Plaza da Constitución, corazón histórico del Casco Vello de Vigo, vuelve a ser escenario de tensiones entre residentes y hosteleros. En días de sol—como el domingo o el festivo de la pasada semana—más de una decena de establecimientos colocan mobiliario hasta colmar el espacio: 240 sillas y 60 mesas, según el recuento vecinal, lo que se traduce en alrededor de 300 elementos ocupando lo que muchos consideran un paseo peatonal.
Las cifras y la protesta
La imagen de terrazas que irrumpen en las plazas históricas no es nueva en Vigo, pero los vecinos del Casco Vello aseguran que la situación ha empeorado. El portavoz de la Asociación de Vecinos, Fiz Axeitos, denuncia que en ciertos días «es un desmadre» y subraya la competencia entre locales como motor de la escalada en cantidad de mesas y sillas. «Lo que prevalece ahora mismo es la ley del más fuerte», dice, y remata que quien pone cincuenta sillas al lado atrae clientela y obliga al vecino a convivir con menos espacio público.
Quien nació y ha vivido siempre en el barrio, José Manuel Tobío, ha presentado varios escritos al Concello porque entiende que la ocupación no solo es molesta: es excluyente. Explica que prácticamente no quedan bancos públicos donde sentarse y que el mobiliario hostelero, muchas veces, permanece en la calle fuera del horario de apertura: «están las 24 horas en la vía pública», lamenta. Para Tobío, la Plaza se ha convertido en algo así como una gincana: «Se parece ya más a una carrera de obstáculos que a un espacio peatonal».
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Conoce más →Los vecinos no niegan la importancia de la hostelería para la vida del barrio; de hecho, insisten en que no están en contra de las terrazas. Lo que reclaman es orden y proporcionalidad: que no se convierta el suelo público en una prolongación permanente de los locales y que haya control por parte de la Policía Local para garantizar la movilidad, especialmente para personas con movilidad reducida y padres con carritos.
«Si un bar pone cincuenta sillas, la competencia quiere poner las mismas o más para no quedarse atrás y atraer a cuantos más clientes mejor» — Fiz Axeitos.
Además de la sensación de invasión del espacio, salen a la luz irregularidades administrativas. Vecinos relatan que en algunas calles, como Montero Ríos, hay locales con licencias caducadas que según ellos no han renovado, lo que añade otro motivo de queja y alimenta la exigencia de mayor inspección por parte del Concello.
Privatización del espacio público y antecedentes
El choque entre el derecho de los negocios a sacar sus mesas a la calle y la preservación del espacio común no es exclusivo de Vigo; sin embargo, aquí tiene una intensidad particular por la configuración del Casco Vello: calles estrechas, plazas pequeñas y un tejido residencial muy denso. Cabe recordar que medidas adoptadas durante y tras la pandemia facilitaron la ampliación de terrazas para sostener la hostelería y que en muchos municipios se aplicó la denominada «tasa cero» para aliviar costes, una circunstancia que según los vecinos ha alentado ocupaciones permanentes.
En 2022 el Concello ya tomó medidas puntuales en otras plazas céntricas para ordenar las terrazas. Aquella experiencia dejó patente que sin una regulación clara y vigilancia sostenida los problemas reaparecen. En el casco histórico vigues se añade además la presión turística y la afluencia de visitantes en fines de semana y festivos, lo que multiplica el efecto visual y práctico de la ocupación del espacio público.
Las reclamaciones vecinales combinan dos lecturas: una práctica —la dificultad para transitar, sentarse o acceder a portales— y otra simbólica, la sensación de que el barrio pierde parte de su carácter residencial y comunitario. Para algunos, pedir que las terrazas paguen por el uso del suelo o incluso por el IBI del mobiliario es una manera de visibilizar esa privación del bien común.
Repercusiones y pasos por delante
El conflicto no va a resolverse sin diálogo y sin intervención municipal. Los vecinos piden más controles de la Policía Local y la revisión de licencias caducadas; los hosteleros, por su parte, necesitan seguridad jurídica y un marco estable que permita planificar la actividad. A falta de confirmación oficial sobre actuaciones concretas, la llave está en la ordenanza municipal: delimitar aforos en espacio público, fijar horarios de desmontaje, establecer cobros proporcionales y sanciones disuasorias.
También hay soluciones de convivencia que rara vez aparecen en titulares pero que funcionan: trazar pasillos peatonales accesibles, reservar franjas de bancos públicos, y fijar un mapa de ocupación con números máximos por establecimiento en plazas pequeñas. No es la primera vez que en Vigo se discute esta ecuación entre dinamismo económico y derecho al espacio público; la experiencia muestra que las medidas puntuales sin continuidad de vigilancia acaban por perder eficacia.
En la práctica, la decisión municipal deberá sopesar intereses contrapuestos: los puestos de trabajo y la actividad económica que genera la hostelería frente a la calidad de vida de los residentes y la accesibilidad universal. El reto es encontrar fórmulas que permitan a los bares y restaurantes prosperar sin que la ciudad pierda sus espacios de convivencia.
Los vecinos han anunciado que seguirán presentando escritos y registrando incidencias. Entre tanto, algunos residentes empiezan a plantear campañas para recuperar asientos públicos y visibilizar la convivencia posible. En cualquier caso, la próxima temporada de terrazas será una prueba de fuego: o el Concello actúa con normas claras y aplicación continuada, o el Casco Vello seguirá viendo cómo las plazas emblemáticas se transforman por días en un mosaico de mesas y sillas que no deja respirar al barrio.
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