Galicia contabiliza ya más de 833.658 animales inscritos en el Regiac (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía), según datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente. La mayor parte de ese censo —en torno al 90%— son perros, una cifra que sitúa a los canes en más del doble de la población de menores de edad, que ronda las 365.000. El fenómeno, lejos de ser anecdótico, dibuja cambios demográficos y sociales que conviene interpretar con calma.

El registro que dejó al descubierto a miles de animales

La entrada en vigor de la Lei de benestar animal en 2018 impulsó una regularización masiva: muchos propietarios que antes no identificaban a sus mascotas acudieron a los centros veterinarios por temor a sanciones. Desde entonces, las inscripciones acumuladas aumentaron un 78%. Los técnicos de la Xunta confirman que desde el pasado agosto la media mensual de nuevas altas supera el millar, una pauta que mantiene al alza el censo y que cambia la percepción pública sobre la presencia de animales domésticos en la comunidad.

En términos absolutos, estos números son el reflejo de dos procesos que se entrecruzan: por una parte, el aumento real del número de mascotas; por otra, la mayor visibilidad de animales que ya existían pero no estaban registrados. En parques urbanos como el María Xosé Queizán de Vigo se percibe —en fines de semana y atardeceres— esa pujanza: perros de todos los tamaños, paseantes que atienden a su higiene y una oferta de servicios que no para de crecer en las ciudades.

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No obstante, ni todo en el registro es uniforme ni todo son canes: en el Regiac figuran también gatos, hurones y aves rapaces, ya incorporadas a la obligación de identificación tras la actualización normativa estatal de protección de los animales. Y entre los perros, las cifras relativas a razas calificadas como potencialmente peligrosas han descendido ligeramente: hoy se registran 20.606 ejemplares de este tipo, frente a los 21.641 contabilizados hace dos años.

Contexto: natalidad a la baja, envejecimiento y nuevas formas de convivencia

Galicia lleva años en los titulares por su desafío demográfico: envejecimiento de la población, emigración de jóvenes y un índice de natalidad que se mantiene bajo. En ese escenario, la estadística que junta más de dos perros por cada menor no sorprende tanto como alarma: las mascotas ocupan un lugar creciente en las familias y entre quienes viven solos. En el mundo rural, muchos mayores conviven con perros como compañía y apoyo cotidiano; en las ciudades, parejas y personas solas optan por animales cuando el horizonte de tener hijos resulta incierto por razones económicas o laborales.

La economía vinculada a las mascotas también es un termómetro. Clínicas veterinarias, residencias caninas, tiendas de accesorios y servicios de adiestramiento han encontrado un mercado en expansión. Profesiones nuevas o en transformación —auxiliares veterinarios, etólogos, empresas de paseo canino— aparecen con fuerza en la oferta laboral local, especialmente en provincias con mayor densidad urbana como A Coruña y Pontevedra.

Más allá del mercado, la regulación ha cambiado la relación entre administración y ciudadanía. La Xunta recuerda la obligatoriedad de identificar y registrar a todos los perros, y la legislación estatal ha estendido esa obligación a otros animales de compañía. Algunas medidas, como la exigencia de cursos para propietarios, siguen pendientes de desarrollo reglamentario, lo que genera expectación entre protectoras y clínicas veterinarias, que reclaman claridad y formación adaptada.

Repercusiones: control, sanciones y vida en común

La mayor presencia de animales bajo control administrativo facilita la gestión de problemas —abandono, maltrato, ataques—, pero también pone sobre la mesa la capacidad de la administración para fiscalizar y sancionar. La normativa contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 30.000 euros en casos muy graves. El año pasado la Xunta tramitó un expediente calificado como muy grave y dictó varias prohibiciones de tenencia, alguna de ellas por cinco años, medidas que se aplican además de la multa.

En la práctica, la infracción más repetida sigue siendo la falta de identificación del animal, considerada grave. Sin embargo, desde agentes municipales hasta colectivos de defensa animal coinciden en que la sanción no puede ser la única herramienta: hacen falta campañas de información, recursos para la atención a animales abandonados y una mayor coordinación entre ayuntamientos, protectoras y centros veterinarios. Fuentes del sector señalan que la exigencia de cursos, cuando se concrete, podrá ayudar a profesionalizar el cuidado, pero temen que la burocracia excesiva termine penalizando a hogares con menos recursos.

En el plano social, el dato de que las mascotas superan a los niños en Galicia invita a pensar en prioridades. Las administraciones locales afrontan decisiones sobre dotación de parques caninos, zonas de convivencia mixta y programas de educación cívica para propietarios. Al mismo tiempo, la sociedad gallega —con sus tradiciones rurales y la fuerte vinculación afectiva con los animales— se enfrenta a un reto de convivencia: compatibilizar el derecho de quienes desean tener mascotas con la tranquilidad y seguridad del resto de la comunidad.

Mirando al futuro inmediato, la cifra de más de ochocientos treinta y tres mil animales registrados es una fotografía que seguirá cambiando. La combinación de normativa más estricta, hábitos de vida en transformación y la propia demografía de Galicia augura que las mascotas seguirán siendo protagonistas en la agenda pública. A falta de confirmación oficial sobre medidas estatales pendientes, la política autonómica tendrá que equilibrar control, apoyo y recursos para que la convivencia entre humanos y animales prospere sin tensiones innecesarias.