Cinco empresas se disputan el contrato del autobús urbano de Santiago: 13 años y 137 millones en juego

El concurso para adjudicar el servicio de transporte urbano de Santiago ha entrado en su fase decisiva. El Ayuntamiento, desde el edificio del Raxoi, confirmó ayer que son cinco las empresas las que han presentado oferta para gestionar el servicio durante los próximos 13 años, con un presupuesto base de 137 millones de euros. La apertura de sobres llega tras un proceso que se vio paralizado por recursos, rechazados finalmente por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal).

La recta final del concurso y las firmas aspirantes

Tras el cierre del plazo de presentación de ofertas la pasada semana, la alcaldesa Goretti Sanmartín enumeró a las compañías que optan al contrato: Castromil (integrante del grupo Monbus), Empresa Martín, Transportes Rober, la UTE Stellae Urbano de Santiago —formada por Barraqueiro Transportes y Viajes Peillet— y Vitrasa. Se trata de operadores con presencia en el noroeste peninsular y experiencia en contratos municipales, lo que añade una capa de predictibilidad técnica al proceso, aunque no elimina riesgos jurídicos y de ejecución.

El procedimiento había quedado en suspenso a finales de febrero después de que diversas firmas presentaran recursos contra los pliegos. Tacgal rechazó esos recursos, lo que permitió a Raxoi reanudar la licitación y ampliar el plazo para que los licitadores presentasen sus propuestas. Ahora la decisión pasa por la mesa de contratación, a la que la regidora quiere dotar de la mayor celeridad.

“Temos que parabenizarnos e felicitarnos, porque a pesar de todas as reticencias que se lle quixeron sinalar houbo un interese importante dunha serie de empresas”, afirmó Sanmartín.

La consigna desde el gobierno municipal es clara: acelerar los trámites administrativos y evitar nuevas paralizaciones. “Nós o que imos facer agora é axilizar todo o posible para que os traballos na mesa de contratación sexan rápidos”, añadió la alcaldesa, según fuentes del propio Concello. A falta de confirmación oficial sobre plazos concretos para la adjudicación, la voluntad es que el nuevo contrato entre en vigor cuanto antes para paliar la situación actual del servicio.

Un contrato ambicioso para un servicio en precario

El Ejecutivo municipal califica el contrato de “ambicioso” y necesario para transformar un sistema que, tal y como reconoció la propia alcaldesa, se presta hoy “en precario”. Los autobuses no pueden ser renovados con facilidad, las averías son recurrentes y el mapa de líneas deja fuera a numerosas zonas del municipio, sobre todo rurales. Cabe recordar episodios como las incidencias registradas el pasado año en el centro histórico, donde los viajeros sufrieron interrupciones en horarios punta.

Más allá de la inversión económica, los retos son de planificación: modernización de la flota, gestión de frecuencias, accesibilidad y, en su caso, transición hacia tecnologías menos contaminantes. El formato elegido por el Concello —un contrato de servicios que remunera kilómetros prestados y no una concesión con líneas preestablecidas— ofrece flexibilidad para ajustar la oferta a las necesidades que vayan surgiendo, pero también obliga a perfilar con nitidez los criterios de control y penalización para evitar desviaciones una vez adjudicado.

No es la primera vez que el transporte local se convierte en un termómetro político en Santiago. En legislaturas anteriores la dificultad para renovar vehículos y reordenar rutas rurales ya fue objeto de debate entre grupos municipales y asociaciones de vecinos. Esta vez, el Ayuntamiento pretende que el nuevo contrato sirva para cerrar esa agenda pendiente y para dar certeza a usuarios y trabajadores del servicio.

Busto: la pequeña gran prueba de la nueva red

Entre las quejas vecinales que han aflorado durante la licitación destaca la de la parroquia de Busto, cuyos residentes alertaron de que los pliegos no recogían la llegada del autobús a su núcleo, lo que la dejaría como la única zona rural sin servicio. La reacción del gobierno municipal fue inmediata: Sanmartín aseguró su “compromiso” de que el autobús llegará a Busto y explicó que la fórmula contractual permite ajustar las itinerancias en la práctica al adjudicarse el contrato.

“Vaise axustar na práctica no momento da adxudicación e comprometémonos a que ese autobús vai ir a Busto”, dijo la alcaldesa, que admitió una “cuestión técnica” que complicó su inclusión inicial.

Sobre ese obstáculo técnico, la explicación no es solo administrativa: algunos tramos rurales presentan limitaciones de accesibilidad, anchura de vías o dificultades de maniobra para vehículos grandes, algo que obliga a diseñar rutas con paradas alimentadoras y autobuses adaptados a cada recorrido. El nuevo modelo prevé precisamente líneas alimentadoras que conecten el rural con los ejes principales de la ciudad, una solución que, en teoría, puede mejorar la cobertura sin sacrificar eficiencia.

Sin embargo, en el terreno práctico existen dudas. Fuentes cercanas al proceso señalan que la capacidad del adjudicatario para asumir inversiones inmediatas en microflotas o vehículos menores será un elemento decisivo. También lo será la supervisión municipal: si la liquidación del contrato se basa en kilómetros, el Concello deberá establecer mecanismos de control robustos para que el derecho a la movilidad no se resuelva en meras declaraciones de intenciones.

En los próximos días la mesa de contratación deberá examinar las ofertas económicas y técnicas y valorar la solvencia de los aspirantes. A partir de ahí, y a falta de confirmación oficial sobre calendarios, podrá producirse la adjudicación provisional y la apertura de un plazo para posibles reclamaciones. La experiencia previa demuestra que los procesos de este calado pueden prolongarse si hay impugnaciones; por eso la petición municipal de agilidad responde tanto a razones prácticas como políticas.

Para Santiago está en juego no solo un contrato: es la renovación de un servicio básico que condiciona la vida cotidiana, desde la movilidad de estudiantes y trabajadores hasta el acceso de mayores a servicios esenciales en parroquias como Busto. La ciudad necesita un diseño que combine cobertura, frecuencia y modernidad; el reto ahora es que la letra pequeña de los pliegos y la ejecución del contrato permitan convertir esa necesidad en un servicio fiable y sostenible durante la próxima década y media.