El Ayuntamiento de Santiago ha desvelado las empresas que optan a gestionar el transporte urbano municipal tras el cierre del plazo de presentación de ofertas: son cinco candidatas que se disputan un contrato de trece años con un presupuesto base de 137 millones de euros. La lista incluye nombres conocidos en la movilidad gallega y del noroeste peninsular, y llega después de un proceso que vivió una paralización temporal por recursos administrativos.

Quiénes concurren y cómo se reactivó el concurso

Según informó la regidora, las firmas que han presentado propuestas son Castromil —integrada en el grupo Monbus—, Empresa Martín, Transportes Rober, la UTE Stellae Urbano de Santiago —formada por Barraqueiro Transportes y Viajes Peillet— y Vitrasa. La noticia llega tras la reapertura del procedimiento por parte del Concello, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) rechazase los recursos planteados contra los pliegos y se levantase la paralización que afectó al calendario.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, celebró que existiera «un interese importante» por parte de las empresas y defendió el resultado como una señal de que el proceso atrae competencia suficiente. En paralelo, Raxoi ha anunciado su intención de acelerar la mesa de contratación para resolver cuanto antes el concurso, en lo que la regidora calificó como una prioridad para la movilidad de la ciudadanía compostelana.

No obstante, el trámite no está exento de incertidumbres: el Ayuntamiento deberá ahora evaluar las propuestas técnicas y económicas, un trabajo que previsiblemente pasará por la mesa de contratación y estará expuesto a nuevos recursos o reclamaciones por parte de los participantes. A falta de un calendario oficial concreto, fuentes municipales expresan la intención de agilizar los plazos, aunque recuerdan que los procedimientos administrativos tienen sus ritmos y garantías.

Una licitación que busca transformar un servicio ‘en precario’

El contrato que se licita no es una mera prórroga: se plantea como un modelo de prestación por servicios, en el que el Concello contrata kilómetros de explotación y no líneas concesionadas con itinerarios inamovibles. Esa fórmula, según el gobierno local, permitirá adaptar la oferta a demandas concretas y reforzar las conexiones con las zonas rurales del municipio, uno de los déficits más reiterados en las quejas de la vecindad.

Hoy, el servicio urbano se enfrenta a una flota envejecida con averías recurrentes que han provocado molestias continuas en el centro histórico y en los barrios periféricos. Las imágenes de autobuses detenidos en Rúa de San Pedro, cerca de la Praza 8 de Marzo, han sido en los últimos meses un síntoma visible de ese deterioro. Desde el Palacio de Raxoi subrayan que el nuevo contrato debe poner fin a esa situación mediante la renovación progresiva de vehículos y un rediseño del mapa de líneas.

Más allá de la flota, el debate se centra en el alcance rural del servicio. Vecinas y vecinos de parroquias como Busto han denunciado quedarse fuera del mapa municipal y reclamar una solución que garantice movilidad básica. La alcaldesa respondió ayer con un compromiso explícito: el futuro modelo permitirá ajustar la prestación para que el autobús llegue a Busto, dijo, y defendió el diseño de líneas alimentadoras como «absolutamente imprescindíbel» para integrar el rural en la red urbana.

«Vaise axustar na práctica no momento da adxudicación e comprometémonos a que ese autobús vai ir a Busto», aseguró la regidora, que confía en que la contratación por kilómetros facilita la flexibilidad necesaria.

Repercusiones locales y próximos pasos

Un contrato de trece años encierra consecuencias duraderas para la movilidad y la configuración urbana de Santiago. A corto plazo, la adjudicación debe traducirse en inversiones en material rodante y en la reordenación de recorridos. A medio y largo plazo, marcará la pauta sobre la frecuencia, las líneas alimentadoras al rural y el equilibrio entre servicio urbano y comarcal. El Ayuntamiento lo presenta como una oportunidad para modernizar un servicio que, en opinión de muchos, ha funcionado hasta ahora con parches.

Desde el punto de vista político, el ejecutivo local apuesta por mostrar resultados palpables antes de los ciclos electorales que marcan la agenda municipal, si bien un contrato de más de una década exige garantías y previsiones que trascienden mandatos. Las empresas, por su parte, afrontan una negociación relevante: la adjudicación implica asumir una operativa compleja en un municipio con un centro histórico sensible y una demanda estacional ligada al turismo y al Camino de Santiago.

Los próximos pasos pasan por la valoración técnica y económica de las ofertas en la mesa de contratación y por un proceso de fiscalización que podría incluir informes de viabilidad, estudio de flotas y modelos de explotación. También es previsiblemente el momento en que sindicatos, colectivos de conductores y asociaciones vecinales pedirán información detallada sobre garantías laborales, mantenimiento de la plantilla y cláusulas sociales en los pliegos.

En la práctica, Raxoi ha prometido colaboración de los servicios internos para acelerar los trámites; pero la experiencia reciente muestra que las adjudicaciones de transporte son procesos complejos, donde los plazos se topan con recursos y con necesidades técnicas que requieren prudencia. Mientras tanto, los vecinos de Busto y de otras parroquias rurales esperan que las promesas no se queden en papel y que la próxima adjudicación suponga una mejora tangible en los servicios.

Si todo marcha según lo previsto, la nueva concesionaria —o la UTE adjudicataria— asumirá responsabilidades que incluyen renovar la flota, reorganizar las frecuencias y adaptar los itinerarios a las demandas reales de la ciudad y su entorno. A la hora de cerrar el contrato, será clave que el Ayuntamiento blinde el equilibrio entre calidad del servicio y control público, para que los más de 137 millones contemplados se traduzcan en autobuses más fiables, más cobertura y una movilidad más coherente con las necesidades de la comarca compostelana.