Culleredo ha puesto en marcha una revisión profunda de su espacio público para desmontar honores vinculados al franquismo. El gobierno local elevará al pleno del 31 de marzo una propuesta para revocar la condición de hijos adoptivos a dos personas señaladas por su papel en la dictadura y renombrar dos calles conmemorativas. La medida se apoya en un informe del área de Cultura y en décadas de investigación local sobre la memoria histórica.

Qué se propone y por qué

La iniciativa afecta a Ricardo Catoira Garaboa, nombrado hijo adoptivo en 1955, y a Diego Salas Pombo, distinguido en 1945. El expediente municipal documenta la implicación de ambos en el mantenimiento del régimen: Catoira figura en expedientes relacionados con la gestión del Pazo de Meirás y la entrega de la Casa Cornide a Carmen Polo, y Salas ocupó puestos como gobernador civil y procurador en Cortes, llegando a votar en 1976 contra la Ley para la Reforma Política. El Concello expone que mantener esos honores entra en contradicción con la propia Ley de Memoria Democrática.

También se plantean cambios en el callejero: la calle Sanjurjo de Carricarte, en O Burgo, pasará a llamarse calle Párroco José Ferreiro, atendiendo a una petición vecinal que reivindica la figura de un cura volcado con los más necesitados; y la calle dedicada a Narciso Pardo, en Liñares, se rebautizaría como calle Tolerancia, término elegido para subrayar valores democráticos frente a la exaltación autoritaria.

El alcalde, José Ramón Rioboo, resumió la intención del gobierno local en una frase que ha repetido en reuniones con asociaciones: es una «medida firme en cumprimento da lei de memoria democrática como acto de xustiza e dignidade». No es la primera intervención municipal en este sentido en la comarca, pero sí una de las más ambiciosas por la cantidad de honores y vías que afectan.

La investigación que sustenta el cambio

Detrás de la propuesta hay trabajo archivístico y relatos locales reunidos por el historiador municipal jubilado Carlos Pereira y por técnicos del área de Cultura. Los expedientes recuperados incluyen actas de consejos de guerra sumarísimos —en las que figura el nombre de Eduardo Sanjurjo de Carricarte como vocal ponente— y fotografías de actos públicos en los que dirigentes falangistas eran homenajeados. La documentación ha servido para justificar, en términos administrativos y jurídicos, la necesidad de retirar honores que exaltan a responsables o beneficiarios del régimen.

La disposición municipal subraya que la revocación no pretende ocultar la historia ni reescribirla, sino dejar de ensalzar públicamente a quienes participaron en la represión. Cabe recordar que el pasado verano Culleredo celebró la recepción de los restos de dos guerrilleros antifranquistas locales, José Galán «Dereito» y Manuel Ramiro Souto, antes de su traslado a Almeiras, gesto que marcó la voluntad de reparar a las víctimas de la dictadura a nivel local.

En términos prácticos, retirar la condición de hijos adoptivos conllevará la retirada de placas y menciones institucionales y la actualización del callejero municipal. El Concello asegura que el expediente se ha trabajado para minimizar riesgos de impugnación: se ha reunido la documentación histórica necesaria y se ha seguido el cauce administrativo previsto para estos casos.

Reacciones previsibles y medidas complementarias

La propuesta generará sin duda reacciones encontradas. En sectores conservadores y entre familias vinculadas a las figuras afectadas se anticipan críticas que invocarán la preservación de la memoria histórica como argumento para mantener nombres y placas. Desde las asociaciones memorialistas y parte de la sociedad civil la respuesta ha sido positiva: consideran que retirar honores es una obligación democrática. Según fuentes cercanas al gobierno local, el equipo ha intentado abrir cauces de diálogo con vecinos para explicar el alcance del cambio.

Además del debate político, la decisión tiene impactos prácticos: el cambio de denominaciones obliga a la emisión de nuevos planos, la sustitución de señales y la actualización de bases de datos municipales y servicios postales. El Concello prevé coordinar esas labores con la administración provincial para que el proceso sea ordenado y con el menor coste posible. A su vez, los historiadores locales insisten en algo más: acompañar la sustitución de nombres con propuestas didácticas en colegios y con señales informativas que expliquen el porqué del cambio, para que no se limite a un gesto nominal.

En el horizonte jurídico existe la posibilidad de alegaciones y recursos. El procedimiento administrativo permite a afectados y particulares presentar alegaciones durante el período de exposición pública; después, la aprobación en pleno dará carácter definitivo a la modificación, salvo que se interpongan recursos contencioso-administrativos.

En la práctica local, el peso de las palabras y los símbolos en el callejero importa tanto como la gestión cotidiana. Renombrar una vía en O Burgo o en Liñares es alterar rutinas: introducir un nuevo nombre en buzones, en negocios o en la memoria colectiva. Pero para muchos residentes ese pequeño trabajo cotidiano supone también reparar una injusticia simbólica. Culleredo se somete ahora a una votación que, más allá del resultado inmediato, abre un debate sobre cómo los municipios gallegos afrontan la memoria del franquismo y la manera en que quieren ser recordados por las próximas generaciones.

Te puede interesar:

• La población extranjera con residencia legal crece el doble en Galicia que en la media española
• Fallece un hombre de 73 años tras volcar su tractor en una finca cerca de Queizán, O Corgo