El control del tráfico en Santiago sigue bloqueado mientras Raxoi eleva el coste previsto del contrato

Raxoi mantiene desde hace un año y medio el servicio de control del tráfico mediante una orden de continuidad después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia paralizase la licitación en agosto de 2024. El Gobierno municipal rehízo los estudios económicos y ahora anuncia que el presupuesto deberá ajustarse al alza: la base de 3,5 millones de euros de 2024 podría acercarse, en caso de prórrogas y ajustes, a casi 6 millones. Mientras tanto, los trabajadores denuncian incumplimientos de la actual concesionaria y alertan sobre riesgos en la gestión de infraestructuras clave como el túnel de O Hórreo.

Un procedimiento atascado y un servicio en tierra de nadie

La paralización cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) tras varios recursos —dos presentados por la plantilla y otro por la propia empresa interesada— obligó al Concello a detener la licitación que había lanzado en julio de 2024. Aquella medida dejó en evidencia fallos formales en los pliegos que, según el tribunal, precisaban correcciones antes de continuar con el proceso.

La consecuencia inmediata fue la prórroga del contrato con la actual adjudicataria, que venció en diciembre pasado. Desde entonces el servicio se mantiene con una orden de continuidad aprobada por la Xunta de Goberno hasta el inicio del nuevo contrato, pero el procedimiento aún no tiene fecha clara de publicación. Fuentes municipales consultadas insisten en que se están revisando y «axustando» los pliegos para que los precios respondan a las condiciones actuales del mercado y eviten nuevos reparos técnicos.

El ajuste responde, según las mismas fuentes, a «variacións substanciais» en los costes de los materiales y equipos contemplados en la prestación del servicio. Ese incremento afectará al presupuesto inicial, que en 2024 se fijó en 3,5 millones de euros, y que ahora puede elevarse de forma significativa. La propia administración admite que la cifra final todavía no está cerrada, aunque niega que se trate de un sobrecoste desmesurado: «será pouco», aseguran, pero sin concretar plazos para la nueva licitación.

Reclamaciones internas y problemas operativos

El foco de la polémica ya no es solo administrativo. Desde 2020 la gestión del tráfico de la ciudad está en manos de la austriaca Kapsch TrafficCom Transportation, que ha sido expedientada en varias ocasiones por supuestos incumplimientos contractuales. La plantilla del servicio ha venido denunciando fallos reiterados: falta de jefe de mantenimiento durante largos periodos, personal que no cumple los requisitos del pliego y equipos esenciales fuera de servicio.

«No se entiende por qué se le dio esta continuidad, porque desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 no tuvieron jefe de mantenimiento; ese es un incumplimiento bastante importante»,

dijo a este diario uno de los trabajadores que solicita anonimato por temor a repercusiones. La misma fuente añadió que la empresa habría mantenido en plantilla a «tres personas que no cumplían los requisitos» exigidos, un extremo que, según los empleados, fue presentado en registros municipales en múltiples ocasiones sin que se adoptaran medidas contundentes.

Las quejas incluyen también cuestiones operativas que afectan a la seguridad y a la fluidez del tráfico. Señalan que el radar del túnel de O Hórreo estuvo varios meses en el servicio técnico sin ser recolocado y que algunos semáforos se apagaron durante semanas, como ocurrió en la rotonda de San Lázaro. En una ciudad con casco histórico peatonalizado y calles angostas, el control centralizado del tráfico y la correcta operativa de túneles y semáforos son piezas clave para evitar atascos y garantizar la seguridad de peatones y peregrinos.

Antecedentes y el papel de la contratación pública

Esta crisis no surge en el vacío. Santiago de Compostela ha venido reajustando en los últimos años su política de movilidad: limitaciones en el centro histórico, promoción de transporte público y medidas para la convivencia con el flujo constante de visitantes del Camino. Gestionar semáforos, radares, cámaras y el túnel de O Hórreo implica una combinación de mantenimiento técnico y de coordinación con la Policía Local que no tolera fallos prolongados.

La intervención del Tacgal puso sobre la mesa la necesidad de garantías jurídicas en los pliegos: no basta con convocar; hay que blindar la contratación ante recursos que puedan paralizar el servicio. Raxoi lo sabe y por eso ha decidido rehacer los estudios económicos y adaptar precios. El dilema es que ese ajuste, aunque justificable técnicamente, puede elevar la factura en un momento de contención del gasto público y de presión sobre los presupuestos municipales.

Además, el conflicto entre plantilla y adjudicataria añade una dimensión social y de responsabilidad: los empleados sostienen que han comunicado repetidamente las incidencias por registro y no han obtenido respuestas satisfactorias. Para los sindicatos y para técnicos del propio Concello, la fiabilidad del sistema de gestión del tráfico es tan importante como la transparencia en la adjudicación del nuevo contrato.

Repercusiones y próximos pasos

El retraso en adjudicar el contrato y la posible subida presupuestaria tendrá efectos prácticos. A corto plazo, mantener la orden de continuidad incrementa el riesgo de nuevas incidencias técnicas si la empresa no refuerza la plantilla y la supervisión. A medio plazo, un contrato más caro repercute en la partida de movilidad del Ayuntamiento, con menos margen para inversiones complementarias como señalización, carriles bici o mejoras en transporte público.

Raxoi asegura que su objetivo es publicar la licitación cuanto antes y evitar errores formales que vuelvan a paralizar el proceso. Asimismo, fuentes municipales indican que se trabajará para ajustar los plazos y que los nuevos pliegos incorporarán cláusulas que refuercen el control sobre el personal y los tiempos de respuesta ante averías. No obstante, la falta de fechas concretas mantiene la incertidumbre para los trabajadores y para la ciudadanía.

En una ciudad que compagina el tráfico diario de residentes con picos turísticos, no es trivial que el sistema de control y gestión del tráfico funcione con normalidad. La sombra de recursos y expedientes y la necesidad de subir el presupuesto plantean una cuestión política: ¿hasta qué punto la prisa por corregir errores en la contratación puede convertirse en aumento de costes que pague la ciudadanía? A falta de más datos, la respuesta depende ahora de la diligencia del Concello para cerrar los pliegos y de la capacidad del adjudicatario —sea Kapsch o una nueva firma— para garantizar un servicio eficaz y estable.

Para Santiago, ciudad de calles estrechas, peregrinos y administraciones históricas, el reto es técnico pero también de gobernanza: asegurar que el control del tráfico deje de ser un asunto enquistado y pase a ser una función fiable al servicio del día a día urbano.