Vieiros Unidade Galega de Transportistas ha mostrado este domingo su frustración con el contenido del Real Decreto-ley 7/2026, publicado en el BOE el 22 de marzo y en vigor desde el día siguiente. La organización sostiene que la combinación de una rebaja del IVA en los carburantes y la modificación del Impuesto de Hidrocarburos deja en desventaja a los profesionales del transporte por carretera frente a los usuarios particulares.
Medidas aprobadas y críticas de los transportistas
El Ejecutivo central ha apostado por una rebaja temporal del IVA del 21% al 10% en el precio de venta al público del combustible y por una reducción del Impuesto de Hidrocarburos que, en la práctica, implica una disminución de 4,9 céntimos por litro en el diésel profesional. Para los vehículos de más de 7,5 toneladas se establece una bonificación fiscal de 20 céntimos por litro hasta el 30 de junio, mientras que los transportistas de menor tonelaje recibirán ayudas directas de 665 euros (entre 3,5 y 7,5 toneladas) y 450 euros (los más ligeros).
La queja central de Vieiros es que la rebaja del IVA reduce el precio en surtidor para todo el mundo, con un efecto muy visible en los coches privados, pero que para las empresas de transporte el IVA es normalmente neutro: pueden deducirlo y, según la organización, la medida “no supone ninguna ventaja más allá de no tener que adelantarlo a Hacienda” para quienes operan con facturas y contabilidades al día.
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Conoce más →Además, la derogación del margen del llamado gasóleo profesional —esa diferencia que durante años permitió a ciertas estaciones ofrecer combustible a precio menor a flotas y autónomos— deja al sector sin un instrumento de alivio que, sostienen los transportistas, sí estaba operativo durante la crisis del 2022/23. “Las medidas son, en conjunto, decepcionantes y en cierta medida perjudiciales”, declararon desde la asociación, que advierte de que la cláusula de indexación del combustible queda “totalmente desvirtuada” y prácticamente inaplicable para repercutir subidas a los clientes.
Antecedentes y contexto gallego
En Galicia el transporte por carretera tiene un papel central: las mercancías que salen y entran por los puertos de Vigo y A Coruña, así como las rutas entre las comarcas agrícolas del interior y los mercados costeros, dependen de una amplia red de pequeñas empresas y autónomos. Durante la guerra de Ucrania, en 2022 y 2023, el sector recibió ayudas más generosas que, según los afectados, estaban mejor orientadas al profesional y a la reducción de costes operativos.
La petición de un incremento del índice de la cláusula de indexación del combustible en diez puntos porcentuales —que la asociación planteó al Gobierno— no fue atendida. En Galicia, donde muchos contratos son de puerta a puerta y los márgenes de beneficio ya son estrechos, la imposibilidad de trasladar el encarecimiento del carburante a la tarifa final puede convertir la diferencia en pérdidas netas. Para pequeñas flotas de la provincia de Lugo o autónomos que cubren la red secundaria, los 665 o 450 euros anunciados suponen un alivio puntual pero insuficiente si se compara con los niveles de gasto actuales.
También preocupa la condición incluida en el decreto: para mantener las ayudas, las empresas no podrán despedir a ningún trabajador entre el 22 de marzo y el 30 de junio. Fuentes del sector interpretan esta cláusula como una coartada que añade presión sobre compañías que ya ven reducida su liquidez; la consecuencia lógica, advierten, puede ser el cierre temporal de líneas o la pérdida de contratos ante la incapacidad de ajustar plantillas.
Repercusiones y próximos pasos
La patronal gallega ha dejado claro que, si el Gobierno no corrige la orientación de las medidas «de modo inmediato antes de que acabe marzo», el sector iniciará una paralización de la actividad y movilizaciones a nivel estatal. No es la primera vez que el transporte amenaza con huelgas: en los últimos años las protestas de camioneros y autónomos han logrado forzar cambios, pero también han mostrado la fragilidad de un tejido empresarial extremadamente atomizado.
El debate pone en evidencia dos tensiones políticas y económicas. Por un lado, la decisión de priorizar una bajada del PVP del combustible tiene un efecto electoral claro: el conductor a pie de surtidor ve de inmediato una rebaja en su factura. Por otro, quienes facturan y declaran IVA en su contabilidad no perciben ese alivio de la misma forma; para ellos, medidas más directas y específicas —como la bonificación adicional por profesionalidad, o la ampliación y focalización del gasóleo bonificado— resultan más eficaces.
En Galicia, los alcaldes de municipios con importante actividad logística y las patronales del sector observan con inquietud el calendario: abril y mayo son meses de contratación agrícola y de mayor movimiento en las rutas hacia los puertos, y cualquier interrupción podría encarecer suministros y retrasar exportaciones de productos como el pescado o la fruta. Si la movilización llega a materializarse, los efectos no se limitarían a carreteras: afectarían a la cadena alimentaria y a la competitividad de pequeñas industrias locales.
El Ejecutivo tiene por delante la encrucijada de mantener una medida de impacto visible para la ciudadanía y, al mismo tiempo, calmar a un sector esencial. Una posible salida sería complementar la rebaja del IVA con compensaciones directas más altas para autónomos y pequeñas flotas, o habilitar mecanismos temporales de financiación que permitan mantener actividad sin recurrir a despidos. En las próximas jornadas, los representantes gallegos del sector y el Gobierno central deberán negociar con el reloj en la mano; la amenaza de paralización marca el límite temporal y, como recordaron los transportistas, la paciencia del sector no es infinita.
Sea cual fuere la decisión final, la polémica recuerda que en Galicia el transporte no es solo una cuestión económica: es una columna vertebral de la vida cotidiana y productiva. No basta con bajar la gasolina en la bomba si quienes mueven la economía regional quedan fuera del alivio real; y mientras eso no se reconozca, la tensión entre medidas visibles y soluciones eficaces seguirá alimentando conflictos a pie de carretera.
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