Accidentes con patinetes suben en Galicia: 40 siniestros en 2025 y siete heridos graves, a la espera de la nueva norma estatal

Galicia cerró 2025 con 40 accidentes en los que se vieron involucrados patinetes eléctricos, un incremento del 8,1% respecto al año anterior, y al menos 7 personas con heridas de carácter grave, según el avance de siniestralidad publicado por la Fundación Mapfre. Además, la comunidad registró dos incendios provocados por este tipo de vehículos, aunque no hubo víctimas mortales entre las 19 contabilizadas a nivel nacional.

Qué ha pasado y qué cifras hay sobre la mesa

Los datos de la Fundación Mapfre confirman una tendencia al alza en la siniestralidad de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP) en Galicia. El cómputo de 40 siniestros incluye choques con otros vehículos, atropellos leves y caídas individuales que, en siete ocasiones, derivaron en lesiones graves. A mayores, se detectaron dos incendios vinculados a baterías, un riesgo que ha provocado alarma en ayuntamientos y servicios de emergencias en los últimos años.

Aunque ninguna de las muertes por patinete del año pasado se produjo en la comunidad, la cifra de 19 defunciones en España sirve de recordatorio: la proliferación de estos aparatos urbanos ha venido acompañada de un vacío regulatorio hasta fechas recientes. El saldo de Galicia hay que entenderlo también en clave de uso: ciudades como Vigo, A Coruña y Santiago concentran buena parte de la circulación y, por tanto, del riesgo.

La estadística nacional y autonómica llega además en plena implementación de la normativa estatal que entrará en vigor en 2026. El nuevo marco obliga a los propietarios a contratar un seguro de responsabilidad civil y a inscribir el VMP en el Registro Nacional de Vehículos gestionado por la DGT. Esa inscripción es requisito previo para obtener la etiqueta identificativa que debe colocarse en el aparato.

Registro, seguros y control: la aplicación de la norma

En los primeros días del procedimiento de inscripción, la DGT apuntó a cifras diarias de alrededor de 1.500 patinetes registrados; dos meses después, la cifra había subido hasta unos 3.000 al día. La intención de Tráfico, según la memoria del análisis de impacto normativa del Real Decreto que regula los VMP, es alcanzar 225.000 inscripciones a lo largo de este año. No obstante, esa meta queda lejos frente a la estimación de más de 4 millones de VMP que circulan en las vías urbanas españolas.

El texto legal establece sanciones económicas claras: carecer del seguro obligatorio puede acarrear multas de entre 202 y 610 euros, y circular con un VMP sin seguro se sancionará con cuantías que van de 250 a 800 euros en función de si el vehículo se considera ligero o vehículo a motor (según peso y velocidad máxima). A todo ello se suma la exigencia del casco en ciertos supuestos y la necesidad de un número identificativo único anotado en el certificado de inscripción.

Para muchos usuarios y ayuntamientos, la puesta en marcha del registro y del seguro significa un antes y un después. Permitirá a las autoridades identificar a los titulares en accidentes y, en teoría, facilitará la reparación del daño. En la práctica, sin embargo, quedan por resolver aspectos operativos: cómo identificar modelos no certificados, quién asume las pólizas en vehículos compartidos y cómo coordinar inspecciones en una flota tan fragmentada.

Regulación municipal y realidades locales

Antes de la norma estatal, los concellos gallegos habían aplicado soluciones dispares. En Vigo, por ejemplo, el Ayuntamiento exigía el uso de ropa reflectante y prohibía la circulación por avenidas como la Gran Vía o Castelao; en A Coruña y Ferrol se han impuesto limitaciones más estrictas en parques y plazas; Ourense fijó un máximo de 10 km/h en espacios peatonales; y en Santiago y Pontevedra existen prohibiciones puntuales en zonas de especial valor patrimonial o en calles de plataforma única.

Esa heterogeneidad ha generado a menudo confusión entre usuarios, especialmente visitantes y quienes comparten VMP en distintas ciudades. La ley estatal uniforma mínimos, pero permite que cada localidad mantenga normas más restrictivas, una prerrogativa que los ayuntamientos gallegos parecen dispuestos a conservar. La cuestión clave ahora será la coordinación: aplicar controles efectivos sin estrangular la movilidad sostenible que muchos vecinos valoran para desplazamientos cortos.

También es relevante el capítulo de los incendios por baterías. Los dos episodios detectados en Galicia recuerdan la necesidad de controles técnicos: cargas domésticas inadecuadas, baterías de baja calidad o aparatos que superan la vida útil del acumulador multiplican el riesgo. Técnicos municipales y bomberos han insistido en advertir sobre el almacenamiento y la retirada segura de estos elementos.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

La obligación de asegurar e identificar los VMP plantea desafíos para la industria, las aseguradoras y los usuarios. Es probable que las primas suban en función del riesgo y que surjan productos aseguradores específicos para patinetes eléctricos. Al mismo tiempo, la necesidad de certificar los vehículos puede empujar al mercado a retirar modelos no conformes, con el efecto secundario de reducir la oferta de aparatos baratos y potencialmente menos seguros.

En el ámbito municipal, cabe esperar un refuerzo de la vigilancia en las zonas con mayor siniestralidad y campañas informativas para peatones y conductores. Las políticas de movilidad de ciudades como Vigo o Pontevedra, que llevan años apostando por peatonalizaciones y por limitar el tráfico en el centro, tendrán que equilibrar la protección del viandante con alternativas de desplazamiento que no penalicen a quienes usan el patinete para ir al trabajo o a la universidad.

Si bien la nueva normativa ofrece herramientas útiles para mejorar la trazabilidad y la reparación de daños, la reducción de accidentes dependerá también de medidas complementarias: controles de velocidad, limitadores electrónicos, mejora de la infraestructura ciclista y campañas educativas. En Galicia, donde la orografía y el tejido urbano son heterogéneos —desde calles empedradas en el casco histórico de Santiago hasta avenidas largas en Vigo—, esas soluciones deberán adaptarse a cada realidad.

El año 2026 será, por lo tanto, un examen para administraciones, empresas y usuarios. La foto de 2025 —con 40 accidentes, 7 heridos graves y 2 incendios en Galicia— marca el punto de partida. La pregunta que queda en el aire es si la combinación de registros, seguros y normas municipales será suficiente para llevar a la movilidad eléctrica urbana hacia una coexistencia más segura con peatones y el resto del tráfico.