La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, convocó este lunes a su gabinete legal para definir un recurso que intente frenar la orden judicial de derribo del Talaso Atlántico. El Ayuntamiento dispone de plazos muy breves tras la diligencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que instó al Concello a exigir a la propiedad la demolición inmediata del complejo.

La respuesta municipal y las opciones jurídicas

En la reunión, prevista para el inicio de semana, el equipo jurídico estudiará la presentación de un recurso de reposición como primera vía para paralizar la ejecución. Fuentes municipales explican que también se valorará pedir la ampliación de los plazos vinculados al PEID (Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones), instrumento que fue la última estrategia para regularizar el uso del suelo donde se asienta el establecimiento.

La alcaldesa, que aún no quiso desgranar los argumentos concretos del recurso, advirtió sobre la exposición económica del Concello en caso de que el derribo llegue a ejecutarse: «tenemos que intentarlo porque no podríamos asumir la reclamación patrimonial si el derribo llegase a ejecutarse», afirmó a preguntas de este periódico.

«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», reconoció la regidora, que reclama más tiempo para tramitar la regularización.

El plazo judicial para ordenar el derribo se cuenta en días. El auto exige al Ayuntamiento que actúe con premura para requerir a la mercantil Balneario del Atlántico la demolición. En la práctica, esto obliga al gobierno local a combinar recursos administrativos y posibles alegaciones para ganar tiempo frente a una sentencia que tiene su origen en resoluciones previas que declararon la ilegalidad de las licencias.

Antecedentes y trazado del conflicto

El Talaso Atlántico se construyó a comienzos de los años 2000 con licencia municipal y, desde entonces, su situación ha coleado en los tribunales. En 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de obra y actividad, y la orden firme de derribo llegó años después, en 2013. Los fallos judiciales señalaron la incompatibilidad del edificio con la figura de protección del litoral que rige en esa franja costera.

El PEID que el Concello impulsó fue precisamente la vía para buscar un encaje legal: estos planes especiales permiten, en ocasiones, regular usos concretos cuando el planeamiento general no resulta suficiente. No obstante, su aprobación exige informes sectoriales y, en particular, una evaluación ambiental favorable y pronunciamientos de organismos como Costas, que tienen competencias sobre el dominio marítimo-terrestre.

A falta de completar esos trámites, la justicia consideró que la única opción era ordenar el derribo. El Ayuntamiento achaca el desfase a la lentitud administrativa y a retrasos en la recepción de informes técnicos. En el calendario de Oia, esto no es nuevo: las tensiones entre el desarrollo turístico y la protección del litoral han marcado decisiones urbanísticas en la costa pontevedresa durante décadas.

Impacto económico, social y político

El Talaso Atlántico no es solo un edificio con impacto paisajístico; es una fuente de empleo y de actividad económica. En el complejo trabajan alrededor de 70 personas, lo que lo sitúa entre las principales empresas del municipio en términos de plantilla. Además, su oferta —talasoterapia, piscina dinámica de agua de mar, tratamientos con algas, setenta habitaciones y un restaurante orientado al producto local— atrae turismo de bienestar que deja su rastro en la hostelería y el comercio de la comarca.

La posible demolición provoca una doble inquietud: la pérdida de puestos de trabajo directa y el efecto dominó sobre empresas auxiliares. A esto se suma el riesgo de que la administración local tenga que asumir reclamaciones patrimoniales millonarias si la ejecución se hace efectiva sin mecanismos de contención. En el seno del Concello se evalúa ahora el coste político y económico de cada movimiento jurídico.

En lo político, la decisión pone en aprietos a la corporación local ante vecinos y agentes económicos. Oia, situada entre Baiona y A Guarda, vive de un modelo turístico que combina litoral protegido y pequeñas infraestructuras, y cada conflicto urbanístico reabre el debate sobre cómo compatibilizar conservación y actividad económica en las Rías Baixas.

Mientras la batalla legal se intensifica, la propiedad del balneario ha mantenido silencio institucional. Ayer, las instalaciones funcionaban con normalidad, lo que añade una nota de contradicción entre la vida cotidiana del complejo y la gravedad de la amenaza judicial.

Los plazos marcarán el siguiente capítulo: si el Ayuntamiento logra paralizar la orden mediante recursos o la obtención de informes favorables que reorienten el PEID, la polémica podría reconducirse hacia una negociación técnica; si no, la ejecución del derribo abrirá una fase de reclamaciones y de impacto social inmediato en un municipio que no está sobrado de grandes empleadores.

A mediano plazo, el caso del Talaso Atlántico apunta a volver a encender el debate autonómico sobre el control del litoral y la necesidad de agilizar procedimientos cuando hay intereses económicos y derechos laborales en juego. La experiencia de Oia sirve como espejo para otras localidades gallegas que lidian con construcciones en suelo protegido: la combinación de leyes ambientales, competencia de Costas y normas urbanísticas municipales complica resoluciones rápidas y deja en evidencia la necesidad de protocolos que eviten efectos colaterales sobre personas y economía local.

En los próximos días se conocerá la estrategia formal que presente el Concello. A falta de confirmación oficial sobre las medidas concretas, el horizonte legal sigue siendo incierto para un hotel que se reivindica como pionero de la talasoterapia en las Rías Baixas y cuya existencia lleva más de una década en manos de los tribunales.