La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una moción conjunta del BNG y de Compostela Aberta para exigir a la Xunta de Galicia la retirada urgente de los materiales acumulados en la cantera de Miramontes, en la parroquia de Guixoa, y la restauración ambiental de la zona. La petición llega después de que la Audiencia Provincial de A Coruña dictara una sentencia firme que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente, y ante la persistente inquietud de la vecindad por los riesgos asociados al vertedero.

La moción municipal y la presión sobre la Xunta

Sanmartín ha explicado en rueda de prensa que la iniciativa pretende forzar a la administración autonómica a asumir «as responsabilidades» que le corresponden y a publicar un calendario con plazos concretos para la retirada de los residuos y la restauración del paisaje afectado. El Concello, según la regidora, se ha implicado desde el inicio del conflicto y considera lógico seguir respaldando las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y de la empresa Ferusa, que llevan años reclamando soluciones efectivas.

La moción busca además que el pleno muestre apoyo institucional a esas reivindicaciones y que la Xunta detalle las medidas de prevención que pretende adoptar para evitar nuevos impactos. «O que esiximos é que a Xunta faga público un calendario, que poña prazos e que diga cando se vai retirar ese material, e cando se vai facer proceder a restauración ambiental da zona; e tamén que informe de todos os riscos, de todas as fórmulas que poidan evitar novos impactos negativos nesta zona», afirmó la alcaldesa en gallego, subrayando la urgencia de dar respuestas claras.

“Tras esta sentenza, o que resulta inaceptable é que non se lle dea unha solución ambiental definitiva… Mentres se manteñan aí materiais depositados vai continuar a preocupación e os riscos para a veciñanza”.

Fuentes municipales consultadas por este periódico indican que la moción pretende ser también un instrumento de presión política: si la Xunta no ofrece un calendario verificable, el Concello explorará fórmulas para intensificar la vigilancia y la denuncia, incluida la petición de informes técnicos independientes sobre el estado del suelo y las aguas subterráneas en torno a Miramontes.

Una sentencia firme y el clamor de los afectados

La condena de la Audiencia Provincial de A Coruña a Tecnosolos Galaicos por delito contra el medio ambiente supone un punto de inflexión jurídico, pero no zanja el problema de forma automática. La sentencia obliga a asumir responsabilidades penales a la empresa, pero la retirada material de los residuos y la restauración del entorno requieren actuaciones administrativas y técnicas por parte de la Xunta, que hasta ahora no ha hecho públicas fechas ni un plan acabado, según el Concello y las plataformas afectadas.

La Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes, que reúne a vecinos y vecinas de Guixoa y de núcleos próximos, ha mostrado su satisfacción por la condena judicial, aunque insiste en que la justicia no repara el daño ambiental ni la incertidumbre diaria de quienes viven cerca del vertedero. Ferusa, empresa también implicada en la reivindicación, ha reclamado en varias ocasiones transparencia sobre los pasos a dar y garantías de que la intervención se hará con criterios técnicos y ambientales adecuados.

En el mapa político local hay consenso en denunciar la demora. No es la primera vez que en Galicia saltan a la opinión pública casos en los que la recuperación de canteras y la gestión de residuos se prolongan años pese a resoluciones judiciales o sanciones administrativas. Esa sensación de impunidad alimenta la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, un factor que el gobierno municipal pretende combatir con mayor exigencia de plazos y transparencia.

Riesgos ambientales, responsabilidades y próximos pasos

Técnicos consultados por el Ayuntamiento han insistido en la necesidad de una actuación integral: retirada controlada de los materiales, análisis de su composición, vigilancia de la calidad de las aguas subterráneas y restauración de la topografía y la vegetación para minimizar erosión y lixiviados. La inacción prolongada mantiene abiertos peligros de contaminación por escorrentía, dispersión de partículas y afectación a acuíferos que abastecen a núcleos rurales cercanos, según especialistas en suelos.

La Xunta, por su parte, continúa sin ofrecer a día de hoy un calendario público detallado. En el pasado, la administración autonómica ha alegado la necesidad de estudios técnicos previos y de recursos para ejecutar trabajos complejos en canteras; no obstante, a la vista de una sentencia firme, la alcaldesa reclama que esas dilaciones dejen paso a plazos concretos y a medidas provisionales que reduzcan riesgos inmediatos a la población.

El pleno municipal será el escenario donde se medirá el apoyo político local a la iniciativa. Si la moción prospera con el respaldo de los grupos firmantes, el Ayuntamiento prevé remitirla formalmente a la Xunta y a los organismos competentes en materia medioambiental. A la espera de una respuesta de la administración autonómica, la presión pública y mediática sobre Miramontes se intensificará en los próximos meses.

Más allá de la inmediatez del conflicto, este caso plantea preguntas sobre la capacidad de coordinación entre administraciones en Galicia para afrontar problemas ambientales con raíz industrial. La reparación de canteras abandonadas y la gestión de vertederos ilegales llevan décadas en la agenda local y autonómica; la diferencia ahora es la existencia de una condena judicial que obliga a actuar con mayor contundencia.

Para los vecinos de Guixoa, la imperiosa necesidad es recuperar la normalidad y la seguridad en su entorno. El Ayuntamiento apela a la responsabilidad política y técnica de la Xunta para convertir una sentencia en medidas tangibles. Si no se establecen plazos y responsabilidades claras, la fractura de confianza entre instituciones y ciudadanía, alimentada por años de espera, podría agravarse.

El escenario que se abre dependerá en buena medida de la voluntad de la Xunta de Galicia para priorizar la retirada de los residuos y para comunicar con detalle cada fase del proceso. El conflicto de Miramontes, con su carga jurídica y social, ha colocado a Santiago frente a una prueba de gobierno: transformar la condena en una solución ambiental definitiva, o quedarse en la retórica de siempre. A la espera del pleno y de la respuesta autonómica, la vecindad mantiene la alerta.