en semanas.

En este escenario, la exigencia de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenga mayores capacidades sancionadoras es bien recibida en las granjas y cofradías. Las organizaciones agrarias han denunciado supuestos comportamientos especulativos de algunas compañías tras la subida del gasóleo agrícola, y piden que las ayudas públicas no terminen beneficiando a intermediarios. El mensaje del Ejecutivo de sancionar a quien «saque tajada» de la crisis encontró eco, pero los productores piden demostraciones rápidas de esa voluntad coercitiva.

Qué queda por decidir y cómo afectará a Galicia

El calendario marca ahora la clave: las medidas entrarán en vigor tras su publicación en el BOE, y será entonces cuando empezarán a conocerse los detalles sobre plazos, sujetos beneficiarios y mecanismos de control. La petición de los sectores gallegos es concreta: reglas claras, aplicación ágil y control efectivo para evitar desvíos. La experiencia reciente de Galicia, con movilizaciones como las tractoradas en Lugo contra acuerdos comerciales internacionales y por el encarecimiento de insumos, demuestra que los plazos administrativos y la falta de concreción agravan la tensión social.

En la práctica, los agricultores y ganaderos pedirán que las ayudas para fertilizantes lleguen antes de las campañas de abonado y siembra y que el descuento en carburantes sea aplicable de forma directa al gasóleo agrícola y al transporte que vertebra la distribución del producto gallego. Los pescadores, a través de las cofradías, exigen lo mismo para el gasóleo de la flota y recuerdan la estacionalidad de su actividad: las campañas de la ría y la costa norte de Lugo requieren respuesta rápida para no perder días de pesca o ver precios en origen comprimidos.

Políticamente, la gestión del paquete anticrisis puede medirse en Galicia tanto por la percepción de apoyo estatal como por la capacidad de la Xunta y los ayuntamientos para hacer pedagogía con el sector y agilizar ayudas complementarias. A falta de confirmación oficial sobre plazos y condiciones, las organizaciones agrarias insisten en que no basta con medidas parciales: reclaman una política integral que combine ayudas directas, control de la cadena alimentaria y protección frente a prácticas especulativas.

El campo gallego, con su mezcla de pequeñas explotaciones familiares y empresas medianas que producen leche, carne, maíz y mariscos, busca respuestas rápidas. Si el BOE concreta plazos y controles, las protestas podrían amainar; si las medidas son percibidas como insuficientes o lentas, la temporada de movilizaciones no estaría cerrada. En cualquier caso, la próxima quincena será decisiva para saber si las ayudas alivian de verdad la cuesta de primavera o si las demandas del sector rural gallego piden todavía más músculo público y más vigilancia del mercado.

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