El laberinto judicial que amenaza con devolver a Vigo a la incertidumbre por el «octavo» juez

Vigo vuelve a mirar con nerviosismo a su planta judicial. Lo que en la práctica se mantenía como la figura del octavo instructor —tras la supresión formal del Juzgado de Instrucción número 8— entra en riesgo tras la inminente marcha de una jueza en el último concurso de traslados. La promesa del Gobierno de recuperar la plaza mediante un Real Decreto publicado en enero aún no se ha concretado y la ciudad teme que se diluya otro triunfo de la movilización profesional y política local.

Cómo se ha llegado hasta aquí: hechos y el enredo administrativo

La decisión que encendió la alarma se remonta a la primavera de 2025, cuando se anunció la transformación del antiguo Juzgado de Instrucción número 8 en un segundo órgano de Violencia sobre la Mujer. La reacción fue inmediata: magistrados y personal judicial convocaron concentraciones frente a la Ciudad de la Justicia, asociaciones profesionales emitieron comunicados y el alcalde Abel Caballero mostró su rechazo público. La polémica finalizó temporalmente cuando el Ministerio de Justicia comunicó que repondría la plaza.

El 26 de enero de este año el Ministerio hizo público un proyecto de Real Decreto que contemplaba la creación de 500 nuevas unidades judiciales para la programación de 2026 y en ese listado figuraba, nuevamente, la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo. Sin embargo, desde entonces apenas ha habido noticias sobre la tramitación definitiva del decreto, una ausencia de novedades que ha alimentado la inquietud entre jueces y abogados de la ciudad.

Mientras tanto, la solución práctica que evitó el colapso del servicio fue un apaño institucional: a propuesta de los magistrados y con el aval del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el titular del suprimido juzgado quedó adscrito al Tribunal de Instancia y pasó a ejercer como una especie de juez de refuerzo. Esa fórmula permitió mantener las guardias semanales y el reparto ordinario de asuntos como si nada hubiese cambiado, pero no resolvió la inseguridad jurídica sobre la continuidad de la plaza.

Antecedentes y la batalla colectiva en Vigo

La existencia de ese “refuerzo” no fue fruto del azar sino de la presión sostenida: los jueces instructores llegaron a suscribir un manifiesto conjunto en el que se confesaban “hartos y abandonados”, responsabilizando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las autoridades competentes de una falta de defensa de la plantilla judicial de Vigo. Aquellas protestas incluyeron concentraciones y el llamado a la unidad de los colectivos profesionales que en la práctica consiguieron que la promesa del ministerio no quedase en un simple anuncio.

Para la ciudadanía y los profesionales, perder la octava plaza supondría más que un número: significaría menos capacidad para resolver diligencias urgentes, aumento de cargas de trabajo para los restantes instructores y, en casos concretos, retrasos procesales que afectan directamente a víctimas y a la calidad de la administración de justicia. La memoria local aún conserva el recuerdo de los días tensos de 2025, con largas colas en los pasillos del Palacio de Justicia y la sensación de que Vigo no era una prioridad a la hora de distribuir recursos.

En ese sentido, la intervención del Ayuntamiento y las gestiones de cargos judiciales de la ciudad jugaron un papel decisivo para que el borrador del Real Decreto incluyera la plaza. No obstante, la letra pequeña del procedimiento administrativo obliga ahora a vigilar plazos y movimientos inminentes: la designación de jueces por concurso de traslados y la aprobación por órganos superiores pueden trastocar lo que hasta ahora ha funcionado de hecho.

El riesgo concreto: traslados, vacantes y el futuro inmediato

La alarma saltó esta semana cuando trascendió que la titular de la plaza número 7 aceptó una plaza fuera de Galicia en el último concurso de traslados. La decisión, aún provisional hasta su ratificación por el Pleno del Poder Judicial, se considera casi hecha y su publicación en el BOE abrirá el plazo para que la magistrada cese en Vigo en un plazo máximo de dos o tres meses.

El presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, Germán Serrano, ha confirmado que, cuando se produzca ese cese, el magistrado que hasta ahora ejerce como refuerzo —el antiguo titular del juzgado número 8— estaría llamado a ocupar la plaza vacante. El efecto práctico es claro: si ese cambio administrativo se ejecuta sin medidas complementarias, la adscripción que ha mantenido la octava jurisdicción en funcionamiento quedaría anulada y la ciudad volvería a perder, de facto, un componente esencial de su Sección de Instrucción.

“La plaza no existe a efectos formales, pero sí en la práctica”

La frase, ampliamente repetida entre operadores jurídicos en Vigo, resume la contradicción del momento. Hasta que el Real Decreto se apruebe formalmente y se publique en el BOE, la seguridad de que la octava unidad quede restablecida depende de decisiones puntuales que pueden virar en cuestión de semanas.

Ante este panorama, los colectivos judiciales ya están recuperando la movilización y piden medidas de garantía por escrito. Fuentes cercanas a algunos magistrados apuntan que se reclamarán soluciones transitorias —como la adscripción temporal de refuerzos procedentes de otras jurisdicciones o acuerdos internos que blinden la permanencia de funciones— y que, si no las hay, habrá nuevas movilizaciones ciudadanas y profesionales.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio y del propio Poder Judicial. A la espera de la formalización del Real Decreto y de la ratificación del traslado que deja vacante la plaza 7, Vigo afronta semanas decisivas. Si la ciudad logró en 2025 que la reivindicación colectiva se tradujera en una promesa oficial, ahora la prueba será convertir esa promesa en una realidad administrativa que no dependa sólo de las urgencias del momento.

El desenlace marcará no sólo el mapa de plazas en Vigo, sino la confianza de los operadores jurídicos en la capacidad de las instituciones para responder a problemas estructurales. Mientras tanto, la ciudadanía y los profesionales seguirán pendientes, otra vez, de la publicación en el BOE y de los movimientos del Pleno del Poder Judicial que diriman el destino del llamado octavo juez.