Vigo — El Ejecutivo ha puesto hoy en marcha un paquete de ayudas dirigidas a la flota española para intentar contener el impacto del encarecimiento del gasóleo marítimo provocado por la escalada en Oriente Medio. La medida, anunciada tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, contempla una línea con un presupuesto inicial de 25 millones de euros y una supresión temporal de la tasa sobre la pesca fresca hasta el 30 de junio. Las subvenciones se calcularán “equivalentes a los 20 céntimos por litro”, aunque el importe final dependerá del consumo de cada buque, las artes de pesca y el caladero en que faena.

Medidas anunciadas y cómo se calcularán las ayudas

Según la información facilitada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las ayudas no serán un descuento uniforme por litro: cada embarcación recibirá una compensación que tendrá en cuenta su consumo diario, el coste semanal del carburante y los días efectivos de actividad. También se valorará si la flota opera en caladero nacional o internacional y qué artes de pesca utiliza, un detalle relevante puesto que el gasto de combustible del cerquero no es comparable al de un arrastrero de media distancia.

La supresión temporal de la tasa sobre la pesca fresca pretende aliviar la carga fiscal sobre lonjas y comercializadores en un momento de fuertes presiones sobre márgenes. El Ejecutivo anuncia que estas medidas entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, algo previsto para este fin de semana, y que la línea de 25 millones podrá ampliarse en función de la demanda y de la evolución del conflicto internacional.

El Ministerio ha venido señalando además que los costes no sólo se han disparado por el carburante: el aumento de precios energéticos repercute en la congelación, en los envases y en la logística. A ello se suma la dificultad para rotar tripulaciones ante el cierre de determinados espacios aéreos, un problema que ya está afectando a embarcaciones que faenan en caladeros alejados.

Reacciones del sector y demandas pendientes

La respuesta de armadores y cofradías de Galicia ha sido inmediata y crítica. Para muchos representantes la ayuda es insuficiente frente a unos precios que marcan repostajes por encima de 1,1 y hasta 1,2 euros por litro dependiendo del puerto y del momento del día. «Son axudas moi escasas. Estamos falando de 20 céntimos por litro cando o combustible está altísimo», señaló a este diario el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, quien advirtió que habrá barcos que opten por quedarse en el muelle si la situación no mejora.

«Incluso con esta ayuda de 20 céntimos habrá barcos que no serán capaces de hacer rentable su actividad y que pensarán seriamente en quedarse en el muelle»,

dijo por su parte Javier Garat, secretario general de la patronal Cepesca, apuntando a una situación que dependerá de cómo evolucione el conflicto y la volatilidad del mercado energético.

En las últimas reuniones con el Ministerio, el sector había reclamado apoyos más amplios: solicitaron una rebaja mínima de 30 céntimos por litro, que las ayudas se concedan por barco y no por empresa, y que el umbral de ayudas de minimis pase de los actuales 40.000 euros a 400.000 euros para atender mejor a las sociedades armadoras. También han planteado la eliminación del IVA aplicado a los productos del mar, la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y un aumento de la flexibilidad interanual de las cuotas de un 10% al 25%.

Qué puede pasar ahora: escenarios y próximos pasos

La medida del Gobierno pretende dar un respiro inmediato, pero no resuelve el problema estructural ni el riesgo de paralización de actividades. En puertos gallegos como Ribeira, Vigo y Vilagarcía, responsables de flota y patrones discuten ya la conveniencia de faenar jornadas más cortas o limitar salidas para ajustar costes. La imagen del cerquero Playa de Covas faenando en Arousa contrasta con la sensación de urgencia en las lonjas: la sardina y otras especies de cola fina tienen precio de mercado, pero el margen operativo se estrecha.

Cabe recordar que las ayudas europeas o la coordinación a nivel comunitario suelen marcar los límites de lo que los Estados pueden otorgar sin vulnerar las normas de competencia. A falta de confirmación oficial sobre la ampliación del presupuesto, fuentes cercanas al sector señalan que habrá que vigilar la letra pequeña del real decreto: quiénes serán beneficiarios, cómo se calculará el consumo real y si las ayudas cubrirán también costes indirectos como la refrigeración y el transporte.

En la práctica, la efectividad de la ayuda depende de dos variables: la duración del conflicto que impulsa los precios y la capacidad de los mercados para estabilizarse. Si los precios del petróleo y del gasóleo continúan en niveles elevados, una compensación fija por litro podrá quedarse corta; si, por el contrario, la tensión remite pronto, la medida servirá como puente hasta la normalización.

Desde la política local, la defensa de la pesca gallega volverá a ocupar espacio en el Parlamento autonómico: no es la primera vez que la comunidad reclama instrumentos especiales para su flota, y la presión para modificar límites de minimis o para activar exenciones fiscales volverá a intensificarse. A medio plazo, la flota reclama también mayor previsibilidad en políticas energéticas y en la transición hacia combustibles alternativos, donde la inversión inicial choca con márgenes ajustados.

El Gobierno, por su parte, tiene por delante la tarea de demostrar si estos 25 millones son realmente ampliables y cómo compensará a quienes quedan fuera por cuestiones de formalidad administrativa o por el tope comunitario. Para la gente del mar, la cuenta no sale sólo con cifras sobre el papel: depende de cuántos litros consume cada barco, de los días que pueda faenar y de la rapidez con que se traduzca esta ayuda en caja en los puertos. El pulso entre medidas temporales y soluciones estructurales continuará siendo la clave en las próximas semanas.

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