Oia moviliza su maquinaria jurídica para intentar frenar la demolición del Talaso Atlántico

Cristina Correa, alcaldesa de Oia, convoca este lunes a su equipo jurídico para perfilar un recurso de reposición con el que impugnar la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, que requiere al Concello que obligue a la empresa Balneario del Atlántico a proceder a la demolición del complejo. El plazo impuesto por el juzgado es breve y deja al municipio con apenas días para reaccionar, según fuentes municipales.

La maniobra legal y las opciones sobre la mesa

En el despacho de la alcaldía reconocen que aún no hay una estrategia cerrada, pero la hoja de ruta pasa por presentar un recurso que intente paralizar la ejecución de la orden. Entre las alegaciones que barajan figura la petición de ampliación del plazo para culminar la tramitación del PEID —Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones—, el instrumento urbanístico que el Concello venía utilizando como vía para regularizar el uso del terreno en el que se asienta el hotel.

La clave administrativa es que el PEID requiere informes sectoriales y una evaluación ambiental favorable para poder surtir efecto; también es imprescindible, explican en el gobierno local, el visto bueno de Costas en los aspectos de compatibilidad con la normativa litoral. La regidora insiste en que la lentitud administrativa —»la maquinaria administrativa es lenta y ha habido retrasos en informes sectoriales»— ha impedido concluir a tiempo ese plan especial, y que el juzgado ha sentado en marcha ahora una resolución que llega antes de la conclusión de aquella tramitación.

«El Concello debe intentar resolver este problema porque no podría asumir la reclamación patrimonial si el derribo llegase a ejecutarse», ha dicho la alcaldesa sobre el riesgo económico para las arcas locales.

Fuentes del Talaso, que emplea a 70 personas del municipio, mantuvieron silencio sobre esta nueva fase judicial y, mientras tanto, las actividades en el complejo continuaron con normalidad durante la jornada de ayer. El establecimiento es uno de los principales empleadores del término municipal y su cierre o demolición tendría efectos directos en la economía local, en plena temporada turística creciente en las Rías Baixas.

Antecedentes judiciales y urbanísticos

El edificio fue levantado a principios de los años 2000 con licencia municipal. Sin embargo, la primera sentencia que lo declaró ilegal data de 2009, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló las licencias de obra y de actividad. La orden de derribo se hizo firme en 2013, y desde entonces el edificio ha convivido con un laberinto de recursos, actuaciones administrativas y tensiones entre planificación territorial y usos turísticos.

La razón formal para la sentencia fue la incompatibilidad del hotel con la calificación del suelo: se encuentra en un espacio protegido del litoral, con un impacto paisajístico que las sentencias consideraron incompatible con la normativa. No obstante, los intentos municipales por encajar el proyecto dentro de un marco administrativo distinto, a través del PEID, han constituido la última esperanza legal para evitar la demolición.

Los PEID no son desconocidos en la comunidad autónoma; se usan cuando el planeamiento general no resulta suficiente para regular un uso concreto. En el caso de Oia, su aprobación depende de la coordinación entre varias administraciones y de informes sectoriales que —reconocen en el Concello— han sufrido demoras. Dicha coordinación es, en muchas ocasiones, un nudo burocrático difícil de deshacer rápidamente, algo que ahora pesa sobre la decisión judicial.

Consecuencias locales y responsabilidades políticas

En términos prácticos, si la demolición se ejecuta, el Concello se enfrenta a dos problemas simultáneos: la pérdida inmediata de un empleador local y la posibilidad de reclamaciones patrimoniales por parte del propietario. Correa ha dejado claro que el ayuntamiento no asumiría el coste de una reclamación de ese calibre, pero la incertidumbre política ya se extiende más allá de la Casa do Concello.

En Oia, municipio situado entre Baiona y A Guarda, la polémica sobre el hotel trasciende lo jurídico. Para muchos vecinos, el Talaso se ha convertido en un referente de la talasoterapia en las Rías Baixas, con su piscina dinámica de agua de mar, setenta habitaciones que miran al océano y una oferta gastronómica centrada en productos del mar. Para otros, su emplazamiento en una franja costera sensible hace inevitable la aplicación estricta de la ley y la protección del paisaje.

La incógnita ahora es hasta qué punto la Xunta de Galicia o el Ministerio de Transición Ecológica pueden verse involucrados en la negociación. La tramitación del PEID exige coordinación interadministrativa; por tanto, no es descartable que las próximas horas y días incluyan contactos con otras administraciones. A falta de confirmación oficial, fuentes municipales insisten en que explorarán todas las vías legales antes de que venza el plazo marcado por el juez.

La dimensión económica añade un vector político complicado. Un derribo conllevaría un coste directo de ejecución y un impacto social en una comarca donde el empleo ligado a la hostelería y el turismo es clave. Salvar el edificio mediante el PEID supondría un alivio para trabajadores y empresarios, pero levantaría inquietudes entre quienes defienden la aplicación de la normativa ambiental y territorial.

Más allá del corto plazo, este episodio pone en evidencia la necesidad de una planificación litoral más coherente en Galicia: suficientes instrumentos legales para proteger los espacios costeros, y a la vez, procesos administrativos ágiles que eviten situaciones de inseguridad jurídica prolongada. En Oia, la controversia por el Talaso Atlántico no es solo una pugna entre jurídicos; es un espejo de cómo se gestionan las tensiones entre desarrollo turístico y conservación del paisaje.

La próxima semana será decisiva. Si el Concello logra frenar la orden mediante el recurso de reposición o la prórroga del PEID, se abrirá un tiempo para negociar soluciones técnicas y compensaciones. Si no, la demolición puede convertirse en realidad y dejará una factura económica y social difícil de asumir para un ayuntamiento pequeño. Entre la protección de la costa y la supervivencia económica de comunidades como Oia, la resolución de este caso marcará un precedente en la forma en que Galicia combate conflictos de este tipo.