La Consellería de Vivenda anuncia un aumento de las inspecciones sobre los pisos de promoción pública y protegidos con el objetivo de reducir morosidad, combatir el uso indebido y garantizar la rotación de viviendas. La medida se enmarca en el nuevo Pacto de Vivenda 2026-2030, que prevé reforzar tanto la oferta pública como los mecanismos de control y vigilancia durante los próximos años.
Qué persigue el incremento de controles
Según la administración autonómica, la doble función de la política de vivienda —facilitar el acceso a hogares a familias con menores recursos y gestionar de forma eficiente un patrimonio público en crecimiento— obliga a intensificar la labor inspectora. En la práctica, la Consellería advierte que es necesario «optimizar al máximo» el rendimiento del parque público y asegurar una «perfecta adaptación entre los requisitos de las personas adjudicatarias y el destino de las viviendas».
La directora del departamento responsable, María Martínez Allegue, y técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) señalan que hay dos problemas que justifican la actuación: el aumento de la morosidad en los alquileres y los usos fraudulentos de inmuebles protegidos. Para diciembre de 2024 la Xunta tenía pendiente de cobro cerca de 16,4 millones de euros correspondientes a inquilinos de viviendas gestionadas por el IGVS, una cifra que se ha incrementado en torno a un 16 por ciento respecto a 2023.
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Conoce más →La batería de medidas incluye inspecciones más frecuentes, revisión de expedientes y, cuando proceda, apertura de sanciones. Los inspectores tratarán de detectar casos en los que la vivienda no se usa como residencia habitual, se arrienda sin permiso, se subarrienda por encima del precio regulado o se vende antes de que expire el periodo de protección. Entre 2019 y 2025 la administración abrió un total de 195 expedientes sancionadores, una media cercana a tres al mes, según los datos que maneja la Consellería.
Antecedentes y cifras que explican la decisión
Hace apenas meses la Xunta planteó como objetivo alcanzar un parque de 10.000 viviendas públicas en alquiler para 2030, en respuesta a la creciente presión sobre los precios en ciudades como Vigo, A Coruña y Santiago y a la falta de oferta para alquiler asequible en áreas rurales con repoblación incipiente. La expansión del parque conlleva retos de gestión: la administración admite que controlar miles de inmuebles dispersos por la geografía gallega es “complejo”.
El nuevo Pacto 2026-2030 moviliza recursos significativos: cerca de 2.000 millones de euros en cinco años. Ese volumen de gasto incluye promoción pública, ayudas al alquiler y programas de apoyo social, entre ellos la revisión del Bono de Alugueiro Social, pensado para aliviar situaciones de emergencia en hogares con dificultades para pagar rentas. En el Observatorio de Vivenda —donde, junto al IGVS, participan representantes del sector— se ha recomendado reconfigurar ese bono para evitar la cronificación de la dependencia de ayudas y buscar su encaje con el Plan Estatal de Vivienda.
La historia reciente de Galicia en materia de vivienda muestra tensiones conocidas: en las grandes ciudades la demanda supera la oferta, mientras que en municipios costeros y del interior proliferan segundas residencias, lo que complica la rotación y el acceso para residentes permanentes. Además, la normativa autonómica sobre vivienda protegida contiene limitaciones y plazos que hacen necesarios controles administrativos para preservar el carácter social de determinados inmuebles.
Repercusiones locales y próximos pasos
La intensificación de inspecciones plantea varias preguntas prácticas. Por un lado, exige dotar al IGVS y a los servicios municipales de más recursos humanos y tecnológicos: identificar viviendas vacías, comprobar empadronamientos, contrastar contratos y seguir procesos sancionadores consume tiempo y personal especializado. Por otro, existe el riesgo de que medidas puramente sancionadoras penalicen a hogares en situación de vulnerabilidad si no se complementan con respuestas sociales y económicas prontas.
Fuentes cercanas a Ayuntamientos de la comunidad señalan que la coordinación entre administraciones será clave. Los expedientes abiertos por usos indebidos suelen requerir intercambio de información con registros locales, servicios sociales y, en ocasiones, actuación judicial. En localidades pequeñas, donde los casos son visibles —una casa cerrada en el casco histórico, un piso de promoción sin ocupante—, las inspecciones podrían devolver viviendas al mercado de alquiler con relativa rapidez. En capitales, en cambio, el volumen y la complejidad de los casos aconsejan un enfoque más selectivo y profesionalizado.
La otra cara de la moneda es la prevención: reforzar la tramitación de adjudicaciones, mejorar el seguimiento de convenios y ofrecer medidas de acompañamiento a familias en riesgo de perder su vivienda por impago. El propio diseño del Bono de Alugueiro Social, que la Xunta se plantea revisar, debe evitar que la ayuda sea un parche permanente y, simultáneamente, ofrecer alivio inmediato cuando la situación lo requiere.
En términos políticos, la decisión de intensificar controles recoge un discurso que gana terreno: la austeridad en la gestión del patrimonio público y la lucha contra el fraude figuran como banderas de buena administración. No obstante, la percepción ciudadana dependerá de los resultados tangibles: menos pisos vacíos, reducción de la deuda pendiente y, sobre todo, más hogares con alquileres asequibles y estabilidad residencial.
El siguiente paso será ver cómo se concreta el plan de inspecciones: qué criterios priorizarán los inspectores, qué plazos se marcarán para resolver expedientes y cómo se conciliará la fiscalización con las políticas de aumento de oferta prevista para la próxima década. Galicia ya ha vivido promesas similares, como el compromiso de entregar 4.000 viviendas públicas en 2026; ahora toca que la capacidad operativa responda a la ambición política y social.
Si bien la intención de garantizar el uso social del parque público es consensuada, la efectividad de la medida dependerá de que las inspecciones vayan acompañadas de más recursos, mejor coordinación con los ayuntamientos y un refuerzo de las políticas sociales que eviten que la sanción sea la única respuesta ante familias en apuros.
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