Cristina Correa, alcaldesa de Oia, convocó con carácter urgente a su equipo jurídico este lunes para estudiar el recurso de reposición que podría impugnar la diligencia que obliga a ordenar la demolición del Talaso Atlántico. El plazo es corto: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra dio diez días al Concello para actuar tras requerir que se inste a la empresa propietaria a ejecutar el derribo de forma inmediata.

Plazos, vías legales y la decisión municipal

La regidora llegó a la reunión sin desvelar todavía los argumentos concretos del recurso, aunque dejó clara la prioridad municipal: evitar que el Consistorio quede expuesto a una reclamación patrimonial que, según ella, no podría asumir si el derribo se llegase a ejecutar. Entre las alternativas sobre la mesa figura la presentación de un recurso de reposición contra la diligencia judicial y, al mismo tiempo, la búsqueda de fórmulas administrativas para ampliar los plazos de tramitación del PEID —Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones—, el último instrumento que podía dar encaje legal al complejo.

Según fuentes municipales, la aprobación del PEID quedó condicionada a la recepción de varios informes sectoriales y a una evaluación ambiental favorable, además de los dictámenes de compatibilidad con la normativa de Costas. La alcaldesa aludió a retrasos en esos informes: «la maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», señaló, y añadió que «estábamos tramitando un plan especial para buscar el encaje legal del complejo y ahora, antes de que se complete, nos llega esta resolución».

La orden del juzgado obliga al Concello a requerir a la sociedad propietaria —identificada en la resolución como Balneario del Atlántico— para que proceda al derribo. Si la empresa no lo acomete, la ejecución subsidiaria correspondería en última instancia a la administración. Ese escenario es el que la alcaldesa busca evitar por el riesgo económico para las arcas municipales.

Una historia judicial larga y un espacio protegido en el litoral

Cabrá recordar que el hotel fue autorizado a principios de los años 2000 por el propio Ayuntamiento de Oia. No obstante, el conflicto judicial no es nuevo: la primera sentencia que declaró la ilegalidad de las licencias data de 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las autorizaciones de construcción y actividad. Aunque la orden de derribo se volvió firme en 2013, la ejecución ha sido un proceso errático que ahora revive con la reciente diligencia.

Los fallos reiteraron la incompatibilidad del edificio con la normativa que protege el litoral y subrayaron el notable impacto paisajístico de la edificación. El enclave, situado a medio camino entre Baiona y A Guarda, integra además sensibilidades administrativas múltiples: la planificación urbanística municipal, la protección ambiental autonómica y las competencias de Costas a nivel estatal. Para que un PEID prospere necesita cuadrar esas piezas, algo que en el pasado no se logró en el tiempo exigido por la vía judicial.

Empleo, turismo y las cuentas municipales en juego

Fuera de los tecnicismos legales, el Talaso es un motor económico local. En el establecimiento trabajan alrededor de 70 personas; su oferta de talasoterapia y la piscina dinámica de agua de mar climatizada son señas de identidad que atraen turismo termal y congresual. Además, el restaurante y las setenta habitaciones con vistas al océano contribuyen a la economía de un municipio rural cuya demografía y actividad dependen en buena medida del turismo estacional.

El silencio de la propiedad ante las últimas decisiones judiciales se prolongó ayer, mientras el funcionamiento del hotel continuó con normalidad. No es la primera vez que el complejo y sus trabajadores quedan en la incertidumbre por sentencias y recursos que se prolongan años; esa inestabilidad pesa sobre las familias afectadas y sobre el tejido empresarial local, donde no hay muchas empresas con plantilla similar.

Desde el punto de vista municipal, la posibilidad de asumir una ejecución subsidiaria —y con ella un coste millonario— preocupa. La regidora ya advirtió que un derribo supondría «una ruina» para el Concello de Oia. La advertencia no es retórica: los ayuntamientos gallegos han tenido en otras ocasiones que responder económicamente ante sentencias firmes cuando la responsabilidad administrativa recayó sobre ellos, y los recursos financieros de Oia son limitados.

La política local añade otra capa. La negociación para surtir de informes favorables al PEID obliga a coordinar administraciones y departamentos que no siempre caminan a la misma velocidad. La Xunta de Galicia, la Dirección de Costas y los servicios autonómicos de medio ambiente son actores clave; su pronunciamiento puede inclinar la balanza, pero no sustituye la resolución judicial que ahora exige plazos que los técnicos municipales consideran ajustados.

En la práctica, es probable que las próximas jornadas discurran entre notificaciones, escritos y solicitudes de prórroga. El recurso de reposición, si se presenta, podría suspender la ejecución de la orden mientras se decide su fondo, pero no garantiza el resultado final. Los precedentes judiciales en Galicia muestran que estos pleitos se resuelven a veces años después y con soluciones diversas: derribo, legalización parcial o indemnizaciones.

Para Oia, la encrucijada es tanto administrativa como humana. Mantener los empleos, proteger el paisaje protegido y cumplir la legalidad urbanística se sitúan en tensión. La postura que adopte ahora el Concello marcará no solo el futuro inmediato del Talaso, sino la manera en que esa costa de las Rías Baixas asume la convivencia entre desarrollo turístico y salvaguarda ambiental.

A falta de confirmación oficial sobre el contenido definitivo del recurso, la prioridad municipal parece clara: ganar tiempo para que los informes pendientes lleguen y, si es posible, culminar el PEID que ofrecía una salida administrativa. Si ello fracasa, las semanas que vienen dibujarán el calendario para una pelea jurídica que empezó hace más de una década y que volverá a poner a Oia en el centro del debate sobre ordenación del litoral y las cuentas públicas.