La alcaldesa de Oia, Cristina Correa, convocó este lunes a su equipo jurídico para perfilar un recurso que impugne la orden judicial de derribo del complejo turístico conocido como Talaso Atlántico. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, obliga al Concello a requerir de forma inmediata a la empresa propietaria, Balneario del Atlántico, la demolición del edificio; el municipio dispone de apenas días para recurrir.

La batalla legal en marcha

En la reunión anunciada por la regidora se diseñará la fórmula procesal más adecuada para intentar paralizar la ejecución de la orden: un recurso de reposición administrativo contra la diligencia judicial y, presumiblemente, un plan para solicitar la ampliación de plazos vinculados al desarrollo urbanístico que ha servido hasta ahora como vía de regularización. A falta de confirmación oficial sobre los detalles concretos del recurso, el Concello ya ha dejado claro que no puede asumir las consecuencias económicas de una demolición forzosa.

«La maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales que impidieron la conclusión del PEID», dijo la alcaldesa, y añadió que el derribo supondría una «ruina» para las arcas municipales.

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Fuentes municipales consultadas subrayan la urgencia de presentar alegaciones en los plazos que marca la orden. Entre las alternativas que maneja la corporación figura instar a la ampliación del plazo para la aprobación del PEID —el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones—, el instrumento por el cual se pretendía encajar legalmente el Talaso. Esa vía requeriría, no obstante, la implicación de otras administraciones y la obtención de informes sectoriales que lleven tiempo: evaluación ambiental y autorizaciones de Costas, entre otros.

Mientras se concreta la estrategia, la actividad del hotel se mantiene con normalidad y la dirección del establecimiento guarda silencio sobre los últimos movimientos judiciales. En el Talaso Atlántico trabajan 70 personas, lo que convierte al complejo en una de las principales fuentes de empleo del término municipal; además, su oferta no es solo hotelera, sino también de congresos y talasoterapia, un reclamo singular en las Rías Baixas.

Antecedentes: sentencias y el papel del PEID

La historia judicial del Talaso no es nueva. El hotel fue levantado a principios de la década de 2000 con licencia municipal, pero la primera gran sentencia que declaró su ilegalidad data de 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de obra y actividad. Aunque la orden de demolición quedó firmemente establecida en 2013, el proceso ha ido acumulando recursos, moratorias y episodios administrativos que han permitido la continuidad de la actividad durante años.

El PEID apareció como última tabla de salvación: un plan especial pensado para ordenar determinados usos en parcelas donde el planeamiento general no los permite. En el caso del Talaso, el ayuntamiento buscaba que ese instrumento justificase su permanencia y compatibilidad con el entorno. Sin embargo, a juicio del juzgado, la tramitación no llegó a buen puerto en tiempo y forma, lo que ha culminado en la diligencia que obliga a ejecutar el derribo en plazos perentorios.

Cabía, según técnicos consultados en su momento, articular soluciones dentro del marco urbanístico, pero esos procedimientos dependen de informes sectoriales —medioambientales, de Costas, de infraestructuras— que, según el Concello, se demoraron. No es la primera vez que en Galicia la lentitud administrativa complica la resolución de expedientes con impacto urbanístico en la franja litoral; los intereses públicos y privados suelen chocar cuando hay sobrevenida jurisprudencia que declara actuaciones contrarias a la normativa de protección del litoral.

Impacto local y próximos pasos

Un posible derribo tendría repercusiones más allá de la estructura física. El Talaso Atlántico, ubicado entre Baiona y A Guarda, ha sido un activo para la oferta turística de la comarca: su centro de talasoterapia —con piscina dinámica de agua de mar climatizada y tratamientos marinos— y su restaurante de producto local atraen a visitantes y congresos. La pérdida del hotel sería un bocado para la economía local en un municipio de escasos recursos y población envejecida.

La alcaldesa ha citado como riesgo que el Concello no pueda hacer frente a una reclamación patrimonial derivada del derribo. En términos prácticos, eso significa que si el Ayuntamiento ordena o consiente la demolición y a continuación se le reclama una indemnización por parte del propietario, las cuentas municipales podrían verse seriamente comprometidas. Por eso la estrategia jurídica pretende, además de ganar tiempo, evitar que la ejecución del mandato judicial suponga un coste fiscal para el municipio.

En los próximos días, la munición legal de Oia incluirá la presentación del recurso y la petición de prórrogas o medidas cautelares si es procedente. También será clave la actitud de las administraciones autonómica y estatal, que deben emitir informes vinculantes en la tramitación de cualquier plan que afecte al litoral. Siguen pendientes, asimismo, las gestiones con Costas, cuya opinión es determinante cuando se trata de construcciones en espacios protegidos del litoral.

Más allá de lo jurídico, el asunto abre un debate mayor sobre la ordenación del litoral en Galicia: la tensión entre proyectos turísticos que generaron empleo y los estándares de protección ambiental. Para Oia, pequeña y con limitada capacidad presupuestaria, la disyuntiva es tangible: conservar un motor económico con antecedentes judiciales adversos o acatar una sentencia que obliga a desmantelar una infraestructura consolidada. Habrá que seguir la próxima comparecencia del equipo jurídico municipal y, sobre todo, la firma de cualquier recurso que marque si la batalla se queda en la superficie administrativa o se convierte en un nuevo episodio litigioso de larga duración.