En pleno debate local por la instalación de apartamentos turísticos prefabricados en Sabarís, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, ha salido en defensa de su concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, al que describe como “una persona honrada y trabajadora”. La polémica surge porque Bahamonde figura como socio de la empresa constructora que está ejecutando la obra en la rúa Pouquena, un proyecto promovido por otra sociedad vinculada al sector turístico del Val Miñor. Los hechos saltaron a la luz pública a mediados de marzo y en el Concello insisten en que no existe conflicto de interés directo.

Los hechos: quién, qué y cómo

La compañía en cuestión, Encaixa Modular, domiciliada en Gondomar y especializada en viviendas prefabricadas, ha empezado a montar estos días varios apartamentos turísticos de alto standing en Sabarís. La promotora de la actuación es la sociedad Servicios Turísticos Val Miñor, que, según ha explicado el propio concejal, ha contratado a Encaixa para las obras. Bahamonde defiende que, en tanto que la firma actúa como constructora y no como solicitante de licencias, su posición en el Concello no se ve afectada.

“En caso de que la empresa Encaixa solicitase una licencia al Concello de Baiona tendría que abstenerme, pero no es el caso; nosotros no hemos solicitado nada, estamos actuando como constructora”, señaló Bahamonde en declaraciones a responsables municipales. El regidor, que ocupó la alcaldía tras la última cita electoral, corrobora esta versión y puntualiza las prácticas habituales en los plenos: cuando un punto genera implicación personal, el concejal se aparta de la sesión, como ocurre con otros ediles y asuntos con vínculos privados.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

«No hay ninguna interferencia entre esta otra actividad y la del Concello. Es una persona honrada y trabajadora», recalcó el alcalde.

En los documentos facilitados por el gobierno local consta que Bahamonde figura como socio junto a otro conocido en la política municipal, el exedil de Vías y Obras Daniel García Acuña, con el que coincidió en la etapa de gobierno de 2015 a 2019. Almuiña ha recordado que conocía la actividad privada de su número tres en la lista electoral y que, por los comentarios del propio concejal, sabía de los proyectos en los que venía trabajando.

Contexto local y antecedentes

Baiona vive desde hace años una tensión permanente entre impulso turístico y ordenación urbana. El casco histórico, el puerto y el Monte Boi convierten al municipio en epicentro de la oferta de ocio y alojamiento del Val Miñor, y cada nueva promoción despierta un foco de atención. No es la primera vez que en la comarca surgen dudas sobre la frontera entre intereses privados y responsabilidades públicas; en municipios próximos han sido habituales las reclamaciones por incompatibilidades o por la supuesta existencia de “puertas giratorias”.

En este escenario, la figura del concejal de Urbanismo tiene un peso singular: las decisiones sobre licencias, planeamiento y ordenanzas condicionan el precio del suelo y la viabilidad de proyectos que mueven miles de euros. Por eso, aunque el caso de Sabarís no implique a día de hoy una solicitud formal de licencia por parte de Encaixa, la percepción pública y la exigencia de transparencia al Concello están a la orden del día. A falta de actuaciones administrativas concretas, la argumentación de compatibilidad se sustenta en la abstención del edil cuando exista implicación directa, y en la afirmación, por parte del propio Bahamonde, de que no cobra ni está contratado por la empresa.

Repercusiones políticas y próximos pasos

El alcalde ha dejado claro que no tomará medidas disciplinarias ni políticas contra Bahamonde, al que considera “una pieza importante” del equipo de gobierno. Más allá del respaldo público, la cuestión abre interrogantes sobre los procedimientos de control interno: en otros ayuntamientos se recurre al registro de intereses, la fiscalización por parte de secretaría municipal o la intervención de organismos autonómicos cuando hay dudas de incompatibilidad. En Baiona, las fuentes consultadas por este periódico señalan que, de producirse una solicitud de licencia por parte de la constructora, la actuación más inmediata sería la abstención del concejal afectado y el traslado de la tramitación a otros responsables.

Desde la oposición local, varios concejales ya han pedido explicaciones y han anunciado que seguirán el expediente con atención. No se trata únicamente de poner en cuestión la honorabilidad de nadie, explican, sino de garantizar que los procedimientos son suficientemente transparentes y que los tiempos y requisitos urbanísticos no se ven alterados por vínculos privados. La instalación de los módulos prefabricados, por otra parte, ha despertado simpatías entre quienes valoran la rapidez y la innovación técnica: el proyecto se presenta como una solución para reducir plazos en la construcción de vivienda, argumento que ha esgrimido el propio Bahamonde y que el alcalde definió como “innovador”.

En términos administrativos, la crítica más habitual en el Val Miñor es la falta de agilidad en la concesión de licencias; el promotor privado promete acelerar procesos y, en principio, no requiere cambios de planeamiento. Pero la doble condición de socio y responsable de Urbanismo resulta incómoda en el relato público y las redes sociales ya han hecho circular la noticia, forzando al gobierno municipal a dar explicaciones más detalladas de lo habitual.

Mirando al futuro, el Ayuntamiento dispone de herramientas para blindar la gestión: mayor publicidad de los expedientes, registro de intereses actualizado y protocolos claros de abstención que se apliquen de forma automática cuando exista cualquier vínculo empresarial. También hay margen para que la oposición pida que la intervención municipal eleve una nota técnica que aclare si, en la práctica, la actuación en Sabarís ha podido beneficiarse de decisiones municipales previas o si todo se limitó a una contratación entre particulares.

La sentencia política todavía está por dictarse: la clave estará en la documentación y en los pasos administrativos que se den en las próximas semanas. Mientras tanto, en Baiona se mezcla la incredulidad con la práctica cotidiana de un municipio que vive del turismo y de la construcción. Como suele ocurrir en el litoral pontevedrés, los proyectos se celebran y se cuestionan a partes iguales; la diferencia la marcará que la ciudadanía reciba respuestas claras y verificables más que declaraciones de buena fe.