Más de 4.600 residentes en Galicia cobran una pensión de jubilación mientras mantienen una relación laboral activa, según los últimos datos de la Seguridad Social, actualizados a 21 de marzo de 2026. La cifra incluye tanto a trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena y llega tras la última fase de la reforma de pensiones que entró en vigor el año pasado. Por su parte, solo 234 personas han regresado al mercado laboral después de haber causado baja por jubilación, un dato que matiza la capacidad de la normativa para atraer a jubilados plenamente desvinculados del empleo.

Quiénes compatibilizan la pensión y el empleo y cómo lo hacen

En el mapa de la Galicia activa más allá de la edad de retiro aparecen perfiles diversos. Muchas personas proceden de actividades vinculadas a pequeñas empresas familiares, el comercio local, la hostelería y la agricultura. No es raro encontrar a pensionistas que siguen colaborando en el negocio de toda la vida hasta que lo pueden traspasar: el caso de Marisa Díaz, que mantuvo al frente de Tejidos Fildar en Monforte superada la edad reglamentaria y traspasó el establecimiento el año pasado, ilustra esa realidad cotidiana en el rural gallego.

La compatibilización adopta distintas fórmulas prácticas. Algunos continúan a tiempo parcial, otros se dan de alta como autónomos de manera puntual, y hay quienes prestan servicios bajo contratos de obra o servicio para cubrir temporadas. La reforma introdujo mecanismos para que los pensionistas puedan cobrar su prestación y, al mismo tiempo, cotizar por determinadas contingencias según la modalidad elegida. En la práctica, sin embargo, el efecto sobre la cuantía de la pensión es limitado para la mayoría: las cotizaciones adicionales mejoran la protección colectiva más que la nómina individual.

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Las motivaciones para seguir en activo no se limitan a lo económico. Fuentes del tejido empresarial gallego y agentes sociales señalan que, en numerosos municipios, el trabajo proporciona ritmo diario, sentido y una red social que no siempre reemplaza la jubilación. Además, la falta de relevo generacional en sectores como la reparación, la pesca artesanal o la ganadería obliga a muchos titulares de empresas a alargar su implicación hasta formalizar el traspaso o cesión del negocio.

La reforma de pensiones y su efecto real en Galicia

La última fase de la reforma del sistema público de pensiones, aprobada a nivel estatal y vigente desde el año pasado, pretendía ofrecer incentivos para alargar la vida laboral: bonificaciones por retraso en la jubilación y facilidades para compatibilizar la pensión con el trabajo. No obstante, los datos gallegos muestran un alcance moderado. Que apenas 234 personas hayan vuelto al empleo tras jubilarse sugiere que la medida resulta más útil para quienes ya estaban en activo que para atraer a los completamente desvinculados del mercado laboral.

Galicia, una comunidad marcada por el envejecimiento poblacional y por la despoblación del interior, presenta condicionantes estructurales. No todos los pensionistas pueden prolongar su actividad: las exigencias físicas de muchas ocupaciones, la ausencia de empleos adaptados y la brecha digital limitan las opciones. En los concellos más pequeños la precariedad de la oferta laboral y la carencia de servicios de apoyo para la conciliación y la formación agravan la situación.

También conviene tener en cuenta las desigualdades que puede generar la medida. Trabajadores con empleos menos penosos, mayor cualificación o negocios familiares flexibles se benefician más que quienes desarrollaron carreras profesionales con desgaste físico o con brechas de cotización. En una comunidad donde el peso del sector primario y de la pequeña industria es relevante, ese sesgo resulta especialmente visible y reclama políticas compensatorias.

Repercusiones, riesgos y próximos pasos

La compatibilización afecta de modo distinto a empresas y a la Seguridad Social. Para muchas microempresas rurales, la continuidad de un jubilado supone mantener clientes, transferir conocimientos y evitar el cierre. Para la administración, el reto es equilibrar la recaudación con la sostenibilidad de las prestaciones y evitar solapamientos indebidos. En los últimos meses se han intensificado los controles administrativos para detectar situaciones irregulares, sin que por ahora se anuncie una reforma de calado en los criterios de compatibilidad.

En la agenda política gallega reaparece así el debate sobre políticas activas de empleo dirigidas al colectivo sénior. Propuestas como programas de reciclaje profesional, incentivos a contratos a tiempo parcial adaptados a personas mayores o medidas específicas en sectores con déficit de mano de obra (por ejemplo, la atención domiciliaria y la hostelería) circulan entre agentes sociales, cámaras de comercio y responsables municipales. La coordinación entre la Xunta y el Gobierno central será clave para que esas iniciativas lleguen con rapidez y eficacia a ayuntamientos y parroquias, donde la necesidad se percibe con mayor intensidad.

No es la primera vez que la prolongación de la vida laboral choca con la realidad del territorio. En municipios del interior, donde la población envejecida y la falta de empleo son problemas persistentes, la decisión de un jubilado de seguir trabajando muchas veces responde a la economía familiar. A la hora de diseñar políticas públicas conviene no perder de vista esa doble dimensión: la social, ligada a la cohesión comunitaria, y la económica, orientada a la sustitución generacional y a la productividad.

Mirando hacia el futuro inmediato, la lectura de los próximos trimestres será determinante. Si la compatibilización permanece en niveles modestos habrá que afinar los incentivos para que sean más eficaces y equitativos; si, por el contrario, se generaliza, surgirán nuevas tensiones en la relación entre empleo y pensiones que requerirán ajustes normativos y mayor agilidad administrativa. Galicia necesita respuestas que combinen sostenibilidad financiera con medidas que protejan a los más vulnerables y favorezcan el relevo en los sectores que lo reclaman.